Después de que un juez le diera luz verde, el viernes entró en vigor el registro obligatorio de inmigrantes indocumentados que implementó el gobierno de Donald Trump en el marco de su política de mano dura con la migración. La medida afecta a todos los que se encuentren en el país desde hace más de 30 días. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que los que no cumplan con esta exigencia podrían enfrentar una multa o ser enjuiciados.
"El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para aquellos que están en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora. Si se van ahora, pueden tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado.
"El gobierno de Trump aplicará todas nuestras leyes de inmigración; no elegiremos qué leyes haremos cumplir. Debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad de nuestra patria y la de todos los estadounidenses", apuntó.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el viernes la entrada en vigor del registro obligatorio y advirtió a los que no se anoten: "Si no, serán arrestados, multados, deportados, para no volver nunca más a nuestro país", dijo en conferencia de prensa.
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El DHS había anunciado a fines de febrero que iba a poner en práctica el registro, considerado un paso más en la ofensiva antiimigrantes de Trump, que prometió llevar a cabo una deportación masiva de indocumentados. El gobierno asegura que esta medida podría afectar a entre 2,2 millones y 3,2 millones de personas.
Quiénes deben registrarse
Las autoridades exigen que cualquier migrante indocumentado mayor de 14 años proporcione al gobierno su dirección y sus huellas dactilares. Los padres y tutores de cualquier persona menor de 14 años deben asegurarse de registrarla. No registrarse se considera un delito y las personas están obligadas a llevar documentos de registro con ellos.
El proceso de registro también se aplica a los canadienses que estén en Estados Unidos por más de 30 días, como los que pasan los meses de invierno en lugares cálidos, como Florida.
Algunos extranjeros que se encuentran sin papeles en el país no deberán anotarse, ya que se considera que ya están registrados: esto aplicaría a aquellos que solicitaron un beneficio inmigratorio o participaron en actuaciones de deportación. De todas formas, las organizaciones de defensa de migrantes sugieren que los implicados consulten con un abogado especializado ante cualquier duda.
Tampoco deberán registrarse los que cuentan con una residencia legal permanente (green card), con un permiso de trabajo u otro tipo de visado.
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La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem
El gobierno de Trump argumenta que el registro es obligatorio por ley y que simplemente la está aplicando. La ley federal de inmigración ha requerido durante mucho tiempo que los que no son ciudadanos estadounidenses y viven en el país, entre ellos las personas que están en EEUU ilegalmente, se registren con el gobierno. Estas leyes se remontan a la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, que surgió en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Los requisitos actuales provienen de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.
De todas formas, el requerimiento de registro sólo se ha aplicado en raras circunstancias. De hecho, sus detractores afirman que no se ha utilizado universalmente desde que se introdujo por primera vez a mediados de la década de 1940.
Qué dicen las organizaciones de defensa de migrantes
El National Immigration Law Center (NILC), uno de los grupos que había presentado una demanda contra la medida, consideró "decepcionante" el fallo del jueves.
"Este decepcionante fallo desafortunadamente significa que, por ahora, el plan de Trump para forzar a las personas a una elección imposible sigue adelante. Mientras sopesamos los próximos pasos en nuestro caso, instamos a los miembros de la comunidad afectada a consultar con un abogado de inmigración para comprender mejor las consecuencias de registrarse o no", dijo Nicholas Espíritu, subdirector jurídico del NILC, según recogió la agencia AP.
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Manifestantes protestan en Chicago contra las políticas migratorias de Trump el día de su asunción
AP /Erin Hooley
Los grupos que presentaron la demanda argumentan que el registro pone en un enorme dilema a quienes trabajan, contribuyen a la economía y tienen profundos lazos familiares en el país: ¿se presentan, se registran y esencialmente entregan su ubicación a un gobierno que intenta llevar a cabo deportaciones masivas, o permanecen a la sombra y se arriesgan a ser acusados del delito de no registrarse?
El NILC consideró que la inscripción en el registro podría ser muy peligrosa para los inmigrantes indocumentados, porque podría dar lugar a la detención, deportación y posiblemente procesamiento penal. "Las autoridades gubernamentales han dicho claramente que piensan usar la información del registro para encontrar y arrestar a la gente, deportarla o presionarla para que se vaya de los Estados Unidos por voluntad propia", apuntó.
El Immigrant Legal Resource Center (ILRC), por su parte, consideró que el registro obligatorio ordenado por el gobierno de Trump "es otra táctica de odio en su campaña para causar pánico y miedo en todo el país".
A su vez, el American Immigration Council (AIC) también expresó "decepción" por el fallo judicial y "preocupación" por el requisito de registro. "Entre otras cosas, nos preocupa mucho que esta nueva norma, que obliga a millones de personas a llevar siempre consigo documentos específicos de inmigración y a presentarlos a las fuerzas de seguridad cuando se los pidan, abra la puerta al acoso y la discriminación", señaló Emma Winger, subdirectora de litigios de AIC a Newsweek.
