Juan Pablo Gallego: "La mayor diferencia entre la justicia de España y la de Argentina es la celeridad para resolver los casos"

- Aquí en España la situación judicial, en lo más cercano a la política, tiene cercados a personajes muy cercanos al presidente Pedro Sánchez en distintas causas. La característica de la justicia española es que es una justicia que está efectivamente integrada, donde además hay un Tribunal Constitucional en pleno, un Tribunal Superior. De modo tal que, aún cuando las causas cosas políticas siempre tienen ruido y opiniones de un lado y de otro, estamos ante una justicia con una tradición de muchos años funcionando. Y de hecho vemos como las causas que van teniendo sostén avanzan y las que no tienen peso rápidamente se descartan, cosa que a veces en Argentina no ocurre y alguien termina manchado por muchos años por algo que luego se comprueba falso. Aquí, tanto en la política y hasta puedo nombrar recientemente el caso de Julio Iglesias. Donde hubo una retractación de algunos medios de prensa. Y esto tiene que ver con que la justicia actuó muy rápido. Es decir, ¿existió el hecho, no existió el hecho?, ¿hay jurisdicción, no hay jurisdicción? Creo que una de las características fundamentales de la justicia tiene que ser esta. La celeridad.

- ¿Te referís a la velocidad porque permite a quien está implicado en un caso judicial que avance la causa y a quien no está implicado que sea deslindado rápidamente?

- Efectivamente, y esto lo hemos visto en muchos casos. Por ejemplo, en el que se quiso implicar a la pareja de la presidenta de Madrid (Isabel Díaz Ayuso), que quedó desvinculado prácticamente a partir de una de una investigación fiscal que parecía no tener sustento. Por otro lado, sí es cierto que distintos dirigentes importantes del PSOE hoy están en situaciones de alta dificultad. Y con un golpe político porque vienen de un partido que enarbolaba las cuestiones vinculadas a la transparencia. Y parecería que, a la luz de lo que estamos viendo y de dos o tres casos emblemáticos, que esto se desvanece.

- ¿Y a qué atribuís esa diferencia entre la justicia española y la argentina?

- Me parece que esta diferencia sustancial con la justicia argentina tiene que ver con que en la Argentina venimos arrastrando años de vacantes en todo el sistema judicial. Por otro lado, no logramos sostener a lo largo del tiempo una política judicial consistente y permanente. Aquí en España no hay cambio. Incluso digamos acá se puede ser crítico de un partido, del PSOE o ser crítico del Partido Popular, pero las instituciones tienen un funcionamiento regular en el sentido de una continuidad en el tiempo.

- ¿Las españolas son instituciones judiciales más sólidas?

- Exacto. Esa es la sensación. No es que llego yo y hago un Código Penal, llegas vos mañana haces otro Código Penal. Y cada vez es más importante el tema de la integraciones de los juzgados. De todos modos, en Argentina estoy con buena expectativa con la nueva designación del ministro de Justicia, Juan Mahiques, que es una persona conocedora del sistema judicial, desde adentro del sistema porque muchos años fue fiscal general en la Ciudad de Buenos Aires y, por primera vez, parece que comienza a articularse una política judicial. Por un lado, va a decir qué pasa con las vacancias en los juzgados, va a generar un diálogo con la Corte Suprema, que dicho sea de paso, requiere una integración. Es un tema anómalo el de la Corte Suprema que no se haya podido constituir. Hubo un intento fallido de incorporar dos miembros, creo que muy mal conducido políticamente. Hay quienes dicen que esto no es tan urgente o tan importante porque la Corte Suprema está funcionando bien. La Corte tiene tres muy buenos jueces y están trabajando bien. Ahora digo, como ciudadano si te toca ser enjuiciado o tener una dificultad judicial, uno quisiera ser juzgado por una Corte integrada en su totalidad. Entonces, me parece que es una prioridad la Corte. Venimos de perder dos años y algunos otros del proceso político anterior. No tenemos tampoco un Procurador General titularizado. Y esto es importantísimo porque se está instaurando en la Argentina el sistema acusatorio, donde el fiscal es prácticamente el dueño de la acción, con lo cual el Procurador General va a ser una suerte de cuarto poder.

"En la condena de Cristina Kirchner la justicia argentina funcionó bien"

- Juan Pablo, esta semana declaró en una de las causas judiciales que enfrenta la ex presidenta Cristina Kirchner, que está con prisión domiciliaria, y hay investigaciones judiciales que implican al gobierno como el caso Libra. ¿Cuál es el riesgo mayor que enfrenta hoy la justicia en la Argentina?

