La Audiencia Provincial de Madrid decidió archivar la causa que investigaba a Nacho Cano y sus colaboradores por presuntas irregularidades en la contratación de becarios para su musical Malinche.
Así lo determinó el Tribunal, que estableció que no existen pruebas suficientes que respalden los cargos de tráfico ilegal de personas ni violación de derechos laborales, lo que lleva a la provisionalidad del archivo del caso.
¿Cuál era la denuncia contra Nacho Cano?
La denuncia, presentada en julio de 2024 por una becaria mexicana, había provocado una investigación sobre las condiciones de trabajo de varios jóvenes que participaron en el espectáculo.
Los becarios, que llegaron a España como turistas sin visado de estudios, desempeñaron labores en el musical Malinche, que ha contado con una producción de alto nivel y gran repercusión en la escena cultural española.
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La Inspección de Trabajo emitió dos informes en los que señalaba que no se cumplían las condiciones de una relación laboral regular, como trabajo personal, retribución o dependencia, ya que no se había demostrado que los becarios hubieran trabajado en condiciones de empleo convencionales.
A pesar de estas conclusiones, la Audiencia Provincial consideró que la práctica de ingresar a España como turistas y solicitar posteriormente un visado de estudiante no constituye un delito penal, ya que es una práctica comúnmente utilizada dentro de la normativa de la Unión Europea.
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Qué significa que la causa quede archivada
El archivo de la causa no significa que el caso no pueda reabrirse en el futuro si aparecen nuevos indicios. Sin embargo, la decisión fue recibida con satisfacción por parte de la defensa de Nacho Cano, quien ha expresado que esta resolución confirma su postura de que no hubo ningún ilícito en relación con la contratación de los becarios para el espectáculo.
El caso había generado controversia, pues se había cuestionado el uso de becarios en lugar de empleados regulares, un tema que tocó las fibras sensibles sobre los derechos laborales y la explotación en la industria cultural. La decisión judicial, no obstante, establece que no existieron delitos en este proceso y que las prácticas seguidas no son ilegales dentro del marco normativo.
