El director de la Dirección General Impositiva (DGI), Gustavo González, confirmó que el organismo avanzará este año en la generalización de las declaraciones de impuestos con información precargada, una iniciativa que ya había adelantado en 2025.
Ahora, en declaraciones al programa Quién es Quién de Diamante FM y Canal 5, el jerarca señaló que se busca combinar la facilitación del cumplimiento tributario con mecanismos de control que operen durante el proceso de declaración y no únicamente de forma posterior. "Estamos trabajando en no solo facilitar el cumplimiento, sino también que el proceso de control se dé en el momento en el que el contribuyente toma las decisiones", afirmó.
Y explicó que la DGI busca profundizar el uso de propuestas de declaraciones juradas confeccionadas por el propio organismo. "Lo que estamos procurando ahora es que las propuestas de declaraciones de impuestos sea la única vía de entrada para presentar una declaración", sostuvo.
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Implementación gradual para contribuyentes No Cede
Según anunció, el cambio comenzará a aplicarse gradualmente desde octubre para los contribuyentes No Cede, es decir, pequeñas y medianas empresas comprendidas en el régimen general, y abarcará las declaraciones anuales de IVA.
La declaración estará disponible inicialmente para los contribuyentes con cierre de balance en julio y agosto y luego para quienes cierren en setiembre. Cada uno de esos grupos comprende aproximadamente 1.500 contribuyentes.
El proceso continuará ampliándose de forma gradual hasta alcanzar a los contribuyentes con cierre de balance en diciembre, el grupo más numeroso dentro de los No Cede, integrado por unos 75.000 contribuyentes. Para ellos, la declaración estará disponible a partir del 1° de febrero de 2027.
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Un semáforo para medir el nivel de discrepancia
El director de la DGI explicó que el acto de presentar la declaración consistirá en validar la propuesta elaborada por el fisco, aunque aclaró que los contribuyentes podrán modificarla. "Los impuestos son de autodeclaración, la propuesta nuestra tiene que ser 100% modificable", señaló.
La idea es que el contribuyente reciba una propuesta de declaración elaborada a partir de la información disponible para el organismo y que sea sobre esa base que realice la presentación. Si no está de acuerdo con algún dato, podrá modificarlo antes de validar la declaración. Cuando se introduzcan cambios, el sistema devolverá una respuesta inmediata sobre el nivel de coincidencia entre la declaración presentada y la propuesta oficial.
Esa devolución estará parametrizada mediante un sistema de colores similar a un semáforo. El color verde reflejará un alto grado de concordancia entre la declaración presentada y la propuesta de la DGI, mientras que el amarillo y el rojo señalarán diferencias crecientes.
El jerarca aclaró que los contribuyentes podrán igualmente presentar declaraciones que se aparten completamente de la propuesta del organismo. Sin embargo, explicó que los casos con mayores discrepancias podrán dar lugar a instancias posteriores de interacción entre la DGI y el contribuyente para analizar los motivos de esas diferencias y eventualmente solicitar información adicional.
Esas interacciones podrán realizarse de forma remota o presencial y variarán según las características del caso, el nivel de discrepancia detectado y la información que la DGI considere necesario recabar. González señaló que una fiscalización podría llegar a producirse en situaciones donde las diferencias no logren justificarse o cuando exista una actitud poco colaborativa por parte del contribuyente, aunque remarcó que ese no es el resultado predeterminado del proceso.
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Facturación electrónica, análisis de riesgo y control tributario
El titular del organismo también explicó que las propuestas de declaración de IVA se elaborarán principalmente a partir de la información de facturación electrónica, que permite a la DGI conocer las ventas y compras de los contribuyentes, así como datos aportados por otros informantes, entre ellos las administradoras de tarjetas de crédito.
No obstante, indicó que el sistema también incorporará información proveniente de análisis de riesgo realizados por DGI. En ese sentido, el jerarca sostuvo que cuando la DGI considere que existen indicios de ventas no documentadas, la propuesta podrá incluir montos superiores a los que surgen exclusivamente de la facturación electrónica. Asimismo, señaló que el organismo podrá cuestionar determinados créditos fiscales asociados a compras que entienda que no corresponden a la actividad empresarial o que podrían tener un uso personal.
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Un cambio basado en más información disponible
La iniciativa había sido adelantada por González en 2025. Por ese entonces había señalado que el nuevo esquema no modificaba el principio de autoliquidación previsto en el Código Tributario.
Y sostuvo que las normas sobre autoliquidación fueron concebidas en un contexto en el que las administraciones tributarias no contaban con el volumen de información que poseen actualmente ni con la capacidad de procesarla a bajo costo.
A su juicio, los avances tecnológicos permiten hoy poner esa información a disposición de los contribuyentes, reduciendo costos de cumplimiento y tiempo de gestión, al tiempo que facilitan orientar los controles hacia los casos que se aparten de los parámetros esperados por la administración tributaria.
