El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado este jueves la ley de amnistía, siguiendo los puntos que había marcado el pasado mes de noviembre el abogado general de la UE. La justicia europea considera que no hubo malversación de fondos europeos ni delitos de terrorismo en los actos que marcaron el proceso independentista y asegura que la ley "no se opone" a la normativa comunitaria. De este modo, el fallo allana el camino de vuelta del expresidente Carles Puigdemont a Cataluña.
La sentencia responde a sendas cuestiones prejudiciales enviadas desde el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. La justicia europea insiste en que la norma se aprobó "en un contexto de reconciliación" y que no supone "una autoamnistía", algo que sí había defendido un informe de la Comisión Europea. No obstante, el TJUE reconoce la particularidad de la norma y remarca el hecho de que se aprobó precisamente sin consultar antes a la justicia europea.
El tribunal descarta daños a los intereses financieros de la Unión Europea
En su resolución, el TJUE deja claro que la ley de amnistía no va contra los intereses financieros de la UE, respondiendo así a la cuestión planteada por el Tribunal de Cuentas. El tribunal resume que la eventual incidencia en el presupuesto de la Unión no puede derivarse de un perjuicio ocasionado únicamente al presupuesto nacional debido a que la contribución del Estado miembro al presupuesto de la Unión podría verse afectada. En concreto, el fallo aclara que no puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional.
Lo mismo responde el tribunal al ser cuestionado por el respeto a la tutela judicial efectiva. El Tribunal de Justicia indica que, en un ámbito que es competencia de los Estados miembros, su control se limita a los problemas de tal envergadura que presenten un carácter sistémico capaz de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.
Reproche al Gobierno de España por la urgencia en los plazos judiciales
A pesar del aval general, la justicia europea lanza un tirón de orejas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El tribunal señala que la ley española de amnistía podría privar de efecto útil al procedimiento prejudicial si el plazo máximo de dos meses que se impone a los órganos jurisdiccionales nacionales para dictar la resolución de extinción de la responsabilidad y alzar las medidas cautelares acordadas se aplicara aun cuando el Tribunal de Justicia no haya dictado todavía resolución sobre una petición de decisión prejudicial planteada. El texto recalca, en la línea de lo expuesto por el abogado general, que el Gobierno no dio margen suficiente a la justicia para adoptar un posicionamiento sobre la normativa.
Ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno español sostuvo que la ley de amnistía se presta a una interpretación conforme con el Derecho de la Unión, según la cual el procedimiento puede suspenderse y las medidas cautelares pueden mantenerse mientras sea necesario para garantizar el efecto útil de la respuesta del propio TJUE.
El análisis sobre el terrorismo y la seguridad jurídica en la norma
Respecto a la cuestión planteada por la Audiencia Nacional sobre los delitos de terrorismo, el TJUE determina que la ley de amnistía no vulnera la directiva europea sobre actividades terroristas. El tribunal observa que dicha directiva no contiene ninguna disposición específica sobre los mecanismos nacionales de extinción de la responsabilidad penal, como la amnistía, y que, en consecuencia, no determina expresamente los límites de estos mecanismos.
No obstante, la resolución introduce un matiz importante, ya que la aplicación de esta medida supone que ciertos actos susceptibles de ser calificados de terrorismo, comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley y ejecutados entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 en el contexto del movimiento independentista, ya no puedan enjuiciarse en España.
A pesar de esto, el TJUE añade que la definición abstracta de los actos excluidos de la amnistía no quebranta las exigencias del principio de seguridad jurídica en el marco de la Unión. La sentencia sostiene que la técnica legislativa de recurrir a formulaciones abstractas o categorías generales, en vez de a listas exhaustivas, respeta este principio siempre y cuando la interpretación de dichas categorías sea razonablemente previsible. De este modo, recae en manos de las autoridades judiciales españolas determinar qué entra dentro de la aplicación de la ley y qué queda excluido.
Por último, la justicia europea concluye que la ley española de amnistía respeta los principios de igualdad de trato y de no discriminación. El tribunal argumenta que, a la luz de su finalidad expresa de favorecer la reconciliación política únicamente en el contexto de un movimiento político particular, no puede considerarse que los delitos cometidos en ese escenario y los cometidos en otros contextos se correspondan con situaciones comparables.
Reacciones políticas: del éxito de ERC a la exigencia de cumplimiento de Salvador Illa
La resolución del tribunal con sede en Luxemburgo ha provocado reacciones inmediatas en el panorama político. El líder de ERC, Oriol Junqueras, fue el primero en pronunciarse para celebrar la decisión. El que fuera vicepresidente de la Generalitat, condenado por el proceso, aseguró que es un día importante para las personas que han sido absurdamente acusadas de terrorismo y calificó el fallo como una victoria política del independentismo. En sintonía con este posicionamiento, los CDR han reclamado que se archiven de forma inmediata las acusaciones de terrorismo emitidas contra ellos.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido aplicar la amnistía sin dilaciones. Para el jefe del Ejecutivo catalán, tras la resolución del TJUE que la avala, la norma forma parte con todas las consecuencias del marco legal y, por lo tanto, su aplicación es de obligado cumplimiento. Illa se mostró muy rotundo al asegurar que ya no existe ningún obstáculo democrático, constitucional ni europeo que impida la plena aplicación de la ley, concluyendo que el tiempo les ha dado la razón.
El líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha lamentado este jueves el fallo y ha prometido que su formación derogará la norma si llega a gobernar. Buxadé ha afirmado que son los españoles los que tienen que "defender y proteger" la dignidad de España, su integridad territorial y su ordenamiento constitucional, posicionándose en contra de que esta labor descanse sobre tribunales internacionales.
Además, ha arremetido contra el PP, aunque sin mencionar al partido, por sostener que Bruselas anularía la amnistía y facilitaría la detención del líder de Junts, Carles Puigdemont. El líder de Vox en Bruselas ha arremetido también contra el Tribunal Constitucional (TC), que también avaló la amnistía, por estar "politizado". "El problema fundamental viene por la politización del TC", ha señalado.
Buxadé ha remarcado que la amnistía "constituye el mayor ataque al Estado de Derecho y a la unidad nacional" y es "un pacto inmoral" de Pedro Sánchez y "los golpistas", en alusión a Junts. Por ello, ha garantizado que Vox la derogará si llegan a La Moncloa.
