7 de febrero 2026 - 15:25hs

"Aranceles" fue una de las palabras que marcó el primer año del mandato de Donald Trump. La guerra comercial iniciada por su administración provocó un desorden geopolítico a gran escala con un impacto profundo en la economía global. Sin embargo, la legalidad de estas medidas fue fuertemente cuestionada a nivel interno, y ahora la Corte Suprema de Justicia decidirá si su aplicación fue legítima. El fallo será determinante para la continuidad de la política exterior de Trump y, aunque la Casa Blanca confía en un resultado favorable, ya prepara planes de contingencia para reemplazar los gravámenes en caso de un revés judicial.

La Corte Suprema aceptó el caso en septiembre pasado bajo la premisa de una resolución expedita. El tribunal estableció un cronograma acelerado y celebró los argumentos orales el 5 de noviembre; sin embargo, durante la audiencia, varios magistrados manifestaron escepticismo sobre la legalidad del uso de Trump de los poderes de emergencia derivados de una ley de 1977.

Barco con importaciones en California. Aranceles. AP

Aunque se esperaba un veredicto para inicios de enero, los nueve jueces entraron en receso y está previsto que vuelvan a sus estrados, y posiblemente emitan opiniones, para el 20 de febrero. Si bien podrían interrumpir sus vacaciones para emitir un fallo anticipado, una medida de ese tipo resultaría sumamente inusual.

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Mientras tanto, la atención se centra en la deliberación de los magistrados, cuyo fallo tendrá consecuencias de gran alcance: podría reafirmar el rumbo de esta segunda presidencia o, por el contrario, sentar un precedente crucial sobre los límites del poder ejecutivo, obligando al mandatario a dar marcha atrás en una de sus políticas fundamentales. Ante este escenario, la administración ya se prepara para ambos desenlaces.

¿Sobre qué se tiene que pronunciar la Corte?

Específicamente, los jueces deberán pronunciarse sobre el apego a las normas de la acción interpuesta por el Ejecutivo, sustentada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

En abril, Trump denunció una balanza comercial desfavorable para Estados Unidos, cuyo resultado, aseguró, representaba una amenaza para la seguridad nacional y la economía, lo que motivó la imposición de aranceles a prácticamente todos sus socios comerciales. Las cifras oscilaron entre el 10% y el 40% en su mayoría, aunque en casos como el de China la disputa los llevó por encima del 100%.

Trump aranceles AP 1

Sin embargo, empresas de todos los sectores interpusieron demandas ante la Justicia, alegando que la IEEPA no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles y, por tanto, Trump se extralimitó en sus funciones al tomar esta medida y evadir la tradicional aprobación del Congreso sobre cuestiones tributarias.

La Casa Blanca insiste en que se trata de una acción en respuesta a una "amenaza inusual y extraordinaria" y que su efecto ha sido positivo para el país, a meses de haberse introducido.

La resolución de la Corte Suprema será histórica y sentará un precedente sobre la separación de poderes, el uso de facultades de emergencia y el alcance de las órdenes presidenciales. Y es que, si la Justicia confirma la interpretación de la IEEPA por parte de Trump, entonces podría dar lugar a otras acciones unilaterales futuras sobre un abanico de temas, ya sean cuestiones climáticas, económicas o tecnológicas, sin su paso por el Legislativo.

Las opciones de Trump frente a un dictamen en contra

Si la Corte Suprema anula los aranceles de Trump, la Casa Blanca planea reemplazarlos de manera casi inmediata con otros gravámenes. Así lo adelantó Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos. Greer, principal negociador comercial de la administración, aseguró en una entrevista con The New York Times que ante cualquier fallo adverso comenzarán a restablecer las tasas "al día siguiente" para abordar los problemas identificados por el mandatario.

Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos. AP
Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos.

Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos.

Aunque se mostró optimista en que el tribunal fallará a favor del gobierno, reveló que el equipo de asesores ya presentó al presidente un abanico de alternativas legales para imponer aranceles similares a nivel global. “La realidad es que el presidente mantendrá los aranceles como parte integral de su política comercial a futuro”, sentenció.

Si bien el presidente dispone de otros estatutos arancelarios de gran alcance, estas normativas suelen exigir procesos de investigación, informes técnicos o una justificación sólida basada en la economía o la seguridad nacional. Este marco legal restringe la flexibilidad de Trump, limitando su capacidad para imponer gravámenes por impulsos políticos, como ocurrió con sus amenazas a Canadá por los anuncios televisivos difundidos con críticas hacia el enfoque comercial de Trump o las sanciones a Brasil después del procesamiento judicial de su aliado, el ex presidente Jair Bolsonaro.

Greer aseguró que Trump tenía otras alternativas. Entre ellas destacó la Sección 301, que usó en su primer mandato para imponer aranceles a las exportaciones chinas y que sobrevivió a muchos desafíos legales. Además sostuvo que el presidente podría imponer aranceles usando la Sección 232, un estatuto de seguridad nacional, la Sección 122, una autoridad legal que se relaciona con problemas de balanza de pagos, o la Sección 338, que permite a los Estados Unidos responder cuando otro país discrimina de manera única en su contra.

“El Congreso delegó, de manera apropiada, una vasta autoridad arancelaria en la figura del presidente de los Estados Unidos”, concluyó el funcionario.

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Interpretación novedosa de la emergencia nacional

Recientemente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentó justificar el uso de las facultades de emergencia argumentando que los aranceles son preferibles a un conflicto armado por el control de Groenlandia. “La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional”, afirmó Bessent a en una entrevista con NBC, subrayando que el mandatario utiliza el “poderío económico de EEUU para evitar una guerra caliente”.

Sin embargo, esta postura despertó fuertes críticas. Diversos críticos y expertos legales calificaron las amenazas arancelarias contra Europa como un uso "descarado e indebido" del estatuto de emergencia. Incluso advirtieron que estas tácticas podrían ser contraproducentes para la propia defensa legal del gobierno ante la Corte Suprema.

“Los poderes de emergencia son para emergencias; no hay ninguna con Groenlandia. Es ridículo”, dijo el senador republicano de Kentucky, Rand Paul.

Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. AFP

En la misma línea, Stephen Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, dijo en diálogo con The New York Times que “no es exactamente una buena imagen para la administración Trump, mientras trata de persuadir a la Corte Suprema de respaldar una interpretación novedosa y atextual de la IEEPA”, amenazar con un uso aún más novedoso del mismo estatuto. “El presidente Trump no está favoreciendo sus propios argumentos legales”, añadió Vladeck.

A diferencia de otros casos, aquí no existe un plazo legal inminente para el fallo. Esto permite que el gobierno continúe recaudando aranceles mientras la batalla judicial se prolonga. Según estimaciones de Bessent, los ingresos por estos gravámenes podrían alcanzar el billón de dólares para junio, que es cuando el tribunal suele concluir todas las opiniones escuchadas en una sesión anual. Mientras se espera la sentencia, Trump sigue consolidando una política exterior basada en los aranceles que no tiene precedentes.

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