La fórmula acordada prevé once tramos de ajustes salariales, un crecimiento real cercano al 10% en cinco años y una reducción progresiva de la jornada laboral
Las negociaciones entre empresarios y trabajadores de la industria de la construcción para la renovación del convenio colectivo tienen encaminado un nuevo acuerdo.
La fórmula plantea un convenio a 60 meses, desde el 1° de abril de 2026 al 31 de marzo de 2031, un plazo más extenso que el habitual en la negociación colectiva uruguaya, donde los convenios suelen tener una duración de entre dos y tres años.
El nuevo preacuerdo establece una estructura de incrementos distribuida en once tramos durante los cinco años de vigencia, que combina fórmulas que integran inflación futura, componentes fijos de crecimiento real y correctivos anuales por IPC.
Además, el esquema vincula los aumentos reales con el proceso de reducción de la jornada laboral, de modo que las distintas etapas de disminución de horas estén acompañadas por incrementos salariales por encima de la inflación.
El preacuerdo se ubica lejos de los lineamientos originales planteados por el gobierno, y que el Sunca había rechazado de plano en varias oportunidades.
Empresarios y trabajadores tienen valoraciones distintas sobre el resultado: mientras los primeros lo califican como "la solución menos mala" y sostienen que el impacto no es "desmedido", el Sunca lo define como un resultado "altamente positivo".
El acuerdo comienza con un incremento de 5,17% retroactivo a abril de 2026, correspondiente a la inflación esperada por las partes para los siguientes 12 meses.
El segundo ajuste anual, previsto para abril de 2027, contempla un 5,17% por inflación proyectada más un correctivo que se aplicará en caso de ser necesario si la inflación registrada entre abril de 2026 y marzo de 2027 supera lo estimado.
En agosto de 2027 se aplicará un aumento real de 1,82%, que coincide con la primera etapa de reducción de la jornada laboral, cuando la semana de trabajo pasará de 44 a 43 horas.
En abril de 2028 habrá un nuevo ajuste anual equivalente a la meta de inflación proyectada por el Comité de Coordinación Macroeconómica (MEF-BCU) para el período abril de 2028 a marzo de 2029, más un 0,70%, además de un correctivo por inflación pasada si corresponde.
En mayo de 2028 se aplicará un aumento real de 1,87%, en el marco de la segunda etapa prevista en el cronograma de reducción de la jornada laboral.
En abril de 2029 habrá otro ajuste anual que estará compuesto por la inflación proyectada por el MEF y el BCU para el período abril de 2029 a marzo de 2030, más un 0,70%, con un correctivo por inflación si corresponde.
En mayo de 2029 se aplicará un aumento real de 1,93%, mientras que en enero de 2030 corresponderá un incremento real de 1,99%, en línea con el cronograma de reducción de jornada previsto en el convenio.
En abril de 2030 se realizará el último ajuste anual, compuesto por la meta de inflación proyectada por el gobierno para el período abril de 2030 a marzo de 2031, más un 0,70%, con el correspondiente correctivo por inflación en caso de ser necesario.
Para garantizar el poder de compra de los trabajadores, el esquema se completa con dos cláusulas de blindaje, previstas para marzo de 2030 y abril de 2031. Estas establecen pisos mínimos de salario real y obligan a aplicar ajustes adicionales en las remuneraciones nominales si los ingresos quedan por debajo de esos valores al cierre de los respectivos ciclos.
El crecimiento real previsto al cabo de los cinco años del acuerdo rondará el 10%.
La reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas se implementará de manera gradual durante la vigencia del convenio. El régimen permitirá que las empresas opten por uno de dos sistemas para aplicar la disminución del tiempo de trabajo semanal: reducir una hora diaria de jueves a lunes, de acuerdo con un cronograma preestablecido, o reducir progresivamente hasta cuatro horas de la jornada del viernes.
La primera etapa comenzará el 30 de agosto de 2027, cuando la jornada semanal pasará de 44 a 43 horas. En esta instancia, la distribución podrá realizarse, por ejemplo, con jornadas de nueve horas de lunes a jueves y siete horas el viernes, o con jornadas de nueve horas de lunes a miércoles y de ocho horas los jueves y viernes.
La segunda etapa se iniciará el 1.º de mayo de 2028, reduciendo la jornada semanal a 42 horas. El convenio prevé como alternativas una distribución de nueve horas de lunes a jueves y seis horas el viernes, o jornadas de nueve horas los lunes y martes y de ocho horas de miércoles a viernes.
A partir del 1.º de mayo de 2029 comenzará la tercera etapa, en la que la jornada semanal se reducirá a 41 horas. En este caso, podrá organizarse con jornadas de nueve horas de lunes a jueves y cinco horas el viernes, o con nueve horas el lunes y ocho horas de martes a viernes.
La cuarta y última etapa entrará en vigor el 28 de enero de 2030, cuando la jornada laboral quedará establecida en 40 horas semanales. Las opciones de distribución previstas son jornadas de nueve horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes, o jornadas de ocho horas de lunes a viernes.
