El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho historia judicial este miércoles al convertirse en el primer exlíder del Ejecutivo en la democracia española que declara como investigado en una causa penal. Zapatero ha comparecido ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en un extenso interrogatorio de casi tres horas —iniciado a las 9:12 horas y finalizado a las 12:28 horas, con media hora de receso incluida—, quedando descartada su continuidad para la jornada de mañana.
Durante la sesión, el antiguo líder del Partido Socialista (PSOE) ha rechazado tajantemente la principal tesis de la investigación, la cual le sitúa presuntamente en el "vértice" de una red criminal dedicada a aportar contactos institucionales y empresariales de alto nivel para obtener ventajas en favor de terceros.
Zapatero niega tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra
Ante las preguntas del juez Calama, la Fiscalía y las acusaciones, Zapatero ha negado de forma rotunda haber ejercido intermediación o influencia alguna sobre autoridades o funcionarios para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, compañía que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en el año 2021.
Según informaron fuentes jurídicas a la agencia EFE, el expresidente ha insistido en su inocencia y ha rechazado cualquier vinculación con presuntas irregularidades financieras internacionales, negando la existencia de sociedades a su nombre en el extranjero o relación alguna con una supuesta entidad offshore en Dubái.
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Tres personas sostienen un cartel en el entorno de la Audiencia Nacional, donde el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene que declarar este miércoles como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra.
Asimismo, durante la comparecencia se han defendido otras actividades familiares y del entorno del investigado. Zapatero ha aclarado que la sociedad de sus hijas funcionaba de manera regular y percibía ingresos exclusivamente por trabajos reales y efectivamente realizados, al tiempo que justificó los encargos profesionales que le realizaba su amigo, Julio Martínez.
Silencio por las joyas incautadas y estrategia de la defensa
La comparecencia de este miércoles también sumaba la investigación por los presuntos delitos fiscales y de contrabando, derivados del reciente hallazgo e incautación policial de una caja fuerte en su oficina de la calle Ferraz. Pese a que los cables iniciales de las agencias de noticias reseñaron la existencia de "casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros", fuentes del entorno del expresidente elevaron la cifra a 103 piezas de joyería.
Respecto a este punto, Zapatero se ha acogido formalmente a su derecho a no declarar. Según fuentes de su entorno, el investigado no ha dispuesto del tiempo necesario para recopilar toda la información y documentación pertinente sobre la procedencia y tasación de los objetos.
Paralelamente, su abogado defensor, Víctor Moreno, presentó un escrito de recurso ante la Sección de Instrucción de la Audiencia Nacional criticando que el juez Calama rechazara aplazar esta comparecencia separada. La defensa sostiene que unir ambas causas con apenas tres días de margen desde la apertura de la pieza genera una "merma del derecho de defensa". No obstante, las primeras estimaciones de la defensa señalan que el lote corresponde a regalos efectuados en 2007 por la monarquía saudí, por lo que cualquier presunta infracción fiscal se encontraría judicialmente prescrita.
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Dos mujeres sostienen un cartel contra el PSOE en las inmediaciones de la Audiencia Nacional, donde el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declara este miércoles como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra.
La Fiscalía y el PP exigen medidas cautelares tras la declaración
El escenario procesal se ha tensado significativamente al término de la declaración formal. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Partido Popular (PP) —que ejerce la dirección letrada unificada de las ocho acusaciones populares— han solicitado formalmente al magistrado la retirada inmediata del pasaporte de José Luis Rodríguez Zapatero, argumentando riesgo de fuga, así como la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.
La jornada en la sala de vistas ha contado con la presencia exclusiva, por parte de las acusaciones, del letrado popular Alberto Durán. El representante del PP, actuando en nombre propio y de otras cuatro acusaciones particulares personadas en la causa (entre las que se integran Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox), ha dado un paso más allá de las medidas de control del Ministerio Público solicitando para el expresidente la medida de prisión provisional.
Reacciones políticas: ERC exige aclarar el origen "legal y moral" de los regalos
El impacto de la declaración judicial ha tenido eco inmediato en el arco parlamentario del Congreso de los Diputados. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha comparecido públicamente para exigir que el expresidente socialista esclarezca con total transparencia tanto los extremos "legales" como "morales" que rodean al caso de las joyas intervenidas en su despacho.
Rufián ha manifestado que el debate público debe centrarse de manera ineludible en conocer con exactitud la procedencia del patrimonio incautado, demandando saber "de dónde salen, quién las regaló, cuándo" —subrayando la importancia de las fechas para determinar su valor y tasación real— y, de manera primordial, bajo qué justificación y "a cambio de qué" se entregaron dichos obsequios de alta joyería.
