Colombia se enfrenta a una ola de violencia que devuelve al país a un escenario de terror. De acuerdo con la medición de Indepaz, una organización que hace seguimiento al conflicto armado, en los primeros cuatro meses de este año ha habido 48 masacres en el país, la cifra más elevada de los últimos diez años para este período. El saldo es de 219 víctimas mortales.
Las cifras de Indepaz muestran que la violencia se ha extendido a 44 municipios de Colombia y a 19 departamentos, con presencia en regiones tan diversas como La Guajira, Nariño en el suroccidente, Putumayo y Norte de Santander.
En los últimos cinco días las disidencias de las FARC han sembrado el terror en el sur, en Valle y Cauca convirtiendo a la seguridad en una de las principales preocupaciones a un mes de las elecciones presidenciales.
El pasado fin de semana, un cilindro bomba explotó en la vía Panamericana —principal carretera del sur de Colombia—, abrió un enorme cráter y cubrió el pavimento de chatarra. El balance oficial confirma 21 civiles muertos y 56 heridos, entre ellos cinco menores de edad en condición estable y tres pacientes en cuidados intensivos.
Casi en simultáneo se registraron otros ataques. En Cali, un bus escolar explotó frente a un batallón militar y se produjeron detonaciones cerca de instalaciones castrenses. Palmira también fue escenario de explosiones, mientras que en Jamundí se reportaron hostigamientos armados y un carro bomba. En total, las autoridades contabilizaron 26 atentados.
Desde el inicio, las investigaciones señalaron a las estructuras bajo el mando de “Iván Mordisco”, jefe de la facción de las antiguas FARC que se negó a firmar el acuerdo de paz y consolidó en el suroccidente colombiano su principal bastión de poder.
Según la Fundación Ideas para la Paz, las disidencias comandadas por Iván Mordisco —que se autodenominan Estado Mayor Central— cuentan con 2.692 combatientes y 1.327 integrantes en sus redes de apoyo.
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Iván "Mordisco" a la izquierda junto a alias "Calarcá"
EFE
La violencia empaña el escenario electoral, ya marcado por el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe en 2025 y por las denuncias de amenazas de muerte contra los tres principales aspirantes: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
En declaraciones a El Espectador, el director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, advirtió que “el accionar tan contundente de estas estructuras, especialmente de las disidencias del Estado Mayor Central generan incertidumbre sobre las condiciones para realizar el proceso electoral en esta zona”.
Añadió que el impacto estaría “entre control territorial y movilidad que puede significar que en algunos lugares puedan impedir el desarrollo de las elecciones o presionar a que la comunidad de estos territorios vote por determinadas orientaciones que estos grupos armados les establezcan”.
Beneficiar a la derecha
El presidente Gustavo Petro calificó de narcoterroristas a los grupos armados. “Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados. Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, afirmó. Y añadió: “Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional”.
El pasado lunes, Petro vinculó la acción de las disidencias de las FARC con el proceso electoral y sostuvo que buscan sembrar miedo para favorecer a los candidatos de derecha. “No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones, que es lo que quiere la junta del narcotráfico, que la extrema derecha gobierne”, declaró.
Gustavo Petro - 8-3-26- AFP
Según ha explicado en ocasiones anteriores, lo que Petro denomina la “junta del narcotráfico” sería una estructura integrada por jefes de alto rango que operan desde Dubái. “El jefe de los frentes del Cauca no es Iván Mordisco, que es el segundo en jerarquía. Es la Junta del narcotráfico”, aseguró.
La paz total
El episodio del Cauca expone con crudeza el fracaso de la paz total, la promesa más ambiciosa del gobierno de Petro. Lo que nació como un proyecto para desarmar simultáneamente a narcoguerrillas y estructuras criminales, se ha convertido en un proceso desgastado, con avances mínimos y rupturas sucesivas.
A cuatro meses de que finalice el gobierno, el escenario es muy distinto al prometido. El diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue suspendido en enero tras los crímenes cometidos por esta narcoguerrilla en el Catatumbo. El intento de acuerdo con el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, otra disidencias de las FARC tampoco avanzó.
El Clan del Golfo, la sofisticada estructura que opera como un holding criminal, anunció que será imposible firmar un acuerdo en el mediano plazo y está en suspenso la negociación con el Estado Mayor de Bloques, otro grupo surgido de las divisiones de las FARC liderado por “Calarcá”.
La Fundación Ideas para la Paz precisa en su último informe que los grupos ilegales se han fortalecido, aumentando su número de combatientes y afianzando su control territorial.
“A diciembre de 2025, estas estructuras sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5% respecto a diciembre de 2024. En solo un año, más de 5.000 personas se incorporaron a estas organizaciones ilegales”, dice el informe.
El Clan del Golfo lidera ese aumento, con casi 2.300 nuevos integrantes, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central, las disidencias que lidera Mordisco. Ni las operaciones militares, ni los procesos de negociación, ni las ofertas de sometimiento han logrado frenar su capacidad de reclutamiento. Los grupos ofrecen salarios y otros incentivos en territorios donde el Estado llega tarde o no llega”, añade.
La capacidad militar de los grupos armados se potenció con el uso de drones, una tecnología que reduce costos y resulta más efectiva para atacar a la Fuerza Pública. Según datos oficiales, en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024.
De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia en el país —de los cuales 1.390 eran ataques contra la población civil (entre ellos, homicidios, amenazas y acciones de control social)— que afectaron a más de 1,6 millones de personas.
