La firma sostuvo que modificaciones planteadas en el Diálogo Social podrían afectar la estabilidad institucional, la calificación crediticia y el spread soberano
Tras la divulgación del documento final del Diálogo Social sobre la Seguridad Social, el gobierno comenzó una fase de evaluación técnica sobre la implementación de diversas iniciativas.
Según un análisis de la firma CPA Ferrere realizado para clientes, este proceso genera una tensión evidente entre el impulso de nuevas políticas sociales y la necesidad de evitar un deterioro en las condiciones macroeconómicas y fiscales del país.
Uno de los puntos centrales que el gobierno ya confirmó es la inclusión de iniciativas de combate a la pobreza y protección de la infancia en el próximo Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, que debe presentarse antes del 30 de junio de este año. Esto implicará un aumento del gasto estructural que comenzará a ejecutarse a partir de 2027.
El documento del Diálogo Social propone simplificar y unificar el esquema de prestaciones para evitar duplicaciones ineficientes, además de aumentar los recursos destinados a hogares según sus ingresos y reforzar las transferencias para mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años.
CPA Ferrere da cuenta que, hasta la fecha, no se conocen las estimaciones del costo de estos programas ni su mecanismo de financiamiento, lo que suma presión a un escenario fiscal que ya presenta fragilidades y riesgos de incumplimiento de metas para 2026 debido a un crecimiento del PIB menor al esperado.
Otro de los capítulos sensibles es la propuesta de crear una causal de retiro anticipado a los 60 años, modificando la edad normal de 65 años establecida en la reforma de 2023. La propuesta busca garantizar que los trabajadores de menores ingresos reciban una jubilación no inferior a la vigente antes de la Ley 20.130 mediante un suplemento solidario, mientras que para el resto de la población se aplicarían incentivos vía tasa de reemplazo para extender la vida laboral.
El gobierno adelantó que evaluará estos cambios en base a tasas de reemplazo actuarialmente equilibradas, de manera que la creación de la causal de retiro anticipado no afecte la sostenibilidad financiera del sistema. Hasta el momento, aún no se han publicado los estudios actuariales que sustenten la neutralidad fiscal de estas modificaciones en la edad de retiro a largo plazo, dice el trabajo.
El Diálogo Social también recomendó cambios en el diseño del régimen de ahorro individual. Concretamente, se propone centralizar la gestión de las cuentas de los afiliados en un organismo público, quitando esta función de la órbita de las AFAP, que se limitarían a la gestión de inversiones en un marco de mayor competencia mediante licitación de fondos.
Aunque el gobierno reconoce la existencia de posibles fallos de mercado, entiende que las ganancias de eficiencia derivadas de estos cambios podrían tener un impacto apenas marginal en las comisiones, en la rentabilidad de los fondos y en las jubilaciones del pilar de capitalización.
Para CPA Ferrere, “una reversión del spread del orden de 50 puntos básicos —a niveles previos a la aprobación de la Ley 20.130— implicaría un aumento del servicio de deuda del GC-BPS de unos US$ 270 millones anuales a largo plazo” y requeriría, además, un mayor superávit primario para estabilizar la deuda del GC-BPS, restringiendo el espacio para incrementar el gasto público social.
“La decisión que adopte el gobierno sobre la causal de retiro anticipado, sus fundamentos y la comunicación de esta decisión serán claves para mitigar este riesgo”, agrega el informe.
El rediseño del régimen previsional implica también riesgos institucionales. Además de cumplir un rol central como inversores de los fondos de ahorro previsional, las AFAP tienen una participación relevante en el mercado internacional de deuda soberana, actuando como contraparte de los inversores internacionales que operan con títulos uruguayos en emisiones externas.
En este sentido, el informe señala que un eventual cambio en la estructura del sistema previsional que afecte el funcionamiento del mercado de AFAP “podría generar incertidumbre en los mercados internacionales de deuda, con posibles impactos sobre el spread soberano y la liquidez de los títulos uruguayos”.
Por ello, sostiene el informe, las decisiones que adopte el gobierno en esta materia deberán contemplar, por un lado, los riesgos asociados a la percepción de estabilidad institucional y sostenibilidad del pilar de capitalización de largo plazo y, por otro, las potenciales mejoras que una reforma podría generar en términos de competencia, eficiencia y rentabilidad para los afiliados.
“El espacio de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y las AFAP constituye una señal positiva para el mercado. Los insumos que surjan de este ámbito serán relevantes para orientar las decisiones que eventualmente adopte el gobierno respecto de modificaciones en el régimen previsional”, concluye el informe.
