El acuerdo firmado entre el PSOE y Junts otorga a la Generalidad de Cataluña competencias clave en migración y seguridad fronteriza, consolidando la influencia del gobierno catalán en la gestión migratoria y el control de su territorio.
Controlarán zonas "críticas"
Los Mossos d'Esquadra asumirán la seguridad en puertos, aeropuertos y "zonas críticas" en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Además, la Generalidad pasará a gestionar integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como el control de autorizaciones de residencia temporal y de larga duración. También será responsable de la expedición del documento de identidad para extranjeros (NIE), lo que le otorga la facultad de expulsar migrantes con prohibición de entrada.
Una ley para blindar el acuerdo
El acuerdo, que llega tras más de un año de negociaciones, se presentará en el Congreso de los Diputados en forma de ley orgánica con el objetivo de delegar las competencias migratorias a Cataluña. Según el documento, esta delegación permitirá a la Generalitat "desarrollar un modelo propio y una política integral", asegurando que las instituciones catalanas tengan un papel "determinante" en todas las fases de la relación de los migrantes con la Administración, dentro del marco de la legislación internacional y estatal.
Cataluña, "ventanilla única" en la gestión migratoria
El acuerdo establece que la Generalitat se constituirá como "ventanilla única" para la gestión de:
- Autorizaciones de estancia de larga duración
- Residencia temporal y de larga duración
- Expedición del NIE para extranjeros
- Devolución de migrantes con prohibición de entrada
Refuerzo policial y competencias sancionadoras
El acuerdo también prevé un incremento de 1.800 agentes en los Mossos d'Esquadra, lo que llevará su plantilla a un total de 26.800 efectivos. Además, la Generalidad asumirá la competencia sancionadora en los procedimientos administrativos vinculados a inmigración, incluyendo la resolución y ejecución de expulsiones. Las devoluciones de migrantes se ejecutarán a través de la propuesta de expulsión de la Generalidad, previa valoración de la Junta de Seguridad de Cataluña.
Contratación de extranjeros y lucha contra la trata
Otro punto clave del acuerdo es que la Generalitad decidirá, junto con empresas y sindicatos, los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros que podrán ser contratados en origen.
Asimismo, los Mossos d'Esquadra asumirán la prevención, persecución, protección y asistencia a víctimas de trata y explotación de seres humanos.
El PSOE justifica la cesión de competencias
El documento firmado por el PSOE y Junts justifica esta delegación de competencias bajo el argumento de que "Cataluña ha acogido siempre a mucha población migrante y ha logrado integrarla en su modelo de catalanidad". Según el texto, el 18% de la población catalana es extranjera y el 24% ha nacido fuera de Cataluña.
"La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat y las entidades locales", señala el pacto.
También se argumenta que esta delegación de competencias permitirá a Cataluña garantizar una "plena integración de los migrantes", basada en un sistema de "derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales".
El acuerdo con Puigdemont
El pacto con Junts llega en un momento clave para la gobernabilidad de Pedro Sánchez, quien depende del apoyo del partido de Carles Puigdemont para mantenerse en el poder. Junts, que votó a favor de su investidura, ha conseguido con este acuerdo una de sus principales exigencias.
El acuerdo genera fuertes reacciones en la oposición, que lo considera una "cesión inaceptable" ante los independentistas y sostiene que la implementación de esta nueva legislación podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno central y Cataluña.
