El derecho a la ciudadanía por nacimiento: otra de las "batallas" de Trump que deberá definir la Corte Suprema en EEUU
La Corte Suprema está analizando la legalidad de una orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato, que busca limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La medida forma parte de su política de línea dura contra la inmigración. Cómo es el debate y la postura de las organizaciones latinas.
Donald Trump hizo algo inédito este miércoles: fue el primer presidente de Estados Unidos en funciones en asistir a una audiencia de la Corte Suprema durante los alegatos orales. Durante una hora y media se mantuvo en silencio, mientras las partes daban sus argumentos sobre un caso que trata uno de los temas claves de su mandato: el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Apenas asumió, en enero de 2025, el republicano emitió una orden ejecutiva para limitar este derecho, considerado uno de los elementos constitutivos del país, que garantiza que cualquier nacido en EEUU es ciudadano estadounidense. En el marco de su línea dura contra la inmigración y su campaña de deportaciones masivas, el decreto establecía que el derecho se limitaba a aquellos con al menos uno de sus padres con ciudadanía o residencia permanente. Esto deja afuera a los hijos de inmigrantes sin papeles y de residentes temporales.
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Trump firmó el decreto sobre el derecho a la ciudadanía en su primer día en la Casa Blanca
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La decisión fue rápidamente llevada ante la justicia, fue bloqueada por decenas de tribunales y nunca entró en vigor. Ante esto, Trump recurrió a la Corte Suprema, que deberá definir la legalidad de la medida. Se espera que la decisión del tribunal se conozca entre junio y julio.
Trump escuchó atentamente el miércoles cómo los magistrados, tanto los liberales como los conservadores, bombardeaban con preguntas al abogado del gobierno, D. John Sauer. Varios de ellos, entre ellos tres nominados por él para el tribunal, cuestionaron sus planes de restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Poco después, cuando la parte contraria daba sus argumentos, se retiró del lugar. Y luego escribió en su red Truth Social: "¡Somos el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para permitir la ciudadanía 'por nacimiento'!". Estados Unidos está, sin embargo, dentro de un grupo de unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, bajo el principio de "derecho de suelo". La mayoría se encuentra en el continente americano, entre ellos Canadá y México.
Aunque algunos especialistas consideraron que la presencia de Trump buscaba intimidar al máximo tribunal, otros los desestimaron. "Es algo así como una inversión de las frecuentes apariciones de los magistrados en el discurso sobre el Estado de la Unión", señaló Richard Re, profesor de derecho constitucional en Harvard, a la agencia AP. "No creo que los jueces se dejen intimidar, sin importar lo que haga el presidente", expresó.
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento
La orden ejecutiva de Trump del año pasado, que se titulaba "Proteger el valor y significado de la ciudadanía estadounidense", hacía una interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución muy distinta a la que se sostuvo durante más de 100 años y aseguraba que no garantiza "que se extienda la ciudadanía universalmente a todos los nacidos en Estados Unidos". El presidente sostuvo entonces que la ciudadanía por nacimiento funcionaba como un "imán para la inmigración ilegal".
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen", reza la ley, ratificada en 1868, cuando Estados Unidos intentaba recomponerse tras la Guerra Civil.
El objetivo en ese momento era garantizar que las personas negras, incluidas las que solían ser esclavas, tuvieran ciudadanía, aunque la cláusula estaba redactada de manera más amplia. Desde entonces, fue aplicada prácticamente a todos los nacidos en EEUU, salvo hijos de diplomáticos extranjeros y a los nacidos de una fuerza extranjera de ocupación.
Ciudadanía por nacimiento - protesta frente a Corte Suprema (3) - 1-4-26- AFP
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La administración Trump sostiene que la visión común sobre la ciudadanía es errónea, al afirmar que los hijos de no ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. El argumento del líder MAGA y los miembros de línea dura es que, en medio del fuerte crecimiento de la población migrante en el país, los recién llegados y sus hijos aprovechan recursos que de otra forma serían para la población ya establecida.
En la audiencia del miércoles, los jueces preguntaron sobre la base legal de la orden y expresaron preocupaciones más prácticas. "¿Cómo funcionaría?", preguntó la magistrada conservadora Amy Coney Barrett. "¿Cómo se juzgarían estos casos? En el momento del nacimiento no se sabrá si tienen la intención de quedarse o no, incluidos, por cierto, los ciudadanos estadounidenses", señaló, según NPR.