- Empiezo por el apunte de la ex presidenta, condenada además con sentencia firme y con prisión de momento domiciliaria. Es muy llamativo que alguien que ha sido primera mandataria y desconoce o desafía reglas elementales. Digo esto porque ha tenido colegas en su defensa de cierto prestigio, incluso desde aquí en España ha tenido grupos de asesores, pero pareciera que esta tendencia a chocar en esta indagatoria con el propio Tribunal, incluso por sus datos de identificación, hay cuestiones procesales que el Tribunal no puede obviar. Puedo saber que la señora se llama Cristina Fernández, pero se lo tienen que preguntar porque si no es nulo el acto. Entonces, creo que ese desafío la llevó, además de las pruebas que recogieron los fiscales durante años, a una condena irreversible. Creo que ahí la justicia argentina funcionó bien. Por supuesto que hay un sector político muy crítico a eso. Por eso insisto en que sería positivo que cuanto antes la Corte Suprema esté integrada por cinco miembros, porque seguramente Cristina Fernández va a tener otros juicios.

- ¿Y en cuanto a las dificultades judiciales que enfrenta el gobierno actual de la Argentina?

- El actual gobierno comienza a tener algunas dificultades que vamos a ver si salen del ámbito de la molestia política y si profundizan en un daño jurídico concreto. Vimos días atrás la situación que se planteó en relación a viajes del jefe de gabinete (Manuel Adorni). He mirado el caso desde afuera, pero hay elementos que probablemente generen más daño político que jurídico en términos del desgaste de la palabra. Evidentemente, el funcionario ha tenido un fallido con esto. Y, por otro lado, la cuestión del caso Libra, que por estos días también es noticia aquí en España. Es un tema complejo porque han aparecido pericias de teléfonos, muchísimas conversaciones entre distintas personas, y no olvidemos también que ahí, si es que hubo una estafa, sería una estafa de orden global, donde también este podría tener intervención la justicia de Estados Unidos. Es un tema muy delicado.

- ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno en términos judiciales?

- Yo creo que es aconsejable, y estoy casi comunicando con absoluta honestidad mi beneplácito por la nueva gestión del Ministerio de Justicia, creo que no debería usarse el Ministerio de Justicia para interferir en un sentido o en otro las causas que puedan mencionar al Presidente. Para eso hay abogados defensores y, si el Estado tiene una dificultad, para eso está el Procurador del Tesoro. Pero el Ministerio de Justicia debería encarrilar la política judicial, como lo anunció y creo que está comenzando a cumplir. Me parece clave primero que se cumplan las vacantes en todos los planos. Y segundo, en este comparativo que hacíamos con España, no podemos implementar un sistema acusatorio y no sabemos si tenemos los fiscales en el país, si no los tenemos, o si los nombramos y no saben de qué se tratan los temas. Pues es muy delicado. Es un sistema que puede significar un avance, pero también puede significar una catástrofe. Creo que la labor de Mahiques va a ser darle envergadura y darle sustancia al sistema acusatorio.

- Hace un mes, el presidente de la World Jurist Association que vos integrás, Javier Cremades, que es uno de los abogados más importantes de España, presentó aquí en Madrid "Sobre el imperio de la ley", el libro en el cual alerta sobre la situación en España, y en el mundo por los riesgos que enfrenta la ley en estos tiempos de incertidumbre política y hasta de conflictividad bélica. ¿Es un riesgo urgente que debemos atender?

- Sin dudas. Hoy el rol de la propia abogacía es central en el sostenimiento de la democracia. En el fortalecimiento del estado de derecho y debe coadyuvar efectivamente al imperio de la ley en todos los planos y sin manoseos de orden político. La verdad es que el libro de Javier refleja toda esta actividad que hemos desarrollado en estos años y que seguiremos por muchos más. Esta preocupación es centralmente la de un buen funcionamiento del estado de derecho global, sin que esto signifique intervencionismo. Pero sí esta opinión porque nos piden permanentemente desde distintos países y la verdad es que ha sido muy oportuno. El tema de la justicia y el del imperio de la ley son clave. Lógicamente, en la Argentina venimos acuciados por la economía y necesitábamos, quienes votaron a unos o a otros, a alguien que ordenara un poco, que bajara la inflación y empezara a tener razonabilidad. Pero ahora es un momento donde la justicia, y yo publiqué hace muy poco "La justicia en arenas movedizas", en un plano bastante similar en cuanto a la preocupación por la situación actual de la justicia. Sin justicia no hay democracia, no hay estado de derecho y por eso digo que es un muy buen momento para que lo pensemos y lo ejecutemos alejados del partidismo.