El Tribunal de Cuentas absuelve a Carles Puigdemont y perdona más de 4 millones de fianzas
El órgano fiscalizador levanta las fianzas imponibles a 35 ex altos cargos tras descartar el uso de fondos europeos en el referéndum y la acción exterior.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a la alclaldesa de Barcelona Ada Cloau durante un acto en la Plaza Sant Jaume (Reuters).
El Tribunal de Cuentas ha resuelto aplicar la Ley de Amnistía al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y al resto de encausados en el procedimiento por la responsabilidad contable del proceso independentista catalán. La decisión afecta de forma directa al presunto desvío de fondos destinados a la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, así como a las actividades de acción exterior vinculadas al procés.
Absolución total y archivo del desvío de Fondos Europeos
En la sentencia dictada por el órgano fiscalizador, se establece que "no ha resultado acreditado" que los gastos investigados se sufragaran con fondos públicos procedentes del presupuesto de la Unión Europea.
Al no haberse probado esta afectación a los intereses financieros de la UE, la resolución declara que procede la aplicación directa de la medida de gracia y acuerda la absolución de todos los implicados en la causa impulsada por la Fiscalía y por la entidad Sociedad Civil Catalana.
Cancelación de fianzas y medidas cautelares para los 35 encausados
La resolución judicial beneficia a un total de 35 antiguos integrantes del Govern y altos cargos de la administración catalana. Entre los exonerados figuran, además de Carles Puigdemont, el expresidente Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig, entre otros.
Asimismo, la sentencia ordena la cancelación y el levantamiento inmediato de todas las fianzas impuestas a los 35 demandados durante la fase de actuaciones previas, quedando sin efecto las garantías patrimoniales aplicadas hasta la fecha.
La Fiscalía reclamaba cerca de 3,1 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana elevaba la cantidad hasta los cinco millones. Los encausados habían depositado más de cuatro millones de euros en concepto de fianza para responder de las posibles responsabilidades contables.
El aval de la justicia europea como precedente decisivo
La decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas se produce tres meses después de que la justicia europea respaldara la validez de aplicar la amnistía al delito de malversación. Este pronunciamiento en el ámbito comunitario ha servido de marco de referencia para que el órgano fiscalizador proceda al cierre definitivo del procedimiento contable contra los antiguos dirigentes del ejecutivo catalán.
