El sector empresarial espera el nombramiento de los nuevos integrantes del Poder Ejecutivo
El sector industrial sigue de cerca los nombres que se manejan para integrar el nuevo Poder Ejecutivo y una de las áreas sensibles que observa es el Ministerio de Trabajo (MTSS). Los empresarios entienden que la designación será clave y auguran un panorama complejo si el elegido es afín al PIT-CNT.
Los industriales tuvieron una relación de tensión con los gobiernos del Frente Amplio en temas vinculados a las relacionales laborales.
Los dos hechos más controversiales transcurrieron durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. El primero fue el decreto 165 de 2006 que reguló la ocupación de los lugares de trabajo como ejercicio del derecho de huelga; el segundo, la aprobación en 2009 de la Ley de Negociación Colectiva para el sector privado. El último texto provocó eternas disputas y una queja empresarial ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que todavía continúa latente.
La central sindical defendió los dos textos de la administración frenteamplista como conquistas para los trabajadores. En ese momento, el PIT-CNT tenía dos referencias claras: Fernando Pereira (actual presidente del Frente Amplio) y Juan Castillo (secretario general del Partido Comunista). El último es uno de los nombres que suena para ocupar el cargo de ministro de Trabajo durante el próximo gobierno, aunque todavía no hay ninguna decisión al respecto.
Ahora, el sector industrial aguarda con expectativa el nombramiento de los integrantes del nuevo Poder Ejecutivo.
El presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Fernando Pache, dijo que Trabajo será uno de los ministerios más importantes de la administración. “La nominación del ministro es clave. Para determinar si se sigue invirtiendo en la industria, si se para y se mira a la región, o si se incentiva la inversión para nuevas instalaciones”, señaló a El Observador.
Para la gremial es fundamental que la designación y las acciones que se lleven adelante en el próximo gobierno no se definan en conjunto con el PIT-CNT.
“El país ya vivió eso durante 15 años y no queremos repetirlo”, indicó Pache.
Desde su visión, el presidente electo tiene una postura a favor de la industria y de los puestos de trabajo que genera el sector. “Apostamos a tener un muy buen diálogo, sensato y fluido, y nos ponemos a la orden para trabajar en ese sentido”, añadió.
La CIU se reunió meses atrás con todos los precandidatos presidenciales para presentarles una especie de hoja de ruta para los próximos cinco años. En aspectos laborales, la gremial propuso la posibilidad de que las negociaciones en los Consejos de Salarios sean únicamente para fijar el sueldo mínimo por rama de actividad. También planteó que haya negociación bipartita para empresas con más de 90 empleados en la que se negocien aumentos generales de salarios.
La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) también aguarda por algunas definiciones.
“Un cambio de gobierno siempre genera expectativas, más si es un cambio de signo político”, dijo el presidente de la CCE, Diego O´Neill, entrevistado por Canal 12.
“Uruguay tiene una tradición de continuar las políticas exitosas a los largo de los gobiernos. Hay expectativa de trabajar juntos”, expresó.
La visión de la gremial es que se deberá apuntar al gasto público, el déficit fiscal, avanzar en desregulaciones y lograr acuerdos políticos sobre educación y seguridad.
El programa del Frente Amplio para el próximo gobierno señala al trabajo como una prioridad. “El Estado, a través del MTSS, definirá un plan universal de desarrollo del empleo y creación de trabajo, de promoción de todos los derechos para los trabajadores asalariados formales, precarizados, informales y de la economía popular”, dice el texto.
Indica que se promoverá el fortalecimiento de la negociación colectiva, el aumento del salario real y el incremento gradual del salario mínimo nacional y de los mínimos por categoría. También se tomarán las medidas necesarias tendientes al incremento de la participación de la masa salarial en el ingreso nacional.
En otra parte del documenta expresa que atendiendo a los cambios en el mundo del trabajo se implementará la reducción de la jornada laboral. Eso implicará que la jornada máxima será de ocho horas con un máximo de 40 horas semanales. “Esta iniciativa no implicará, en ningún caso, la reducción del salario, de manera que los beneficios del cambio tecnológico se distribuyan de forma democrática y alcance a los trabajadores, en particular los más vulnerables”, dice.
