En concreto, se fija un límite de 20 supermercados por departamento y 50 a nivel nacional para una misma razón social o grupo económico. Además, aún si no alcanzan el tope de locales permitidos pero si su espacio de atención al público supera los 4.000 m², se obliga a estos comercios a obtener un informe resolutivo previo de la Comisión Departamental de Protección a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
En materia de plazos, la iniciativa establece un máximo de 45 días corridos para el pago desde la recepción de la mercadería, con intereses por mora y una comisión de recuperación en caso de atraso. También prohíbe cualquier acuerdo que exceda este plazo y refuerza el control sobre contratos comerciales, abarcando condiciones como retornos, promociones y pagos por espacio en góndolas.
El proyecto endurece las sanciones para quienes infrinjan estos límites y plantea que la Coprodec podrá solicitar la clausura judicial del establecimiento hasta por 30 días hábiles en caso de reincidencia.
"Le pedimos a las normas más de lo que pueden hacer"
Zipitría, especialista en competencia y mercados, dijo a El Observador que el proyecto “recoge preocupaciones legítimas” sobre la concentración en el supermercadismo, pero advirtió que algunas de las herramientas propuestas podrían ser inadecuadas o difíciles de implementar. “A veces le pedimos a las normas más de lo que pueden hacer”, sostuvo.
El economista puso especial énfasis en la confusión institucional generada por la ley. Según explicó, la Coprodec no es un regulador tradicional ni está equipada para clausurar locales ni actuar como gestor de cobros. “La Comisión no se dedica a clausurar supermercados ni a hacer de gestor de cobros a proveedores. No tiene capacidad para eso”, señaló, y añadió una metáfora para ilustrar la falta de ajuste: “Le estamos diciendo que juegue al ping-pong cuando se dedica al fútbol. Son deportes diferentes.”
Asimismo, el economista cuestionó la asignación de competencias para controlar los plazos de pago. Destacó que, a diferencia de la normativa de la Unión Europea donde, si se exceden los plazos, se pueden iniciar procedimientos de quiebra contra el deudor, en Uruguay “nadie se anima a tanto” y se intenta que la Comisión de Competencia obligue a pagar, lo cual no corresponde a su rol. “Eso no tiene sentido, no es el organismo adecuado”, afirmó.
Uno de los puntos más complejos, según Zipitría, es determinar cuándo existe realmente un abuso de posición dominante, especialmente en un mercado como el supermercadismo, donde hay varios grandes actores en competencia.
Sobre la concentración del mercado, el economista reconoció que hubo un aumento en los últimos años, principalmente en el sector de farmacias, pero advirtió que esta dinámica parece haberse detenido en supermercados tras la entrada en vigor de la ley de control de fusiones.
La mirada de Cambadu y el comercio tradicional
El presidente de Cambadu, Daniel Fernández, valoró que el proyecto es una vieja aspiración del sector, aunque reconoció que aún no se conoce en profundidad el texto ni sus detalles. “Hace seis años que estamos con este proyecto, ahora lo han revivido. Hay que trabajarlo y afinarlo”, indicó a El Observador.
Fernández describió la realidad del canal tradicional y las grandes superficies como fragmentada, con aproximadamente un 28% a 30% del mercado controlado por el comercio de proximidad, otro 30% por autoservicios medianos y el restante 30% por grandes superficies. Sobre las ventas de almacenes por partes de grandes cadenas de supermercados, explicó que es un mecanismo de adquisición de forma indirecta, en el que “se mantiene a la vista como el almacén de siempre, pero en realidad el dueño es una gran superficie”.
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Carro de compras en supermercado.
Diego Battiste
El dirigente también advirtió sobre el poder que mantienen las grandes cadenas, reforzado en parte por incentivos estatales: “Esas inversiones las están haciendo gracias al Estado, porque por la ley de inversiones recuperan el 60% de lo que invierten”, criticó.
Fernández señaló que el gran diferencial del comercio de cercanía históricamente fue “el trato personalizado”, algo difícil de competir para las grandes superficies que han intentado compensarlo con tecnología y automatización, aunque con resultados mixtos, a su entender. “Ya no está Doña María ni Don José, que se criaron con los vecinos. Ahora hay una empresa privada que cambia de cajero y no conocen a nadie”, dijo.
El debate en el Parlamento
Los diputados del Frente Amplio responsables del proyecto argumentan que existe una concentración creciente en el comercio y que esto genera condiciones “leoninas” para los proveedores. En la exposición de motivos señalan que, incluso mediante el arrendamiento de pequeños locales, las grandes cadenas continúan expandiendo su presencia bajo marcas tradicionales, afectando la competencia y los canales tradicionales.
