El ambicioso intento de Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos quedó, al menos por ahora, paralizado por una serie de fallos judiciales adversos que impidieron su entrada en vigor. Aunque la reciente decisión de la Corte Suprema parecía allanar el camino para aplicar la polémica medida, los tribunales inferiores se movieron en la dirección contraria y bloquearon la orden ejecutiva por considerarla inconstitucional.
Fue en enero, durante su primer día como presidente, cuando Trump firmó la orden ejecutiva con la que buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Su iniciativa, que pretendía negar ese derecho a hijos de migrantes en situación irregular o con residencia temporal, fue rápidamente impugnada y bloqueada por varios tribunales.
Ante esta situación, el presidente recurrió a la Corte Suprema, no para que se pronunciara sobre la constitucionalidad del decreto, sino para cuestionar las suspensiones a nivel nacional impuestas por jueces federales. En junio, el máximo tribunal falló a su favor al establecer que los tribunales inferiores no pueden emitir prohibiciones de alcance nacional de manera indiscriminada contra medidas del Poder Ejecutivo.
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Protesta frente a la Corte Suprema
AFP
La Corte otorgó a los tribunales inferiores y a las partes involucradas un plazo de 30 días para determinar los próximos pasos, dando la posibilidad de buscar una solución a nivel nacional mediante demandas colectivas y solicitar la certificación de estas demandas a nivel nacional. Si en ese plazo no se presentaban nuevas demandas, el decreto del presidente podía entrar en vigor en al menos 28 estados donde no existían bloqueos judiciales, poniendo fin a más de un siglo de jurisprudencia.
Sin embargo, los tribunales inferiores actuaron con rapidez: tres tribunales de distrito en New Hampshire, Maryland y Boston emitieron fallos adversos que mantuvieron la medida cautelar vigente y consideraron la orden inconstitucional.
Los fallos que complican al gobierno
A comienzos de julio, el juez federal Joseph LaPlante, con sede en New Hampshire, emitió un fallo que bloqueó la implementación de la orden de Trump en todo el país. La decisión surgió a raíz de una demanda colectiva impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una vía que la propia Corte Suprema había señalado como válida para detener la aplicación de políticas que afecten a grandes grupos. Hasta el momento, el Departamento de Justicia no apeló el fallo.
El Ejecutivo sumó otro traspié judicial la semana pasada, cuando el 9º Circuito de Apelaciones avaló una medida cautelar nacional dictada por un juez federal en Seattle contra la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento. En una votación dividida 2 a 1, el tribunal determinó que la medida no excedía los límites fijados por la Corte Suprema, que había pedido a los tribunales inferiores revisar las prohibiciones de alcance nacional para asegurarse de que fueran necesarias y proporcionales.
“El tribunal de distrito actuó dentro de su margen de discreción al emitir una orden de alcance general que garantizara una protección efectiva para los estados demandantes”, señalaron los magistrados en su fallo. El caso había sido impulsado por una coalición de estados liderados por gobiernos demócratas.
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El Gobierno federal no apeló aún esta resolución, que podría reactivar el debate en la Corte Suprema, dado que el tribunal de apelaciones no solo respaldó la medida cautelar, sino que también se pronunció sobre el fondo de la cuestión, declarando la orden de Trump como inconstitucional.
El último revés judicial llegó el viernes, cuando el juez federal Leo Sorokin, con sede en Boston, se negó a limitar el alcance nacional de una medida cautelar que había dictado previamente contra la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. Según el magistrado, reducir esa protección pondría en riesgo a los estados y ciudades demandantes, que argumentaron posibles perjuicios graves si la norma comenzaba a aplicarse, incluso de forma parcial. En el fallo, el juez además reiteró que el decreto impulsado por Trump viola tanto la Constitución como la legislación federal vigente.
Así es como, a pesar del plazo de 30 días que dio la Corte Suprema, la resistencia judicial acumulada hasta ahora impidió que la orden ejecutiva entrara en vigor este fin de semana. En las audiencias, los representantes del Departamento de Justicia evitaron dar detalles sobre los próximos pasos del Gobierno.
El núcleo del debate
Trump firmó el 20 de enero de 2025 la Orden Ejecutiva 14160, titulada “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, que instruía a prohibir la emisión de documentos de ciudadanía a niños nacidos en EEUU de padres que no fueran ciudadanos o residentes permanentes. El objetivo era reformular la interpretación de la 14ª Enmienda, y limitar la llamada ciudadanía por nacimiento, que brinda este derecho a casi todos los nacidos en territorio estadounidense.
Sin embargo, los tribunales concluyeron que dicha interpretación contraviene precedentes históricos como el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), y que ninguna administración puede modificar una garantía constitucional sin una enmienda formal al artículo correspondiente.
Manifestantes fuera la de Corte Suprema por la ciudadania de nacimiento. AP.webp
Maniobra de erosión institucional
La administración aún no apeló los últimos fallos y el caso tiene camino directo hacia la Corte Suprema cuando las partes recurran con base en el fondo constitucional del decreto. Mientras tanto, no está claro si el Departamento de Justicia implementará una guía pública para ejecutar la orden si algún tribunal inferior terminara habilitándola parcialmente.
Aunque la Corte no resolvió si la política es constitucional, el gobierno optó por centrar su estrategia en debilitar la norma de los tribunales inferiores en lugar de defender los méritos del decreto en sí, lo que despertó críticas por considerarse una maniobra de erosión institucional.
“El Gobierno de Trump fue muy deliberado y estratégico en su decisión de acudir a la Corte Suprema con la pregunta de qué remedio pueden obtener las personas cuando impugnan acciones ejecutivas, en lugar de sobre los méritos de este decreto en particular”, dijo Jessica Levinson, profesora de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de Loyola, a CNN.
