La hoja de ruta de Uruguay para crecer: cortar con la inercia del gasto público, readecuar normas y abrazar la oportunidad del Acuerdo Transpacífico
El economista Ignacio Munyo estimó que el crecimiento de este año se va a situar en el entorno del 2% y afirmó que solo el viento del exterior puede tener incidencia en una mejora de las perspectivas económicas del país en el corto plazo.
Ignacio Munyo
Constance Wansart
“Nos está llegando un apoyo de exterior que no podemos ignorar ni desestimar” en un “cierre de año esperanzador”, señaló el economista Ignacio Munyo sobre la buena noticia que representa la aceptación de Uruguay en el Acuerdo Transpacífico.
Este “viento del exterior” es, para el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) lo único que puede mover la aguja del crecimiento de la economía uruguaya para la que pronostica un enfriamiento. “No se vienen momentos especialmente fáciles para la actividad económica en Uruguay”, aseguró.
El índice Líder de Ceres proyecta un crecimiento en el entorno del 2% para este año y, para el 2026, el economista afirma que se debe dar un crecimiento genuino- sin arrastre estadístico- y no encuentra en los proyectos clave del país resultados que se puedan constatar el próximo año.
En este sentido, apuntó que no se prevén inversiones de gran magnitud, y si bien hay altas expectativas para la temporada turística, la buena performance de la anterior invita a suponer que no será una variable determinante. Además, la confianza del consumidor se encuentra en el menor nivel de los últimos dos años y medio.
Proyectos como los vinculados al hidrógeno verde o los data centers, si bien están en marcha, no generarán resultados inmediatos. A su vez, el director de Ceres se refirió a la intención de la empresa argentina YPF de encontrar petróleo en Uruguay y subrayó “acá sí puede haber buenas noticias, la probabilidad crece y crece”, pero su resolución e impacto sería, a lo sumo, recién en 2027.
En el marco del clásico desayuno de Ceres y ante la atenta mirada de los principales empresarios del país, Munyo insistió en que “es una muy mala noticia que en el presupuesto se hayan incluido impuestos” e hizo especial énfasis en el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD). Desde su visión, la implementación de esta tasa efectiva de 15% sobre las rentas a multinacionales con facturación anual mayor a 750 millones de euros y que pagan actualmente el Impuesto Mínimo Global en sus casas matrices desincentivará la llegada de nuevas inversiones. “Acá hay un cambio de reglas de juego que afecta a la imagen del país”, opinó el economista.
Este escenario se oscurece aún más cuando se toma en cuenta el encarecimiento relativo permanente de Uruguay. Actualmente, el país es 16% más caro que Estados Unidos, 34% más que China, 10% más que Brasil y 11% más que la Unión Europea. El único destino frente al que se abarató (un 75%) fue Argentina.
A esto se sumó la coyuntura de “un octubre negro para el puerto” que representó un 40% menos de movimiento de contenedores, incumplimiento y pérdida de reputación.
Readecuación de leyes “por lobby” y “por las dudas”
El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que está “trabajando para poder introducir […] un conjunto de normativas que mejoren, eliminen redundancias y coordinen mejor la acción del sector público”. Para Munyo es fundamental atacar las leyes que existen “por lobby” que son impulsadas o mantenidas por grupos con intereses sectoriales pero que, a la larga, provocan mayor costo de vida, menor productividad y frenan la innovación.
En tanto, las normas “por las dudas” buscan evitar errores o minimizar riesgos pero terminan creando procesos innecesariamente complejos y que aumentan los costos operativos.
Al respecto, Munyo puso como ejemplo la readecuación efectuada por el gobierno argentino que implicó la eliminación o revisión de 1.306 normas en las distintas áreas de actividad.
Para el economista, Uruguay puede seguir el mismo camino a través de los próximos pasos: un mapeo normativo, una clasificación crítica que permita detectar trabas y superposiciones y, en tercer lugar, intercambiar directamente con el sector privado para entender sus necesidades y qué factores lo obstaculiza.
El impacto de la inercia en el gasto público
El economista compartió que las discusiones que se han dado en torno a modificar el gasto público se centran, exclusivamente, en temas que representan solamente el 1% del presupuesto asignado para este fin. El restante 99% sigue intacto y pasa de administración en administración sin ser revisado. “Sin evaluar resultados, los programas y sus metas, la eficiencia del gasto, ni el tamaño o desempeño de los funcionarios públicos”, expuso.
El Presupuesto Nacional actual en estudio estima que el gasto público entre 2025 y 2029 será de US$ 28.000 millones.
Consultados al respecto, el 78% de los legisladores consideran que el Estado debería mantener o aumentar su tamaño. Sin embargo datos analizados por Ceres revelan que en Uruguay hay 12 personas por cada funcionario público, mientras que en los países de la OCDE esa cifra crece a 20 y en el resto de América Latina trepa a 30.
En este sentido, Munyo opinó que si bien es real que al momento de asumir el nuevo gobierno se ve urgido por la necesidad de presentar pocos meses después un nuevo Presupuesto, “eso no puede hacer que no se revise”.
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Seguridad y educación: dos puntos críticos que impactan directamente en el desarrollo
“Uruguay está asediado por el crimen organizado y además hay un sistema carcelario que es parte del problema”, aseguró en otro pasaje de su disertación.
El narcotráfico también se convirtió, según Munyo, en un motor de la violencia urbana. El análisis de Ceres infiere que, de no ponerse un freno, se juega un 0,5% del crecimiento de la economía en los costos asociados a este problema.
Munyo apuntó que una de las claves para mitigar este problema está en reducir la altísima tasa de 475 presos cada 100.000 habitantes y llevarla a 340 cada 100.000, alineado con el promedio de Argentina y Brasil. Eso permitiría además que los privados de libertad tuvieran mejores condiciones carcelarias.
Esta apuesta a futuro se centra en el Plan Nacional de Seguridad Pública en el que organismos internacionales también cooperaron para que Uruguay “sea un ejemplo de que se puede salir del narcotráfico”. En esta planificación se incluye, según Munyo, la necesidad de reformar el Código Penal y generalizar la gestión privada de las cárceles. “Hay que abrir la puerta a quienes están capacitados. El Estado no puede”, estimó.
En educación, el referente de Ceres puso el foco en los magros resultados de la enzeñanza y en cómo la mitad de los uruguayos abandonan el sistema educativo antes de culminar la educación media superior y solo el 15% egresa de la terciaria.
“Nos separa un abismo de converger con la OCDE”, estimó. Para alcanzar los guarismos de la OCDE, Uruguay debería tener 16.300 egresados adicionales, algo prácticamente imposible si se toma en cuenta que las generaciones rondan los 30.000 alumnos. Estos datos son más desalentadores cuanto menor es el nivel socioeconómico de los estudiantes, llegando al punto de que solo el 1% de los quintiles más bajo finalizan el nivel terciario.
Los motivos que impulsan a los estudiantes a abandonar el sistema eduacativo son dos. En primer lugar, 7 de cada 10 no termina educación media porque los contenidos de los programas no le despiertan interés, y en segundo caso, comenzaron a trabajar.
Para Munyo, la solución a esta situación radica en la formación dual y en “romper con el monopolio de los docentes” y articular el centro educativo y la empresa.
“Hay que ir por el trabajo dentro de la formación. Este es el camino para generar algo distinto”, concluyó.