El Tribunal Supremo ha ordenado a la Guardia Civil realizar un allanamiento en la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia, como parte de la investigación en su contra por el presunto cobro de comisiones durante la pandemia.
La orden fue emitida por el magistrado Leopoldo Puente, quien dirige la causa, a raíz de unas grabaciones halladas en el móvil del que fuera su asesor ministerial, Koldo García, en las que el ex dirigente socialista reconocería haber recibido un "beneficio económico" a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Puente investiga al exministro por recibir pagos, tanto en efectivo como en especie, a cambio de contratos de material sanitario y obra pública.
Es la primera vez que el alto tribunal da la orden de registrar una propiedad del exministro, que ya ha declarado en dos oportunidades ante el juez instructor en las que negó haber cobrado comisión alguna.
Móviles, contratos y dispositivos
En su despliegue, la UCO requisó la propiedad de Ábalos en busca de documentación sobre contratos de obra civil y le han retenido al exministro su teléfono móvil y demás dispositivos electrónicos para su volcado en busca de datos de relevancia para la causa.
El acto judicial precisa que el pasado 5 de junio recibió un informe de la UCO en el que se apunta que Ábalos "pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes, en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica".
Según el magistrado, en dicho informe se identifican obras que "pudieran haber resultado indebidamente adjudicadas con la participación del investigado".
Dichas adjudicaciones "se describen en relación con ciertas grabaciones, --halladas, conforme también se explica en el mencionado oficio, en dispositivos intervenidos al también investigado en esta causa don Koldo García--".
"Adjudicaciones de obras a cambio de beneficio económico"
El instructor incide en que el informe cuenta con "elementos bastantes para considerar que dichas indebidas adjudicaciones se habrían producido como consecuencia de la eventualmente ilícita intervención del afectado".
En el marco de dicho informe, los agentes aseguran a su vez que Ábalos habría obtenido por esas adjudicaciones "un determinado beneficio económico, tal y como él mismo podría haber venido a admitir en determinados pasajes de las mencionadas conversaciones".
"A partir de la solidez de los mencionados indicios, la entrada y registro que aquí se acuerda resulta de la efectiva existencia de aquéllos, que permiten considerar, al menos, la posible comisión de sendos delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal", concluye el magistrado.
Puente argumenta que el registro en la casa de Ábalos era una medida "proporcionada", debido a "la gravedad de los ilícitos penales que se investigan en esta causa", y "necesaria" para poder incorporar al procedimiento "elementos indispensables para el esclarecimiento de los hechos", a pesar de que se haya acordado meses después del inicio de las pesquisas.
Así, el TS autorizó a los agentes de la UCO a clonar el contenido del móvil y los demás dispositivos electrónicos del ex dirigente socialista, al entender que no existe otra forma "igual de eficaz" para averiguar "lo realmente sucedido".
Además de autorizar el registro domiciliario, dio permiso para revisar anexos, trasteros, garajes, vehículos o cajas fuertes que tuviera. Por ello, la diligencia se extendió a la parte inferior de la casa de Ábalos.
