El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía Gabriel Oddone presentaron propuestas para eliminar requisitos burocráticos e ineficiencias estatales
El gobierno presentó medidas con el objetivo de eliminar ineficiencias, disminuir costos estatales y mejorar la competitividad. Con la aplicación pretende generar al sector privado un ahorro anual de US$ 20 millones.
En conferencia de prensa efectuada este martes por la noche, el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía Gabriel Oddone marcaron la necesidad de tomar medidas para mejorar el clima de negocios en el país. Pero también fueron enfáticos en algo: esa mejora no llegará de la mano de desregulaciones.
Orsi expuso en una corta presentación que Uruguay a veces es caro para las empresas o el comercio exterior y añadió que, desde algunas miradas, el Estado genera más dificultades que soluciones. “Somos conscientes que debemos apuntar hacia un país que ofrezca más agilidad en áreas de comercio, menos costos. En algunas somos conscientes de que no se corresponden los números con lo que realmente ocurre”, indicó.
Y ante esa realidad planteó la necesidad de promover algunas acciones, pero sin recorrer el camino que se tomó en Argentina. ”En épocas donde se habla de desregulación no vamos hacia eso, sino a ser mejores mejores controlando y con medidas más efectivas”, dijo el mandatario.
Para Oddone, Uruguay tiene que mejorar su capacidad de competencia y atacar los problemas en sectores donde la formación de precios no es tan transparente como debería ser. Pero fue claro que las soluciones no tienen que llegar de la mano de la macroeconomía, sino a través de reformas microeconómicas, y coincidió en que la propuesta no pasa por desregular. “Esto no es una agenda de desregulación. Creemos firmemente en la regulación, pero también creemos que en Uruguay tiene enormes oportunidades para mejorar”, expresó.
Una de las medidas -que como todas debe contar con el aval del Parlamento- es la eliminación de la intervención previa de la Dirección General Impositiva (DGI) en las operaciones de comercio exterior. El ministro explicó que la intención es promover una mejor coordinación entre la oficina recaudadora y la Dirección Nacional de Aduanas. “Eso tiene que ver con menos certificados a presentar y menos tiempos de trámites y costos”, dijo.
Ese cambio beneficiará a 25.000 operaciones de comercio al año.
La segunda propuesta pasa por el desempapelamiento. Actualmente, las empresas deben almacenar en formato papel toda la documentación vinculada a operaciones de comercio exterior durante cinco años. La modificación es que la Aduana solamente exija soporte electrónico.
La tercera medida propone otorgar facilidad de pago para los tributos de importación. El cambio es que los impuestos se puedan pagar en un plazo de hasta 30 días después de recibida la mercadería y no de manera previa.
El cuarto punto incluye acortar el plazo de la devolución de impuestos a exportadores que estén registrados como operadores económicos calificados. En ese caso, la devolución pasaría de los 210 días actuales a 30. También se eliminará para algunos casos la verificación física de mercadería por parte de la Aduana, trámite conocido como “canal rojo”.
“Solamente se van a controlar por canal rojo las operaciones que surjan de un análisis de riesgo”, señaló Oddone.
Según la estimación oficial, la aplicación de las medidas le generará al sector privado un ahorro anual de US$ 20 millones.
El ministro sostuvo que el enfoque es trabajar sobre la competitividad sin que eso implique cambios en el tipo de cambio. “Esa no es la variable, por dos motivos. En primer lugar porque es inefectivo y en segundo porque tiene consecuencias sobre la inflación”, afirmó.
“No vamos a convertir a Uruguay en un país barato haciendo uso de instrumentos de naturaleza macroeconómica”, añadió. Por eso, el camino elegido apunta a la mejora de la productividad y de la eficiencia del sector público.
Las medidas también buscan evitar la formación de precios a través de la figura del distribuidor exclusivo. Para demostrar esa práctica habitualmente se toma el ejemplo de la pasta de dientes, que fue reiterado por Oddone durante la conferencia. Es el caso de un importador que obtiene los datos técnicos del producto en el país de origen. Con esa documentación se presenta ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) para que autorice la importación y venderlo en Uruguay. “Cuando llega el siguiente importador le piden exactamente lo mismo”, dijo.
Entonces, ese segundo importador afronta el costo de tener que pedir la misma información al productor y ver si la casa matriz finalmente la aporta, algo que a veces es complicado. “Una regulación dirigida hacia una protección sanitaria termina generando una práctica de distribuidor exclusivo que afecta el nivel de precios porque no hay competencia”, concluyó el ministro.
