Mientras el gobierno trabaja en una propuesta para destrabar el conflicto en la construcción surgió otro cortocircuito entre empresarios y el sindicato del sector. La compañía Criba, encargada de la construcción de la nueva torre del complejo Cipriani en Punta del Este envió a 120 trabajadores al seguro de paro.
La industria de construcción es uno de los focos de conflictividad del actual gobierno. El tema había sido tratado en una reunión hace un par de semanas entre el presidente Yamandú Orsi y el titular de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal. Y ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo, el gobierno tomó la decisión de intervenir.
Este martes hubo una reunión en la que participaron Orsi, el ministro de Trabajo, Juan Castillo; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, e integrantes del Sunca. En ambas reuniones, el mandatario transmitió su “preocupación” por la conflictividad en el sector e indicó que intentaría acercar a las partes con una propuesta alternativa.
De esos contactos surgió la iniciativa de convocar a empresarios y trabajadores a una instancia en el Ministerio de Trabajo que se efectuó este jueves. El presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo a El Observador que el encuentro fue con el ministro Castillo. Allí se volvió a manejar la preocupación que el enfrentamiento genera en el gobierno, pero no se avanzó en la propuesta intermedia. El dirigente agregó que este viernes se repetirá la instancia de diálogo.
El cruce tiene origen en el convenio colectivo del sector que venció el 31 de marzo. Desde esa fecha se desarrollaron varias negociaciones en las que no hubo avances. Con el paso de los meses, los involucrados comenzaron a tomar medidas. Por el lado sindical fueron paros y movilizaciones, mientras que la respuesta empresarial fue el envío de trabajadores al seguro de paro.
La intervención del gobierno quiso calmar las aguas, pero pese a ese intento oficial, este jueves la empresa Criba (encargada de construir la nueva torre del complejo Cipriani en Punta del Este) definió el envío al seguro de paro de 110 trabajadores.
La compañía afirma que las medidas sindicales que se realizaron en la obra prácticamente detuvieron la actividad en los últimos dos meses. Eso provocó que se interrumpiera el suministro de hormigón a la estructura. Ese proceso de construcción de la torre debe efectuarse de manera continua por aspectos de seguridad. Y justamente eso fue lo que no ocurrió por la sucesión de paros y medidas sindicales. Entonces, se tomó la decisión del seguro de paro.
Pero los inconvenientes no solamente afectan a Criba. En la obra del proyecto Summit se enviaron días atrás a 60 empleados al subsidio, mientras que en el Hotel Fasano fueron 20.
Las detenciones de actividades generaron que las empresas hormigoneras prácticamente no estén trabajando en el departamento.
Hay un tema que enfrenta a los involucrados y es la aspiración sindical de reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. El planteo es rechazado por los empresarios del sector, en línea con la opinión del resto de las gremiales de empleadores.
Fuentes empresariales comentaron a El Observador que Maldonado necesita previsibilidad para continuar atrayendo inversiones. Desde su visión, las medida sindicales, los paros y las interrupciones de tareas que se registraron en distintos proyectos generan un contexto de incertidumbre que trasciende el conflicto puntual entre una empresa y el sindicato.
El riesgo que perciben es que diferentes inversores comiencen a catalogar a Uruguay como un destino que no ofrece la previsibilidad necesaria para avanzar en proyectos inmobiliarios.
Las fuentes añadieron que Maldonado construyó en los últimos años una reputación basada en una combinación de estabilidad política, reglas de juego claras y seguridad para desarrollar inversiones de largo plazo. Sin embargo, el actual escenario laboral no favorece el clima de negocios.
