En Bogotá, Cali y otras ciudades de Colombia, las interminables filas a las puertas de los dispensarios de medicinas se han vuelto parte del paisaje cotidiano. Pacientes con enfermedades como cáncer o Parkinson, exhaustos tras una noche de espera para amanecer cerca de la taquilla, regresan a casa con las manos vacías. Los noticieros con imágenes de su frustración retratan a un sistema de salud pública al borde del colapso.
En un comunicado emitido el 25 de marzo, la Defensoría del Pueblo destacó que “la crisis del sistema de salud en Colombia ha alcanzado niveles críticos”. El pronunciamiento afirmó que las quejas por la falta de entrega oportuna de medicamentos, el acceso limitado a servicios médicos esenciales y escasas oportunidades en medicina especializada aumentaron 75% en los últimos dos años.
En el sistema de salud pública, buena parte de los colombianos están afiliados a Entidades Promotoras de Salud (EPS), que reciben aportes del Gobierno para gestionar convenios con médicos especialistas, laboratorios, farmacias, atención de urgencias y otros servicios. Sin embargo, la cadena de atención tiene una pieza suelta que amenaza su funcionamiento.
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Personas hacen fila afuera de una farmacia para recoger medicamentos en Cali, Colombia, el 25 de marzo de 2025.
AFP
Las EPS argumentan que el Gobierno no les asigna suficientes recursos para cumplir con sus responsabilidades, incluyendo los pagos a los gestores o distribuidoras encargados de adquirir grandes volúmenes de medicinas para abastecer los dispensarios. Por otro lado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, las acusa de inflar los costos, asegura que no enfrentan déficit y afirma que los gestores están acaparando las medicinas.
“No permitiremos que los llamados gestores farmacéuticos que monopolizaron el mercado de las medicinas y elevaron artificialmente los precios, estén acaparando los medicamentos para sabotear las políticas de salud”, dijo Petro a través de su cuenta de X y agregó que “el acaparamiento va contra la ley". "Es criminal porque asesina. Si acaparan, iremos por los medicamentos”, apuntó.
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La amenaza de allanamientos
En su crítica contra las distribuidoras, Gustavo Petro pidió al superintendente de salud que “allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población (…) se allanen”, lo que motivó la advertencia de la ministra de Justicia, Ángela Buitrago: “Los allanamientos a centros privados y cerrados deben ser autorizados por un juez”.
Ante esto, la Superintendencia de Salud realizó una auditoría en uno de los depósitos de Audifarma, una de las principales distribuidoras de medicinas. Según el organismo, se encontraron suficientes existencias de ocho de los medicamentos más demandados, incluyendo un lote de 113.000 unidades de insulina, y se ordenó su traslado a los dispensarios en un plazo de 24 horas.
Para Petro esta es la prueba de la conspiración. “Durante meses hay escasez de medicamentos de insulina en Colombia en los dispensarios, pero están llenas las bodegas. Nos creen bobos. Las medidas penales deben comenzar”, dijo a través de X.
Gustavo Petro - EFE.webp
Presidente de Colombia, Gustavo Petro.
EFE
La insuficiencia de recursos
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el gremio que representa a los comerciantes, afirmó en un comunicado que la cantidad de insulina en la bodega de Audifarma corresponde al nivel normal de acopio. Además, señaló que las fallas en la entrega de medicinas se deben a la deuda del sistema de salud, equivalente a 970 millones de dólares, “con una mora superior a 600 días, lo que afecta el flujo de caja y los recursos disponibles para la compra de medicamentos”.
Desde esta perspectiva, la deuda acumulada por las EPS, dependientes de los aportes del Gobierno para la adquisición de medicamentos, se presenta como una de las principales explicaciones de las fallas en el sistema.
Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, el gremio que agrupa a las compañías farmacéuticas, dijo a Caracol Radio que “año tras año el sistema tiene una deuda que se iba solventando poco a poco". "Estamos apenas solventando deudas de 2022. Colapsamos, la cadena se rompió. Los medicamentos se producen, se traen al país y se entregan. Pero se rompe la cadena por el punto de los pacientes", apuntó.
Un aspecto clave que respalda este argumento es que la Corte Constitucional instó al Ministerio de Salud a revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo utilizado para determinar los recursos que el Estado entrega a las EPS por cada paciente afiliado, al considerar que el monto actual resulta insuficiente para cubrir los gastos del sistema.
La intervención de las EPS y la ley
Personas hacen fila para reclamar medicamentos en la cadena de droguerías Audifarma, en Bogotá - EFE.webp
Personas hacen fila para reclamar medicamentos en la cadena de droguerías Audifarma, en Bogotá.
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Desde la perspectiva de Petro, el epicentro de la crisis es la corrupción dentro de las EPS. El año pasado, intervino a siete de estas entidades, incluyendo dos de las más importantes. Aunque esta medida aumentó su control sobre el sistema, también lo debilitó en el debate público, ya que resulta difícil repartir culpas cuando un número significativo de las EPS está bajo administración del Gobierno.
El aspecto central radica en que el Congreso tiene en sus manos una reforma legal que propone, entre otras medidas, eliminar la intermediación financiera de las EPS. Esta reforma busca que los aportes del Gobierno se entreguen directamente a clínicas y hospitales, dejando a las EPS con el rol de auditar a estas instituciones.
La reforma fue aprobada en primera instancia, pero necesita la aprobación final de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde tendría mayoría, y del Senado, que recientemente hundió su reforma laboral.
La propuesta de la Defensoría del Pueblo
Ante el peligro que corren los pacientes, la defensora del pueblo, Iris Marín, propuso en su comunicado la creación de “puestos de mando unificado en salud” para que atiendan con prontitud casos críticos en las regiones más afectadas, una mesa técnica para ajustar los pagos a las EPS y agilizar la entrega de medicinas.
“La insuficiencia de recursos en dinero debe ser resuelta por un canal paralelo que no condicione la entrega de bienes y servicios de salud a la solución de las diferencias sobre la financiación de los mismos”, dijo Marín en el comunicado.
Agregó que “cualquier argumento basado en la falta de recursos es inadmisible. No se puede condicionar la salud de la gente a disputas sobre financiación”.
Petro se ha enfrentado a un primer trimestre marcado por el fracaso de los diálogos de paz, miles de desplazados y decenas de muertos en combates entre grupos guerrilleros, la renuncia de ministros y el hundimiento en el Senado de la reforma laboral, que busca eludir mediante un referendo popular. En medio de esta turbulencia, el colapso del sistema de salud se suma como un desafío crítico para un Gobierno al que solo le restan año y medio en el poder.