Desde esta última etapa también se incorporará el régimen especial 44 x 36. Este sistema permitirá alternar una semana de 44 horas de trabajo (de lunes a jueves nueve horas y viernes ocho horas) con una semana de 36 horas (de lunes a jueves nueve horas). La modalidad busca dar mayor flexibilidad a la organización del trabajo, atendiendo uno de los planteos de los empresarios: contar con la posibilidad de concentrar más horas en determinadas semanas cuando la dinámica de la actividad lo requiera.
Además, el convenio establece que, dentro de ese régimen especial, si un trabajador completa una semana de 44 horas y luego es desvinculado sin acceder a la compensación de la semana de 36 horas, las horas que excedan las 40 semanales serán consideradas tiempo extraordinario.
El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Alfredo Kaplan, consideró que la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas en un período de cuatro años permite una implementación gradual para que las empresas puedan afrontarla.
Señaló además que el acuerdo contempla una compensación vinculada a incrementos otorgados en convenios anteriores por encima de lo que correspondía, y definió el resultado como "la solución menos mala" para el sector. Kaplan indicó que los empresarios insistieron en incorporar la referencia a la productividad, aunque el sindicato no aceptó incluir ese concepto en este convenio, y destacó que el acuerdo genera un marco de tranquilidad laboral por cinco años, sin conflictos salariales previstos durante ese período.
Kaplan explicó a El Observador que las diferencias entre las cámaras empresariales estuvieron sobre la mesa durante la negociación, debido a las distintas realidades que enfrenta cada sector. Señaló que las empresas constructoras suelen ajustar sus precios en función del aumento de costos mediante paramétricas establecidas, mientras que los desarrolladores privados deben evaluar qué capacidad tienen de trasladar esos incrementos al precio final según las condiciones del mercado.
En ese sentido, indicó que fue necesario alcanzar consensos no solo con el Sunca, sino también entre las cuatro cámaras empresariales, y reiteró que el resultado alcanzado representa "la solución menos mala" para el sector.
Consultado sobre el impacto económico de la medida, el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, sostuvo que en cada negociación colectiva suelen incorporarse costos adicionales o reivindicaciones planteadas por el sindicato, muchas de ellas vinculadas a aspectos salariales. Indicó que esa ha sido la dinámica histórica de las relaciones laborales y afirmó que, desde hacía tiempo, consideraba que la reducción de la jornada laboral "era un hecho".
En declaraciones a radio Carve, Ruibal señaló que varios países de América ya cuentan con jornadas laborales de 40 horas, en algunos casos establecidas por vía legislativa, y mencionó como ejemplos a Estados Unidos, Canadá y Brasil.
En ese contexto, expresó que el impacto de la reducción no resulta "desmedido", especialmente considerando las medidas de "mitigación" incorporadas en la redacción del acuerdo. Asimismo, destacó que la industria de la construcción viene realizando inversiones e incorporando tecnología, lo que ha contribuido a mejorar la productividad del sector.
Y explicó que el rendimiento de la actividad no depende únicamente de la mano de obra, sino también de factores como la ingeniería y el diseño. En ese sentido, afirmó que actualmente se utilizan muchas menos horas-hombre por metro cúbico que en el pasado.
El presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo a El Observador que el preacuerdo alcanzado es "altamente positivo", aunque reconoció que, "como en toda negociación, siempre quedan algunas cosas por el camino".
El dirigente destacó que el primer aspecto relevante es haber logrado un preacuerdo que permitirá contar con un convenio colectivo para toda la rama de actividad, en un contexto en el que "de muchos sectores se está cuestionando la negociación colectiva tripartita", tras la queja presentada ante la OIT sobre el sistema uruguayo.
Sobre la reducción de la jornada laboral, explicó que desde el inicio entendían que una baja de cuatro horas "no se iba a hacer en forma automática de un día para otro", por lo que preveían que, para que la negociación prosperara, ese cambio debía implementarse de manera gradual en un período determinado.
El convenio fue firmado de manera bipartita y deberá ser aprobado por la asamblea del sindicato. Una vez cumplida esa instancia, será suscrito en el Ministerio de Trabajo. Ferreira señaló que han mantenido contacto con el Poder Ejecutivo y afirmó: "Obviamente que el Poder Ejecutivo lo va a ver y todo lo demás, pero consideramos que no va a haber dificultad".
En 2023 el Sunca logró un acuerdo por encima de la pauta del Poder Ejecutivo, con una fórmula que incluyó ajustes anuales compuestos por inflación proyectada, correctivos con la misma periodicidad a modo de blindaje y un componente de aumento real repartido durante todo el convenio, sujeto a la evolución de los cotizantes y el PIB.
En rondas anteriores de negociación durante la administración del Frente Amplio, también tuvo crecimiento real tras desafiar las pautas en varias oportunidades.
Y durante la pandemia fue una de las pocas actividades del sector privado que aseguró el mantenimiento del poder de compra de sus trabajadores.
