El Plan de Universalización del Saneamiento impulsado por la administración de Luis Lacalle Pou para 61 localidades del interior del país finalmente intervendrá 28 durante este período de gobierno, según la presentación realizada por el presidente de OSE, Pablo Ferreri, ante el Parlamento.
Ante la comisión de Vivienda, Ferreri detalló los argumentos que llevaron a la empresa pública a “reformular” el proyecto y cuestionó que había un descalce de casi US$ 260 millones entre lo que se precisaba para las obras y el financiamiento que existía.
Ferreri aseguró que inicialmente se estimó un costo de US$ 284 millones (sin incluir la operación y el mantenimiento) y existía un préstamo por US$ 325 millones. Sin embargo, el presidente de OSE aseguró que esa proyección estaba mal hecha.
“Ahora, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a corregir algunos de los problemas, no se corrigieron todos, vinculados a esa primera prefactibilidad, la adjudicación terminó siendo por US$ 431 millones. Es decir, cuando se bajó a tierra parte de los problemas reitero, no todos, el costo ya no era 284, sino que era 431. Ya vemos que hay una diferencia importante en este aspecto”, aseguró según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
Esa nueva estimación fue realizada por el gobierno anterior. Sin embargo, según Ferreri, inicialmente se había calculado un monto de US$ 29 millones para las conexiones intradomiciliarias. “El Directorio anterior renegoció el contrato y le quitó las conexiones intradomiciliarias. Por eso, el contrato pasa de US$ 431 millones a US$ 407 millones. O sea, se decidió sacar las conexiones intradomiciliarias mediante una renegociación, que redujo el monto del contrato”, apuntó el presidente de la empresa pública.
Además, el anterior directorio se había comprometido a poner US$ 28 millones para expropiaciones, servidumbres y estudios y había otros US$ 50 millones para obras complementarias.
Cuando en marzo de 2025 asume el nuevo directorio empezaron a revisar el contrato. Según Ferreri, la administración anterior no tuvo en cuenta “la normativa ambiental” en la prefactibilidad y “varios proyectos no cumplían con la normativa ambiental”.
“A medida que vamos avanzando con el proyecto definitivo vamos incluyendo sobrecostos vinculados al cumplimiento de la normativa ambiental y, obviamente, eso encarece los proyectos”, apuntó Ferreri y agregó que la ejecución estaba prevista en tres años y eso es “inabordable para OSE”.
“Estamos hablando de muchas localidades con trámites complejos que no se hacen de un día para el otro; no lo puede hacer ni el consorcio que ganó la licitación, no lo puede hacer OSE y no lo puede gestionar el Ministerio de Ambiente. Esos tiempos no fueron incluidos en el programa inicial”, agregó.
Esa ejecución en tres años, además, implicaba una ejecución de casi US$ 120 millones por año mientras que el promedio histórico de la empresa es de entre US$ 32 millones y US$ 35 millones. Para el presidente de OSE es “inviable” aumentar por cuatro o por cinco su capacidad de gestión de un día para el otro. “No lo puede hacer, es tan sencillo como eso”.
En total, resumió Ferreri, OSE tenía un contrato por US$ 407 millones sin IVA y el directorio, además, había establecido la posibilidad de un 5% adicional por imprevistos y un 15% por ajustes paramétricos. Eso da un subtotal de US$ 479 millones.
A su vez, para llevarlo adelante OSE se tiene que hacer cargo de las conexiones intradomiciliarias, había asumido el compromiso de hacer las plantas de tratamiento en Mercedes y Dolores con Fonplata y asume el aporte local al préstamo.
“Eso genera, entre las conexiones intradomiciliaras, las plantas de tratamiento y el aporte local de OSE, un subtotal de costos asociados al contrato de US$ 104 millones. Esos son compromisos por US$ 583 millones. El préstamo de Fonplata es por US$ 323 millones. La diferencia entre el préstamo y los compromisos es de US$ 260 millones para un organismo que estructuralmente tiene problemas financieros y que no puede bancarse por sí mismo. Entonces, obviamente que hay que conjugar ambos elementos”, explicó Ferreri.
Las localidades
En ese contexto, OSE decidió reducir de 61 localidades a 28 las que serán intervenidas en el marco de este plan. Ferreri también criticó la falta de criterio en la selección de las localidades y aseguró que “no hay un documento escrito con los criterios técnicos de por qué se priorizaron esas 61 localidades y no otras”.
“Un dato para manejar es que de las 61 localidades, hay 31 localidades con menos de 5.000 habitantes y 12 con menos de 2.500 habitantes”, dijo. Ese aspecto fue criticado por el diputado del Partido Nacional, Juan Pablo Delgado, ya que dijo que existe “discriminación” a las localidades menores y aseguró que es de “justicia territorial” ir a las localidades menores.
“Obviamente, el criterio inicial tiene que ver con atender aquellas localidades con mayor volumen y densidad de población, y con buscar mecanismos alternativos para aquellos lugares que tengan menor densidad y menor volumen de población”, dijo sobre la priorización realizada por esta administración.
Entre las localidades seleccionadas hay varias capitales departamentales: Tacuarembó, Rivera, Rocha, Minas, Salto, Mercedes, Colonia del Sacramento, San José de Mayo y hay localidades como Las Piedras, Young, Libertad y Guichón. De todos modos, desde OSE aseguraron que el contrato aun no está cerrado y aun se puede sumar alguna otra localidad.
De esta forma, hay 33 localidades que estaban previstas en el plan inicial de la administración anterior que quedan por fuera en este período. Según una respuesta a un pedido de informes realizada por Delgado, en algunas localidades de Canelones las obras recién empezarán en el segundo semestre de 2029 (Tala, Sauce, Suárez y Toledo).