El proyecto busca “modernizar” la normativa y equilibrar la cancha entre grandes superficies y pequeños comerciantes, y pretende proteger a las pymes y proveedores frente a abusos. Sin embargo, el debate se centra en si estas medidas, en especial las sanciones y limitaciones, serán prácticas y si los organismos estatales cuentan con las herramientas necesarias para implementarlas.
El diputado frenteamplista Carlos Reyes, promotor de la iniciativa, defendió el proyecto como una forma de corregir las “asimetrías” crecientes entre supermercados y pequeños proveedores. “Las grandes superficies imponen sus condiciones más favorables al resto de los proveedores. Hay mucha asimetría, hay mucho trato diferencial”, indicó al presentar el proyecto en la Comisión de Hacienda.
Por su parte, el diputado Gerardo Sotelo, alertó que el proyecto prohíbe incluso acuerdos voluntarios entre partes: “se prohíbe todo acuerdo, convenio o estipulación que contravenga el plazo. Es decir, aun siendo conveniente para el más débil, la ley estaría diciendo que eso está prohibido”.
En tanto, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala compartió las dudas jurídicas del proyecto y recordó antecedentes de regulaciones similares que fueron anuladas. “El país tiene antecedentes de que soluciones de estas características fueron jurídicamente objetadas (...) Hay libertades de rango constitucional que imperan en todo esto”, indicó.
La Comisión de Hacienda informó que se está elaborando una agenda de comparecencias, que comenzará con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conocer su evaluación técnica del proyecto. Además, se solicitará un informe jurídico para analizar posibles objeciones legales a algunos artículos del texto.
Consultados para esta nota, la Asociación de Supermercados no quiso hacer declaraciones.
Posibles efectos y desafíos: "¿quién va a pagar los costos?"
Zipitría advirtió que toda regulación tiene costos y riesgos de efectos secundarios, como la limitación del crecimiento y expansión de ciertos actores que podrían haber generado competencia. “Esto no es inocuo. La pregunta es quién va a pagar los costos”, afirmó, y se preguntó si la ley pretende “parar el mundo” o si realmente se busca construir “el mundo que queremos”.
El economista destacó que el mercado se adapta a las regulaciones y que las empresas encontrarán nuevas formas de operar y negociar. Recordó un caso histórico en Venezuela, donde al limitar precios, los productores y supermercados comenzaron a vender productos bajo nombres alternativos para evadir topes, una muestra de cómo las medidas pueden generar distorsiones.
En cuanto a la relación comercial entre proveedores y supermercados, el economista explicó que “se genera un excedente, un valor” que ambos buscan repartirse y que las promociones y acuerdos pueden tener ventajas y desventajas para cada parte. “Si sacás esta norma, van a hacer lo mismo de otra forma. Vas a pasar años discutiendo la próxima regulación”, pronosticó.
En relación a qué organismo debe tener a cargo la aplicación y fiscalización, el proyecto atribuye muchas funciones a la Coprodec, pero Zipitría planteó que las intendencias departamentales, que cuentan con comisiones específicas y potestades para clausurar locales, serían el "lugar natural" para intervenir.
“Deberían ser las intendencias las que se encarguen, porque es un tema local”, sostuvo, y añadió que la Comisión de Competencia está en Montevideo y no tiene capacidad logística para operar en todo el país.
En ese sentido, planteó que el proyecto podría tener efectos no deseados, como restringir la llegada de nuevos actores al mercado: "Lo que digo es que no necesariamente tiene que ser que solo crezcan los que están, o sea, que pueden expandirse a nosotros y dar otras posibilidades".
"Todos los Estados se reservan el derecho a regular su economía como quieran. Si el Parlamento tiene los votos, hay que respetarlo, pero hay que enfrentar los costos”, advirtió.
"Uno quiere que el mundo sea inmutable pero no es así"
Una de las consecuencias de esta regulación, según Zipitría, es que efectivamente puede limitar la capacidad de expansión de ciertos actores pero dijo que "también hay que entender" que el panorama cambió. “El mundo de los pequeños comerciantes que había cuando yo era chico no existe más. Y eso, alguien tiene que decirlo. No es solo que desapareció, es que mutó. Pasamos de una época en la que los almacenes tradicionales cerraban, a otra donde surgieron nuevas formas de comercio de cercanía", señaló y agregó: "no es que todo desapareció y quedó un desierto comercial. El ecosistema cambió".
Por ese motivo, según el economista, "no necesariamente todo es negativo", sino que llamó a entender que el formato de los negocios evoluciona con pros y contras. “Uno quiere que el mundo sea inmutable, pero el mundo no es inmutable, y los negocios tienen una vida útil. Tal vez, lo que hay que entender es que un determinado negocio no está hecho para durar siempre. Y que frente a ciertos cambios, puede ser necesario reinventarse", concluyó.