"¿Esto ocurrirá en la sala de partos?", preguntó la magistrada liberal Ketanji Brown Jackson, cuestionando la logística de cómo el gobierno determinaría quién tiene derecho a la ciudadanía y quién no.
"Ahora vivimos en un mundo nuevo", afirmó el procurador general Sauer ante la corte. "Millones de personas están a solo un vuelo de distancia de tener un hijo con la ciudadanía estadounidense", aseguró. Ante esto, el juez John Roberts, presidente del máximo tribunal, le contestó: "Es un mundo nuevo, pero es la misma Constitución".
Ciudadanía por nacimiento - protesta frente a Corte Suprema - 1-4-26- AFP
Protesta frente a la Corte Suprema a favor del derecho a la ciudadanía por nacimiento
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Amy Coney Barrett puso además en tela de juicio el argumento de Sauer que aseguraba que la 14 Enmienda estaba dirigida solo a los hijos de antiguos esclavos, y cómo esa interpretación encajaba en el caso de los esclavos que fueron llevados ilegalmente al país. "¿Cómo se aplicaría a los hijos de las víctimas de la trata de personas en la actualidad?", apuntó, según recogió NBC News.
El juez conservador Samuel Alito fue uno de los que se mostró más abierto a los argumentos del gobierno, al sugerir que sería razonable aplicar la expresión "sujeto a la jurisdicción" que establecía la ley a nuevas situaciones que no se habían contemplado en el momento en que se redactó. "Lo que nos ocupa aquí es algo que era prácticamente desconocido en el momento en que se aprobó la 14 Enmienda, a saber, la inmigración ilegal", afirmó.
El rechazo a la decisión de Trump
La abogada Cecilia Wang, directora jurídica de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), fue la encargada de argumentar contra el decreto de Trump ante la corte. "Tenemos al presidente de los Estados Unidos intentando reinterpretar radicalmente la definición de la ciudadanía estadounidense", declaró Wang, que es hija de inmigrantes y no habría obtenido la ciudadanía al nacer si en ese momento se hubiera aplicado la definición de la administración Trump de la ley.
"Salí de la sala del tribunal pensando en mis padres y en tantas familias que vinieron aquí en busca de refugio, oportunidades y el estilo de vida estadounidense. Estamos totalmente convencidos de que este decreto, ilegal y contrario a los valores estadounidenses, será anulado", señaló la abogada en un comunicado.
Ciudadanía por nacimiento - Cecilia Wang, ACLU - 1-4-26- AFP
Cecilia Wang, de ACLU, frente a la Corte Suprema
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En su momento, la orden ejecutiva fue duramente cuestionada por las organizaciones latinas de Estados Unidos. "Esto no es sólo un ataque a la 14ª Enmienda, sino un ataque directo a los derechos fundamentales y la dignidad de nuestra comunidad. La ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una piedra angular de la democracia estadounidense, asegurando que cada niño nacido en este país tenga los mismos derechos", manifestó Katherine Pichardo, presidenta y CEO de Latino Victory, en declaraciones a El Observador USA.
Pichardo, nacida en la República Dominicana y criada en Nueva York, consideró que "para la comunidad latina, las consecuencias son devastadoras".
La organización civil latina LULAC, la más antigua del país, también cuestionó la medida firmada por Trump y advirtió sobre el impacto que tendrá en las familias migrantes. "Aunque apoyamos políticas de inmigración sensatas, también debemos defender la Constitución de Estados Unidos. Cualquier intento de socavar el derecho de nacimiento constitucionalmente protegido de los nacidos en este país es una afrenta tanto a nuestras leyes como a la decencia humana", indicó su presidente, Roman Palomares, en un comunicado.
Más de un cuarto de millón de bebés nacidos en Estados Unidos cada año se verían afectados por la orden ejecutiva, según investigaciones del Migration Policy Institute y del Population Research Institute de la Universidad Estatal de Pensilvania.
A la vez, según un informe de 2025 del Instituto de Política y de Políticas Latinas de la UCLA, el decreto afectaría especialmente a la comunidad latina en Estados Unidos: alrededor del 75% de los hijos de no ciudadanos son hispanos, 12% son de origen asiático, 6% son blancos y 5% son negros.
Por su parte, Abraham Paulos, subdirector de la Alianza Negra por una Inmigración Justa, dijo a Axios: "Considero que el ataque del régimen de Trump a la 14. Enmienda (...) forma parte de un discurso y una narrativa de supremacistas y nativistas blancos".
