El Consejo Escolar del Estado ha recomendado abrir un debate sobre la necesidad de extender la educación obligatoria hasta los 18 años, una medida que implicaría que los estudiantes continúen su formación hasta finalizar el Bachillerato y, de esta manera, puedan acceder a la universidad.
Esta propuesta forma parte del informe 2024 sobre el estado del sistema educativo, aprobado por unanimidad durante el pleno del Consejo, que cuenta con la representación del Ministerio de Educación, sindicatos, patronales del sector público y privado, así como expertos en la materia.
El informe contiene 41 propuestas de mejora y refleja las inquietudes y necesidades del sistema educativo actual.
Prevención del ciberacoso y eliminación del sexismo
Además de la recomendación sobre la educación obligatoria, el documento incluye una serie de medidas en otros ámbitos clave. Entre ellas, destaca la creación de los consejos escolares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el impulso de acciones para prevenir el ciberacoso y la eliminación del sexismo en los libros de texto.
En el ámbito de la igualdad de oportunidades y la equidad, el Consejo Escolar insta a las administraciones a incorporar la perspectiva de género en la labor docente y tutorial.
Asimismo, se pide la implementación de medidas para garantizar la igualdad salarial entre los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, con especial énfasis en las retribuciones finales.
Inversión educativa del 5,5% del PIB para 2025
El informe también propone reducir la ratio de estudiantes por aula en todos los niveles educativos, estableciendo un máximo de 23 horas semanales para Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas para la ESO.
En cuanto a la equiparación salarial del profesorado, el Consejo no ha incluido la petición de los sindicatos y patronales de que todo el profesorado esté en el nivel A1, aunque sí se aboga por la promulgación del Estatuto de la Función Pública Docente.
El documento, que ha sido trabajado durante nueve meses y discutido en varias reuniones de la Comisión Permanente, también hace hincapié en la mejora de las becas, tanto en su cuantía como en los requisitos.
Además, se sugiere reducir el número máximo de alumnos en Educación Infantil de 3 años y garantizar una inversión educativa del 5,5 % del PIB para 2025, con un control riguroso de los fondos destinados a programas educativos.
Respecto a los centros educativos, el pleno del Consejo aprobó una enmienda de la Asociación de Padres y Madres de la Escuela Pública (CEAPA) para que se establezca un mecanismo de revisión anual que ajuste los conciertos educativos a las necesidades reales de escolarización en cada comunidad autónoma. Se señala que, de esta forma, se priorizaría la inversión en la red pública y se evitaría el desvío de recursos hacia conciertos innecesarios.
En cuanto a la educación en centros concertados, el Consejo ha instado a las administraciones a reforzar los controles para garantizar que no se piden aportaciones adicionales a las familias por conceptos relacionados con enseñanzas gratuitas. También se recomienda negociar la revisión y actualización del Real Decreto de normas básicas de conciertos educativos.
Por otro lado, el informe hace un llamado a estudiar el crecimiento de la demanda de los estudios de Formación Profesional (FP) y a ofrecer las plazas públicas necesarias para cubrir dicha demanda.
Finalmente, el sindicato STES-Intersindical ha solicitado que se amplíe la oferta de plazas públicas en los dos ciclos de Educación Infantil en las ciudades de Ceuta y Melilla, dado el elevado número de alumnos por aula y la necesidad de atención específica para los estudiantes que tienen lengua materna diferente al español, como el tamazight y el dariya.
FUENTE: EFE
