La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, adelantó que el gobierno analizará con "extrema seriedad y rigurosidad" la propuesta que presentó Neltume Ports —accionista mayoritaria de Montecon— para construir una segunda terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, donde ya opera Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuya gestión mayoritaria está en manos de Katoen Natie.
"El gobierno no va a tomar decisiones sobre la base de presiones. Tenemos una responsabilidad que es con el país. El puerto es un activo del país y, por lo tanto, vamos a tomar las decisiones que sean mejores para el país", dijo este miércoles la ministra al ser entrevistada por La mañana de La Diaria.
Etcheverry señaló que hay aspectos comerciales, pero también de infraestructura, de operativa y jurídicos.
Neltume defiende su proyecto y aduce que está dentro de la normativa jurídica vigente, basándose en una sentencia de diciembre de 2025 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anuló una cláusula del régimen de gestión de Terminal Cuenca del Plata, que establecía restricciones para conceder la explotación de otras terminales especializadas en contenedores.
“Con esa disposición anulada, el Estado ya no se encuentra sujeto a dicha limitación para otorgar nuevas concesiones”, sostuvo Neltume Ports en un comunicado reciente.
La ministra de Transporte, sin embargo, optó por la cautela.
Subrayó que hay "interpretaciones" que deberán ser "analizadas con muchísima seriedad".
Una vez que se conoció la iniciativa de Neltume, Katoen Natie señaló que de concretarse supondría un cambio en las reglas de juego. "Uruguay dijo que respeta los contratos firmados; esperemos que así sea", dijo a El Observador días atrás Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie. Y advirtió que, en caso de prosperar la terminal de Neltume Ports, la empresa podría avanzar en un arbitraje internacional.
"Asistimos, en términos públicos, a declaraciones de una y otra empresa respecto a esta situación", describió Etcheverry.
Consultada específicamente por las declaraciones de Correa, Etcheverry apuntó que cada empresa tiene su "interpretación jurídica".
"A eso me refería con que nosotros vamos a trabajar con rigurosidad, como corresponde a la responsabilidad de gobernar. Y sobre la base de eso tomaremos las decisiones convenientes para el país, ajustadas a derecho, que respeten la seguridad jurídica. Mientras tanto, cada una de las empresas tendrá su posición. Nosotros vamos a ir por lo que efectivamente entendamos que es lo que corresponde al país, en términos jurídicos y económicos", aclaró.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue consultado sobre este tema el martes y, en rueda de prensa, advirtió que hay un contrato firmado con TCP que debe ser evaluado.
"Hay un contrato firmado por el Estado uruguayo con la terminal de contenedores y eso tiene una naturaleza jurídica que tiene que ser evaluada", sostuvo.
Dijo también que había que "evaluar la factibilidad jurídica de que la iniciativa tenga lugar". "Por ahora, tenemos un contrato que establece un reglamento de atraque y que limita la posibilidad de que exista una terminal de contenedores adicional", añadió.
