8 de agosto de 2026 9:59 hs

La batalla entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni no cesa.

El Gobierno de España comenzó a restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia como respuesta a la misma medida que la premier italiana, Giorgia Meloni, le impuso a los españoles tras la invasión de Ceuta por más de 60.000 inmigrantes ilegales marroquíes..

Según han informado fuentes gubernamentales, estos controles fronterizos están operativos desde este sábado 8 de agosto, y consisten en el control de identidad pasaporte y nacionalidad de los viajeros mediante pasaporte; y en el caso de nacionales de terceros estados, la visa permiso de residencia.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta el próximo 7 de septiembre, salvo que haya "un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo".

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El Gobierno español ha instado formalmente al Ejecutivo italiano a rectificar y suspender los controles en la frontera con España reintroducidos el pasado 1 de agosto.

A través de un comunicado oficial emitido este viernes, el Ejecutivo advierte que, de no revertirse la medida antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España adoptará medidas "proporcionales" para proteger la dignidad y los intereses de sus ciudadanos.

La decisión unilateral de Roma se produjo tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta procedentes de Marruecos.

Desde Moncloa lamentan una resolución sin precedentes en la historia reciente, adoptada sin aviso previo y en pleno periodo estival, la cual está generando inseguridad jurídica y afectando la movilidad de miles de pasajeros.

Argumentos de Moncloa: invalidez técnica y falta de base legal

El Gobierno español sostiene que la decisión italiana se apoya en argumentos "espurios" que no se ajustan a la verdad ni al Código de Fronteras Schengen. Desde el Ejecutivo se exponen tres razones principales para rebatir la posición de Roma:

  • Estatus de Ceuta: Ninguno de los migrantes que accedió de forma irregular a la ciudad autónoma la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen, dado el régimen especial que posee esta localidad.

  • Cifras de migración irregular: Según datos de Frontex, Italia es el Estado miembro de la Unión Europea que ha registrado un mayor número de cruces irregulares en los últimos años, alcanzando cifras que llegan a duplicar las de España.

  • Incumplimiento del Reglamento de Dublín: El Gobierno español recuerda que Italia no cumple desde 2022 con esta normativa europea —que atribuye la responsabilidad de las peticiones de asilo al primer país de entrada o emisión de visado—, lo que genera una carga adicional de presión migratoria sobre el resto de socios comunitarios.

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla. EFE

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla. EFE

Solidaridad histórica e impacto en las relaciones comunitarias

A pesar de los incumplimientos señalados, España remarca que nunca ha introducido controles fronterizos para Italia y que ha mantenido una postura solidaria.

En este sentido, el comunicado destaca que España acogió a parte de los migrantes llegados a Lampedusa en 2023 y ha abierto de forma recurrente sus puertos a las personas rescatadas en la ruta del Mediterráneo central.

Por todo ello, el Ejecutivo califica la actuación italiana de injusta, discriminatoria para los españoles y contraria a los intereses globales de la Unión Europea.

Ultimátum a Roma hasta el 7 de septiembre

El comunicado concluye solicitando al Gobierno italiano que trate a la población española como al resto de ciudadanos europeos y ponga fin a los controles.

De no ser así antes del 7 de septiembre, la réplica y las medidas proporcionales puesta en marcha quedarán como medidas permanentes.

No obstante, Moncloa manifiesta su confianza en que se impongan "el europeísmo, el sentido común y la buena fe", recordando que la función de los gobiernos es impulsar el entendimiento y el interés general, en lugar de "crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas".

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