El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda que presentó Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por decir que éste vive "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que era un "delincuente confeso".
"(...) Las expresiones de la señora Montero relativas a este tema, aunque resulten inconvenientes, desabridas, imprecisas o inoportunas, están amparadas por la libertad de expresión, en cuanto que se enmarcan en el debate público y en la lucha política", señala en una sentencia la Sala de lo Civil.
Así, el tribunal descarta que Montero indemnice con 40.000 euros a Amador al no ver vulnerado su derecho al honor. La decisión del Supremo tiene lugar después de que el pasado 24 de abril celebrara una audiencia previa en la que tanto Fiscalía como la Abogacía del Estado coincidieron en pedir al alto tribunal que desestimase la demanda.
Los magistrados explican que las declaraciones de la vicepresidenta primera "constituyen una crítica política que, por otra parte, guste o no como realidad social, es frecuente en nuestros días: criticar el contexto familiar de los políticos cuando existen conductas sospechosas de ser delictivas o, al menos, socialmente reprochables".
No vulnera el honor
Los magistrados señalan que Montero criticó el hecho de que Díaz Ayuso viviese en el piso de González Amador, "que está siendo investigado por un presunto delito fiscal y cuya defensa contactó con la Fiscalía para llegar a un acuerdo"; y, en el marco de dicha crítica, "aprovechó para cuestionar el comportamiento ético de quien se dice que vendió material sanitario durante la pandemia".
El Supremo sostiene que lo dicho por Montero "puede ser políticamente discutible u opinable, pero no es atentatorio contra el derecho al honor, en el sentido exigido legalmente". Además, apunta González Amador en la demanda no se queja de que dijese que se había enriquecido por la venta de mascarillas.
El tribunal insiste en que "más allá de la conducta que se considere deseable o conveniente en una autoridad", lo determinante en este caso --respecto a las imputaciones relativas a una presunta defraudación fiscal-- es que esa cuestión "se ha convertido en un elemento de debate político".
María Jesús Montero
El abogado de Amador declara en el Supremo
Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado ante el Tribunal Supremo (TS) que desde el 30 de enero de 2024 tenía el mandato de su cliente de llegar a un acuerdo con Fiscalía para resolver la investigación en su contra por delitos fiscales con el menor "ruido" posible, si bien ha sostenido que no le informó del 'email' que envió al fiscal ofreciendo reconocer dichos delitos.
Fuentes jurídicas han indicado que el interrogatorio a Neira como testigo se ha centrado en dos correos electrónicos: el que mandó el 2 de febrero de 2024 al fiscal Julián Salto --que investigaba a González Amador por delitos fiscales-- y el del 12 de marzo de ese mismo año, en el que el fiscal le contestó que no había "obstáculo" para "llegar a un acuerdo".
González Amador declaró el pasado viernes que Neira redactó y envió el 'email' del 2 de febrero de 2024 sin su consentimiento. Según precisó, no fue hasta el 14 de marzo cuando se enteró por la 'Cadena SER' de aquel correo. No obstante, aclaró que una vez tuvo conocimiento de ello habló con Neira y apoyó la decisión de su letrado, en el que dijo seguir confiando.
Sin embargo, Neira ha testificado este martes que el 30 de enero de ese año se reunió con su cliente para explicarle las dos opciones que tenía: defender su inocencia y dar la batalla judicial o reconocer los hechos, pagar una multa y llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El abogado ha sostenido que González Amador le autorizó a buscar el pacto con Fiscalía para resolver el asunto con el menor "ruido" posible.
Recta Final
Se espera que estas sean una de las últimas pesquisas que se celebren en la causa que comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La investigación se centró en un principio en la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y Salto.
Cuando el caso saltó al Supremo el pasado octubre, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa.
No obstante, en los meses transcurridos desde que el TS encausara a García Ortiz, los hechos investigados se han ido ampliando hasta abarcar otra vez el citado comunicado y las presuntas filtraciones de las propias pesquisas contra González Amador y del correo electrónico que su defensa envió a Salto el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.
FUENTE: El Observador
