El arbitraje impulsado por los accionistas de Montecon contra Uruguay se volvió a frenar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El retraso se produjo esta vez por la recusación de la parte demandante al árbitro designado por el gobierno.
La chilena Neltume Ports (accionista mayoritaria de Montecon) inició hace dos años un proceso arbitral contra el gobierno por el contrato firmado con Katoen Natie que extendió la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo. El argumento fue que la decisión violaba el Acuerdo de Promoción de Inversiones entre Uruguay y Chile. La demanda presentada en el Ciadi (Banco Mundial) asciende a US$ 600 millones.
Tras varias idas y vueltas se había dispuesto el comienzo del juicio internacional para el viernes 29 de mayo. Pero el miércoles 27, la defensa jurídica de Neltume Ports (el estudio chileno Vial y Cía) presentó formalmente una propuesta de recusación contra la italiana Loretta Malintoppi, árbitro designada por el gobierno uruguayo.
El origen de la recusación fue una comunicación de Malintoppi al Ciadi a principios de mayo. Allí expuso que en julio de 2025 había sido elegida por la firma jurídica internacional Arnold & Porter como árbitro para un juicio comercial de Perú. Pero el estudio (Arnold & Porter) es el que defiende a Uruguay en el arbitraje iniciado por Neltume Ports y eso motivó la recusación, fundada en una pérdida de confianza en Malintoppi para actuar como árbitro en el caso.
La defensa de Neltume Ports apuntó que Arnold & Porter es reconocido por defender gobiernos, algo que también distingue a Malintoppi cuando es designada como árbitro.
Con ese y otros argumentos expuso que la italiana carece de la independencia o imparcialidad requerida para resolver el arbitraje y por tanto presentó la propuesta de recusación.
Montecon en el puerto de Montevideo
Diego Battiste
Para hacerlo recurrió a las reglas de arbitraje del Ciadi que tienen un capítulo sobre la recusación de árbitros. El documento indica que la propuesta para invalidar a un árbitro debe incluir las causales en lo que se funda, argumentos y documentación de respaldo.
A su vez, el demandado debe emitir su respuesta y argumentos dentro de los 21 días siguientes a la recepción del pedido del demandante. Las reglas del organismo explican que el proceso se suspende desde la presentación de la recusación hasta que se emita una decisión, salvo que las partes acuerden continuar con el juicio.
Según consta en el Ciadi, el gobierno uruguayo presentó observaciones sobre el planteo de inhabilitación el 17 de junio.
El recorrido del arbitraje
Tras la presentación formal del arbitraje en 2024, el año pasado se conformó el tribunal. A mitad de 2025 el grupo chileno y el gobierno alcanzaron un acuerdo para suspender el litigio de manera transitoria y abrir un período de negociación por 180 días. Ese plazo venció el 12 de enero de este año, pero cuando llegó esa fecha, Neltume Ports solicitó una extensión de la suspensión por 90 días más, que fue aceptada por la representación uruguaya.
Esa nueva ventana culminó el 13 de abril y nuevamente sobre el plazo de expiración la compañía solicitó otra prórroga. Pero esta vez la respuesta de Uruguay fue diferente: el Poder Ejecutivo comunicó al Ciadi que no aceptaba el pedido y que tenía la intención de continuar con el arbitraje. Tras esa decisión se fijó la primera audiencia para el 29 de mayo. Pero todo se volvió a frenar por la recusación de Neltume Ports a Malintoppi.
