La brecha entre el coste de la vida y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos continúa agravándose en España. El acceso al mercado inmobiliario y el mantenimiento del hogar se han convertido en los principales factores de presión financiera para las familias, arrastrando a los hogares a tomar decisiones drásticas en su organización residencial y reduciendo drásticamente su capacidad de ahorro.
La brecha salarial y el esfuerzo inmobiliario tocan máximos en España
La compra de una vivienda en España exigió un promedio de 8,4 años de salario bruto íntegro durante el año 2025, lo que representa un incremento de 16 meses más de sueldo en comparación con los registros de 2024. Según el estudio conjunto elaborado por los portales Fotocasa e InfoJobs, el precio de la vivienda en venta cerró con un incremento anual del 20,5 %, situándose en los 2.879 euros por metro cuadrado.
Esta subida contrasta con la evolución de los salarios ofertados en InfoJobs. Aunque las retribuciones mantienen una tendencia positiva, con una media de 27.336 euros brutos anuales (2.278 euros mensuales si se divide en 12 pagas), el incremento salarial registrado en 2025 fue de apenas un 1%.
Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, señala que esta subida queda "muy lejos" del encarecimiento inmobiliario. Por su parte, María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, advierte de la gravedad del escenario: "España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia. Nunca los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de sueldo para comprar una vivienda".
Madrid y Baleares lideran el esfuerzo financiero frente a los territorios más accesibles
El tiempo necesario para costear un inmueble aumentó en 15 comunidades autónomas, manteniéndose estable únicamente en Navarra y Castilla-La Mancha respecto a 2024.
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Baleares se posicionó como la región con el mayor esfuerzo residencial: sus habitantes necesitaron destinar 15,1 años de su salario bruto íntegro para adquirir una vivienda, bajo un sueldo medio anual de 27.967 euros (2.331 euros brutos mensuales).
La Comunidad de Madrid registró el mayor crecimiento del esfuerzo financiero en 2025, incrementándose en 34 meses (2,8 años), al pasar de una exigencia de 12,2 años en 2024 a 15 años en 2025.
En el extremo opuesto, las provincias donde se requirieron menos de cinco años de sueldo para adquirir un espacio de 80 metros cuadrados fueron Jaén (3 años), Ciudad Real (3,2), Teruel (3,3), Toledo (3,7), Zamora y Ávila (3,9), Cáceres (4), Soria (4,2), Badajoz (4,4), Córdoba (4,6), Castellón (4,7), y Cuenca, Albacete, Lugo, Lleida y Burgos (todas con 4,8 años), cerrando Almería con 4,9 años.
Mudanzas forzosas y pisos compartidos: el impacto del alquiler en el modelo de hogar
La presión inmobiliaria no se limita a la compraventa. El V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026 revela que el 53,7 % de los encuestados ha tomado decisiones residenciales forzadas por el coste del alquiler.
Dentro de este grupo de afectados, un 16,3 % se mudó a una vivienda más pequeña y económica, un 12,7 % optó por compartir piso y un 12,1 % se trasladó a las afueras de los núcleos urbanos.
El estudio detalla que el 66 % de los hogares españoles destina más del 30 % de sus ingresos al alquiler, superando el límite del 35 % recomendado por los expertos para evitar el sobreendeudamiento. Esta situación es especialmente crítica en la Comunidad de Madrid, donde el porcentaje de hogares sobreendeudados por el alquiler se dispara al 73,8 %, y en Cataluña, donde alcanza el 71,9 %.
A pesar de la presión, la tasa de retraso en los pagos se mantiene baja: un 1,6 % en el caso de las hipotecas y un 3,1 % en los contratos de arrendamiento.
Radiografía de los ingresos en España: aumento de la vulnerabilidad y dependencia familiar
Los presupuestos familiares muestran signos de debilitamiento. El análisis de Cofidis evidencia un incremento notable de la vulnerabilidad económica en los últimos tres años: los hogares que viven con 1.000 euros al mes o menos pasaron de representar el 6,7 % en 2023 al 12,2 % en 2026 (uno de cada ocho hogares). Asimismo, el 37,6 % de las familias no supera los 2.000 euros mensuales, mientras que solo un 18,3 % declara ingresos superiores a los 4.000 euros. Además, el 34,3 % de los hogares subsiste con una única fuente de ingresos.
Para hacer frente a los costes habitacionales entre 2025 y 2026, un 26 % de los ciudadanos redujo otras partidas de su presupuesto. Paralelamente, los hogares capaces de cubrir el alquiler exclusivamente con su salario cayeron del 70 % al 66 %, obligando a un incremento del auxilio externo: el recurso a la ayuda de familiares y amigos para este fin subió del 5,5 % al 8,5 %.
En términos generales, un 14,7 % de los hogares españoles reconoce haber recibido apoyo económico externo en el último año. De ellos, el 46,6 % destinó estos fondos a necesidades básicas (alimentación y suministros), y un 23,5 % lo empleó para el pago de la vivienda (alquiler o hipoteca). Como reflejo de esta situación, el porcentaje de padres que ayuda económicamente a sus hijos aumentó del 11,4 % al 13,1 %. Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia lideran la lista de comunidades que superan la media nacional en recepción de ayudas externas.
La capacidad de ahorro se desploma frente a gastos imprevistos y la cesta de la compra
La precariedad financiera se traduce directamente en una nula o baja capacidad de ahorro para la mayoría de los ciudadanos. Según los datos del Observatorio, un 24 % de los hogares españoles no ahorra nada a final de mes, y un 32,4 % logra reservar menos del 10 % de sus ingresos.
Geográficamente, Asturias, Cantabria y el País Vasco lideran la capacidad de ahorro en el país, superando el 81 %. En el lado opuesto, Canarias, Andalucía y Murcia cierran la tabla con niveles de ahorro que rondan el 70 %.
Esta falta de remanente financiero expone a las familias ante cualquier eventualidad económica:
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Un 26 % de los hogares no podría asumir un gasto imprevisto de 5.000 euros.
Un 11 % no podría hacer frente a un imprevisto de 1.000 euros.
Un 7,2 % se vería en dificultades ante un pago inesperado de 500 euros.
Por último, el factor económico también condiciona los hábitos de consumo sostenible de los ciudadanos. El 56 % de los encuestados señala el precio como la principal barrera para elegir opciones de alimentación sostenibles. Mientras que un 11,3 % afirma no estar dispuesto a modificar sus hábitos, un 35,8 % adoptaría prácticas más sostenibles solo si existiera un retorno económico, ya sea mediante ahorro a largo plazo (35,8 %) o a través de un impacto positivo inmediato en su bolsillo (21,2 %).
