19 de noviembre de 2026 9:52 hs

"Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, aseguró que su formación aprovechó la "ambición desmedida" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para imponer exigencias que el PSOE había rechazado previamente y "derrotar a España".

Puigdemont sostiene, en diálogo con el diario El Mundo desde Waterloo (Bélgica), que fueron los socialistas quienes acudieron a buscar el apoyo de Junts para la investidura de Sánchez en noviembre de 2023: "Pensamos 'vamos a probar a dónde llega su ambición por el poder y su cinismo'". Según su relato, Junts dejó claro desde el primer día que no confiaba en el PSOE ni en su voluntad de cumplimiento, pero buscó "aprovecharse de su ambición política para intentar conseguir cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles".

En el plano personal y de su eventual regreso, el dirigente independentista señala que aguarda el último trámite judicial de su amnistía ante el Tribunal Supremo sin prisa por volver a Cataluña, descarta hacerlo en plena campaña y contempla hacerlo en diciembre en una fecha aún por definir. Asimismo, asegura que rechazó una senda de indultos ofrecida en tres ocasiones por un emisario socialista en el Parlamento Europeo: "Dejé meridianamente claro que si me tenía que quedar toda la vida en el exilio me quedaba".

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El acuerdo de Bruselas, la mediación en Suiza y el rechazo a un pacto de legislatura

De acuerdo con Puigdemont, Junts planteó que la negociación no podía reducirse a una "lista de la compra" coyuntural —como competencias, financiación, decretos, inversiones o trenes—, sino que exigía abordar las bases del conflicto entre Cataluña y el resto de España, incluyendo la soberanía, el reconocimiento internacional, la lengua catalana y el reconocimiento nacional de Cataluña. "Ellos iban al supermercado. Iban a decir: 'A ver qué queréis de la lista de la compra' y se encontraron que nosotros no queríamos eso", resume.

El líder de Junts explica que reclamaron un espacio neutral —optando por Suiza frente a Bélgica— y una tercera parte independiente que diera fe de los avances o bloqueos y permitiera monitorizar periódicamente el cumplimiento. "Nos pidieron un acuerdo de legislatura y dijimos no. Vamos paso a paso", añade.

Según su testimonio, le sorprendió que el PSOE aceptara estas condiciones y la Ley de Amnistía en el acuerdo de Bruselas, pese a haber dicho públicamente lo contrario: "Les pedíamos de todo y nos decían a todo que sí, no nos lo creíamos". Sobre el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, indica que entró ya en la negociación del acuerdo de Bruselas tras rechazar Junts al ministro Félix Bolaños por falta de confianza, con Santos Cerdán como enlace. Puigdemont describe a Zapatero como un interlocutor con una visión de la España plural y una aproximación cultural más avanzada y laxa que la del Gobierno, señala que "él ya tenía la ambición sublimada, lo había hecho todo" y puntualiza que nunca tuvo contacto directo —ni presencial ni telefónico— con Pedro Sánchez desde que vive en Bélgica.

Inmigración, financiación, el "lawfare" y la redacción de la Ley de Amnistía

Puigdemont detalla que llevaron al límite las negociaciones en dos frentes clave:

  • Delegación de competencias en inmigración: Afirma que "sólo a última hora, con la ruptura asegurada en la mesa, claudicaron con la presencia de Mossos d'Esquadra en los controles fronterizos, con que el NIE lo hiciera la administración catalana y algún otro punto más en ese sentido", tras haberlo negado 24 horas antes.

  • Financiación y concierto económico: Sostiene que Junts rechazó cualquier modelo que no pasara por el concierto económico y la soberanía fiscal de Cataluña, denunciando el incumplimiento en la ejecución presupuestaria respecto a la Comunidad de Madrid y el "chantaje narrativo" que, según dice, recibieron: "¿Cómo vais a renunciar a tanto dinero?".

Respecto a la Ley de Amnistía, reivindica que los puntos más críticos del texto final corresponden a su formación —tras votar en contra de un primer borrador porque "no se podía votar un texto que dejaba fuera a mucha gente que ahora se ha visto beneficiada"— y señala como escollos que requirieron largo debate la inclusión del concepto de lawfare, la figura del mediador internacional y la referencia histórica a 1714. Precisa que no pidieron desactivar causas a través de la Fiscalía o el Tribunal Constitucional, sino que expusieron el lawfare y exigieron que la ley aprobada se cumpliera sin obstáculos: "Yo me he creído lo que Pedro Sánchez dijo un día públicamente: '¿De quién depende la Fiscalía?'".

En cuanto al Tribunal Constitucional, muestra prudencia —recordando que su mayoría progresista acabó "dinamitando" el Estatut— y asegura que hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estaba convencido de que no les darían la razón. Finalmente, niega que se planteara un referéndum de autodeterminación o un concierto económico al deteriorarse la relación con el PSOE, al concluir que aceptar nuevas ofertas sin cumplir lo pactado habría sido una "huida hacia adelante": "El problema ya no era de propuestas, era de cumplimiento".

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