El viejo "cuento del tío" adquirió una dimensión que difícilmente imaginábamos hace algunos años. Hoy, una organización criminal puede operar desde otro continente, conocer nuestros datos personales, reproducir la voz de un familiar mediante inteligencia artificial y conseguir que una persona entregue los ahorros de toda su vida en cuestión de minutos.
Lo vemos con frecuencia en Uruguay, particularmente con nuestros adultos mayores. A fines de octubre, el Ministerio del Interior informó sobre tres estafas en Maldonado mediante las cuales los delincuentes obtuvieron $ 1.350.000 y US$ 38.000. Detrás de estas cifras hay personas, familias, años de trabajo y una enorme pérdida de confianza.
Según datos oficiales, en 2018 Uruguay registraba unas 6.500 denuncias por estafas. En 2024 superamos las 31.000. Por su parte, durante el primer semestre de 2026, el CERTuy detectó y atendió más de 32.000 incidentes de seguridad informática.
Estamos ante un problema que merece ocupar un lugar mucho más relevante en nuestra agenda de seguridad pública.
Como informó recientemente El Observador, el pasado 12 de noviembre se realizó en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, la Cumbre Iberoamericana de CERTAL, de cuya organización tuve el privilegio de participar. Con una destacada presencia de autoridades uruguayas, entre ellas el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro del Interior, Carlos Negro, se abordaron los desafíos que enfrentan nuestros sistemas judiciales ante la evolución tecnológica, la piratería, la ciberdelincuencia y el impacto de la inteligencia artificial.
Una de las grandes preocupaciones es cómo se financia hoy el crimen organizado transnacional. El narcotráfico no es su única fuente de ingresos. Las estafas digitales, la piratería, la extorsión, el robo de identidades y el fraude financiero también constituyen fuentes de recursos para estas organizaciones.
Deberíamos preguntarnos cuánto dinero del que se obtiene mediante estafas en Uruguay termina financiando otras actividades criminales, dentro y fuera de nuestras fronteras. Perseguir el delito implica también perseguir el dinero.
El reciente ataque a Binance, que comprometió activos digitales por más de US$ 6.000 millones, permite dimensionar la capacidad económica y tecnológica de estas organizaciones. Durante la propia cumbre vivimos, además, la interrupción mundial de servicios de Microsoft que, si bien obedeció a una falla técnica, dejó en evidencia nuestra enorme dependencia tecnológica y fue aprovechada por delincuentes para intentar nuevas estafas.
El Estado tampoco está exento. La falsificación de documentos, la suplantación de proveedores, la manipulación de sistemas de pago, el fraude tributario y el acceso indebido a bases de datos públicas adquieren nuevas dimensiones con la inteligencia artificial. Proteger los recursos del Estado también es proteger el dinero de los ciudadanos.
Uruguay ha avanzado en materia de gobierno digital y legislación sobre ciberdelincuencia. Tenemos capacidades tecnológicas, instituciones confiables, profesionales de primer nivel y una tradición jurídica reconocida internacionalmente.
¿Por qué no aprovechar esas fortalezas para liderar una iniciativa internacional en esta materia? La inteligencia artificial debe ser también nuestra aliada para prevenir, investigar y combatir estos delitos, algo que exige inversión, capacitación y capacidad de anticipación.
Uruguay tiene una oportunidad de liderazgo en este terreno. Lo que vimos en Washington demuestra que existen espacios internacionales, voluntades y capacidades para avanzar juntos. La delincuencia ya entendió cómo funciona un mundo sin fronteras. Y nosotros ¿qué?