La mitad de la sociedad española se opone a que los descendientes de exiliados beneficiados por la conocida como 'ley de nietos' puedan ejercer el derecho al voto sin haber residido en el país. Según el barómetro de julio elaborado por el Instituto DYM para 20minutos, el 50,1% de los encuestados desaprueba que estas personas adquieran el derecho de sufragio en las elecciones generales y autonómicas. En contraste, solo un 32,3% respalda su participación electoral, mientras que el 17,7% no se posiciona o no contesta.
La controversia se enmarca en un proceso legislativo impulsado por el Gobierno en 2022 al que se han acogido cerca de 2,5 millones de extranjeros. Según los datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática actualizados a 31 de marzo, se ha concedido la nacionalidad a 544.722 descendientes, de los cuales más de 300.000 podrán votar en los comicios previstos para 2027 (con el resto de las solicitudes en fase de trámite).
División ciudadana sobre la finalidad política de la 'ley de nietos'
El estudio revela que la percepción pública sobre los motivos de la normativa difiere de la postura oficial del Ejecutivo. Un 53,4% de los ciudadanos cree que el principal objetivo del PSOE es ampliar el censo electoral para obtener ventaja en las urnas. Por el contrario, un 29,3% considera que la medida busca la reparación y justicia con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, argumento sostenido por la ministra portavoz, Elma Saiz.
La sospecha de motivación electoralista es compartida de forma mayoritaria por los votantes del Partido Popular (80%) y de Vox (75%). No obstante, la duda cala también entre el electorado socialdemócrata: un 36,7% de los votantes del PSOE sostiene que la meta es ampliar el censo electoral, frente al 47,5% de sus electores (y un 48,2% en Sumar) que defiende el afán reparador del proyecto.
Brecha ideológica: la opinión según la afinidad partidista
Las discrepancias se acentúan al analizar el derecho a voto según la preferencia política de los encuestados:
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Sumar: Un 52,1% aprueba que los nuevos nacionalizados puedan votar, frente a un 33,7% que lo desaprueba.
PSOE: El 47,6% aprueba el derecho a voto, mientras que el 32,5% se opone.
Partido Popular (PP): Tan solo un 20,1% lo aprueba, mientras que un abrumador 72% lo rechaza.
Vox: Únicamente el 7,5% apoya la medida, frente al 87,8% que se muestra en contra.
Al margen del sufragio, la aprobación general de la concesión de la nacionalidad a descendientes —omitiendo el derecho a votar— arroja una postura ligeramente a favor: un 37,8% se muestra de acuerdo con el proceso de nacionalización frente a un 31,6% que se opone.
En este ámbito, el 61% de los electores de Sumar y el 55,1% del PSOE aprueban la medida, mientras que el rechazo asciende al 45,3% en el PP y al 69,3% en Vox.
Escrutinio legal y choque político por la gestión del censo
El debate social coincide con las críticas de la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de ejercitar "ingeniería electoral", matizando que su formación no rechaza la nacionalización de descendientes legítimos, sino la opacidad e irregularidades del proceso. Por su parte, Vox ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo.
Ambas formaciones señalan una instrucción emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica —encabezada en su momento por Sofía Puente— que eximió de acreditar la condición de exiliado a los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. PP y Vox, argumentando que el volumen final de solicitudes supera con creces los cálculos iniciales, han exigido la nulidad de oficio de este criterio normativo.
Por su parte, la Junta Electoral Central (JEC) estimó recientemente que dicha instrucción de desarrollo "contiene disposiciones contrarias a la propia ley que pretende desarrollar", si bien se declaró incompetente para suspender el voto por correo desde el exterior solicitado por Vox. Paralelamente, la JEC ha requerido a la Oficina del Censo un informe exhaustivo con los criterios aplicados para justificar la provincia de inscripción de cada nuevo votante, con el fin de evitar alteraciones significativas en circunscripciones con menor población.
Argentina encabeza las solicitudes globales de nacionalidad con un millón de peticiones
A nivel internacional, Argentina lidera las peticiones de nacionalización bajo la Ley de Memoria Democrática, superando a delegaciones como Caracas, La Habana y México. Según datos del cónsul general, José María Ridao Domínguez, las sedes consulares de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario acumulan un millón de solicitudes, lo que equivale a un promedio de 1.388 peticiones diarias en el periodo de inscripción fijado entre 2022 y 2025.
Consulado de España en Buenos Aires.
El volumen de expedientes ha saturado la capacidad operativa en Buenos Aires, considerado el consulado español más grande del mundo. En la actualidad, el personal revisa los expedientes entregados en septiembre de 2023 y prevé completar la carga de datos informáticos hacia el año 2031, advirtiendo que la resolución definitiva de la totalidad de las causas podría demorarse décadas. Hasta el momento, en la capital argentina se han otorgado 30.000 nacionalidades, registrando numerosos expedientes con información incompleta y una minoría de denegaciones tras el cotejo de documentos.
Pese al aumento del censo exterior, la delegación consular descarta un impacto electoral inmediato para las generales de 2027 debido a los colapsos logísticos. Además, el consulado recuerda la reducida participación de los residentes en el extranjero, señalando que en las elecciones de 2023 solo ejerció su derecho al voto el 6,2% de los electores registrados en la circunscripción de Buenos Aires.
