La tesis del Gobierno, esgrimida por el ministro del Interior Armando Benedetti, sostiene que la decisión del Senado de rechazar la convocatoria de la consulta popular, con 49 votos en contra y 47 a favor, se tomó sin que se leyera el informe que se sometió a consideración de la plenaria, lo que, según su interpretación, constituye un vicio de procedimiento.
"Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo con las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, dijo Petro en una intervención transmitida por la televisión nacional.
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“Ojalá que la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana”, agregó.
La Corte o el Consejo de Estado
Una vez Petro emita el decreto, lo primero que deberá definirse en Colombia es qué organismo tendrá la competencia para determinar su legalidad en vista de que la oposición, que sostiene que la decisión del Senado es válida y debe respetarse, buscará bloquear la medida a través de mecanismos jurídicos.
Dos actores serán clave en este proceso: la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La postura del Gobierno es que la competencia recae en la Corte, ya que, según la Constitución, este tribunal es el encargado de evaluar la constitucionalidad de las consultas populares de orden nacional, particularmente en lo relacionado con “vicios de procedimiento en su convocatoria y realización”.
Pero también está presente el Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, encargado de revisar los actos administrativos del Ejecutivo. Quienes se inclinan por su competencia destacan que este organismo recibirá una cascada de demandas contra el decreto, considerado un acto administrativo, y solicitarán medidas cautelares para suspender sus efectos hasta que se emita una decisión definitiva.
Rodrigo Uprimny, uno de los juristas más reconocidos del país, señaló en un análisis publicado por Dejusticia que, si el Gobierno considera que la votación en el Senado tuvo vicios, el camino adecuado sería solicitar su nulidad. Hasta que esta cuestión se resuelva, la decisión del Senado debería ser acatada.
“La votación que negó la consulta existió, pues fue anunciada por el presidente del Senado, se llevó a cabo y fue certificada por el secretario de esa corporación. Otra cosa es que pueda ser nula por el vicio señalado por Benedetti (que no creo que lo sea). Pero mientras no haya una decisión judicial anulando la votación, o el Senado mismo decida reconsiderarla y repetirla, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el presidente y el ministro del interior. Cualquier otra cosa es un prevaricato y una grave ruptura de la separación de poderes”, afirmó Uprimny.
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, reacciona al rechazo en el Senado a la consulta popular
AP
Las reacciones
Ocho partidos de distintas tendencias, entre ellos Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Liberal, emitieron un comunicado advirtiendo que si Petro convoca la consulta popular mediante un decreto al margen de la decisión del Congreso, ello constituiría una violación grave y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe al Estado de derecho.
“El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada”, dice el comunicado de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y la ASI.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mediante su cuenta de X, indicó que “es grave: constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de derecho y de nuestro sistema democrático”.
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El ex senador Humberto de la Calle, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también utilizó su cuenta en X y advirtió que “el anunciado decreto que convoca una consulta que había sido negada por el Senado, es una clara violación de la Constitución. El ejecutivo no puede anular actos del Congreso. Esa tarea corresponde a la justicia. Equivale a un golpe de Estado”.
La reforma laboral
La reforma laboral se ha convertido en un eje clave de la agenda legislativa del presidente Gustavo Petro. Sus principales iniciativas incluyen el refuerzo de los derechos sindicales, el incremento del recargo nocturno, la extensión de la licencia de paternidad y la regulación del empleo en plataformas digitales.
El proceso legislativo de la reforma ha sido complicado. Luego de ser archivada en marzo, la iniciativa fue retomada el 14 de mayo, coincidiendo con el rechazo del Senado a la consulta popular. Desde entonces, su avance ha sido acelerado, logrando la aprobación en tercer debate, aunque con cambios que el Gobierno considera inviables por lo que insiste en la consulta popular.
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Movilización a favor de la reforma laboral
AFP
"Lo que tramita el Senado no es mi reforma laboral, contiene partes, pero le agregaron un artículo que la derriba toda: la contratación por horas, hace inocuo el salario mínimo, la jornada diaria de 8 horas, las horas extras, y sobre todo la estabilidad laboral”, aseguró Petro en X.
El presidente agregó que “la reforma laboral se convierte con ese artículo en una verdadera contrarreforma de las más atrasadas de las que se han visto”.
Una ruptura costosa
El avance de la consulta popular por decreto no solo marcaría un choque institucional, sino que también podría afectar otros proyectos clave del Gobierno que esperan su turno en el Congreso. La reforma a la salud, la jurisdicción agraria y el presupuesto del próximo año podrían enfrentar mayores dificultades para lograr consensos en medio de la creciente confrontación.
Otro elemento a considerar es que la controversia profundizará la polarización política en un momento en que el país entra de lleno en la precampaña presidencial. Con las elecciones del próximo año en el horizonte, varios candidatos ya han comenzado su carrera por la presidencia, entre ellos la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López; el ex senador Mauricio Lizcano; David Luna, quien dejó el Senado para lanzarse; y Juan Daniel Oviedo, quien renunció a su puesto en el Concejo de Bogotá.
Por su parte, Petro calienta la calle. El presidente anunció su presencia en una marcha en Cali, una ciudad en la que su movimiento de izquierda ha contado con amplio respaldo.
“Este 11 de junio, los movimientos populares han decidido una movilización de la ciudadanía en el país. He decidido acompañarla. Estaré este 11 de junio en Cali, y espero toda la movilización del occidente del país, para decir que el pueblo no se rinde y le llegó la hora”, dijo el mandatario.
