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¿Cómo analiza lo que está pasando en Los Ángeles?
Lo que está ocurriendo es coherente con todo lo que Trump prometió desde que empezó su campaña para regresar a la Casa Blanca. Está hablando de una “invasión”, no solo de inmigrantes, sino de musulmanes, negros, cualquiera que no encaje con su concepto de lo que debe ser un estadounidense. Y ahora está recurriendo a leyes antiguas, que no se usaban desde hace décadas, para atacar los derechos humanos que existen para todas las personas en este país, sin importar su ciudadanía.
Trump está operando bajo una lógica autoritaria: busca herramientas legales antiguas y olvidadas para concentrar poder. Ahora invocó una disposición especial del Código de las Fuerzas Armadas de EEUU, que no se utilizaba desde 1965, para justificar el uso del Ejército —porque no solo desplegó a la Guardia Nacional, sino que envió a cientos de Marines— contra personas que protestan pacíficamente. No hubo violencia, no hubo asesinatos, pero igual decide militarizar las calles. Eso es una violación directa a la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión y de protesta.
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Ya lo hizo antes. Recurrió, por ejemplo, a la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que se usaba para encarcelar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Trump usa el pretexto de una “emergencia nacional” que no existe para tomar medidas inconstitucionales. No hay ninguna invasión en Los Ángeles. Solo una estrategia para generar miedo. Desde Human Rights First, tenemos a un equipo de personas que están supervisando la situación en Los Ángeles, para evaluar y visibilizar lo que efectivamente está sucediendo.
Una de las primeras y más controvertidas medidas de Trump fue su intento de acabar con la ciudadanía por nacimiento. ¿Qué opina de esta decisión?
Es directamente ilegal. Nunca en la historia de Estados Unidos se planteó seriamente algo así. La Constitución es clara: toda persona nacida en este país es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Eliminar ese derecho generaría apatridia en el país. Es decir, personas sin nacionalidad. Gente que no puede ser deportada porque no hay ningún país que los reconozca. Esto sucede cuando hay países que no ofrecen la ciudadanía como derecho de nacimiento y se les otorga la de sus padres, pero no es común en el hemisferio occidental, porque la mayoría somos hijos de inmigrantes. Como venimos de todas partes del mundo, la ley está conectada a la tierra.
Donald Trump en la Oficina Oval - AFP.webp
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¿Y con respecto al fin del Estatus de Protección Temporal (TPS)?
El intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento está vinculado a los otros ataques contra las rutas legales para solicitar refugio. El TPS existe para ofrecer refugio a personas de países que enfrentan crisis humanitarias: guerras, desastres naturales, colapsos políticos. Haití, Etiopía, Venezuela ya estuvieron bajo ese amparo. Ahora, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, decidió cancelar las protecciones para varios países, incluso cuando sus ciudadanos todavía enfrentaban situaciones peligrosas, como parte de su ataque a cualquier forma de recibir protección humanitaria.
Y no fue solo TPS. También eliminó rutas legales como el parole humanitario o el derecho a solicitar asilo. En su primer día, Trump firmó órdenes ejecutivas que virtualmente cerraron el acceso al asilo en la frontera sur. A pesar de que la ley estadounidense -no solo los tratados internacionales- reconoce ese derecho. Lo establece el INA, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que define las reglas para la inmigración y nacionalización en nuestro país. Esto está siendo litigado, y esperamos que las cortes frenen estos abusos.
Venezolanos reclaman por la extensión de la TPS en EEUU. AFP.jpg
Otra medida que llamó la atención de la comunidad internacional fueron las deportaciones de venezolanos a la cárcel de El Salvador.
Cuando se trata de las deportaciones a El Salvador, esto recién comienza. Si bien estos casos llamaron la atención de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos, debemos recordar que también hubo gente enviada a Guatemala, Panamá y Costa Rica, además de los rumores sobre acuerdos con Libia y Sudán. Trump seguirá empujando los límites legales. Lo hemos visto también con la prohibición que impide que personas de 19 países diferentes siquiera visiten Estados Unidos. Por eso es crucial que la sociedad civil, los tribunales y organizaciones se mantengan alertas y sigan luchando frente a cada ataque a nuestros derechos.
Pero los tribunales no parecen estar yendo en contra de estas decisiones. ¿Qué papel juega la Corte Suprema?
Antes de analizar lo que dice la ley, debemos considerar el perfil actual del Tribunal Supremo. Un tercio de los jueces de la Corte Suprema fueron designados por el presidente en funciones. Y aunque técnicamente deberían ser imparciales, lo cierto es que sus fallos reflejan una clara tendencia política. Muchas de sus decisiones en el ámbito migratorio van en contra del precedente legal y de los principios constitucionales. Por lo tanto, no podemos confiar en la Corte, ya que ya no es objetiva y demostró que la política influye en sus decisiones.
La litigación es una herramienta poderosa que, además, contribuye a demorar ciertos procesos. Sin embargo, la composición actual del Tribunal Supremo resalta la importancia de la presión pública y la acción de organizaciones como la nuestra para frenar estos excesos.
Aparte de todo esto, es fundamental destacar que han pasado menos de 200 días de este gobierno y ya se desoyeron varias órdenes de la Corte. Creo que esa es una de las cosas que más asusta de esta administración, conformada por seguidores leales a Trump.
Uno de los episodios más polémicos de su primer mandato fue la separación de familias. ¿Ve un regreso a esa lógica?
Lamentablemente, ya está ocurriendo. Las imágenes de niños detenidos en jaulas quedaron como una de las manchas más vergonzosas y trágicas de la historia de Estados Unidos. En Texas se están deteniendo niños en condiciones opacas, sin permitir el acceso de ONGs. Hay reportes de menores, incluso ciudadanos estadounidenses, que fueron detenidos. Desde Human Rights First estamos intentando obtener acceso a la información de estos casos, pero cuando pedimos conocer las condiciones en las que están estos menores, nos lo niegan. El Acuerdo Flores, que establece las protecciones para los menores en detención, ya fue violado durante el primer mandato de Trump y tememos que esté sucediendo de nuevo.
Esto está conectado con un fuerte ataque contra las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los migrantes. Hace unas semanas, emitieron una orden ejecutiva que retiró el financiamiento a organizaciones que trabajan con migrantes, entre ellas KIND (Kids In Need of Defense), especializada en asistir a niños migrantes no acompañados. Esto causó caos de múltiples formas. Es un escenario terrible: niños de cuatro años frente a jueces, sin intérpretes ni abogados, sin entender lo que les pasa.
Un niño hondureño en un centro de detención de McAllen, Texas..jpeg
Uno de los pilares de la retórica de Trump fue la política de deportaciones. Sin embargo, las administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, superaron las cifras de deportaciones alcanzadas durante su primera presidencia. Y, en lo que va de su segundo mandato, el ritmo de deportaciones de los primeros meses todavía está por debajo del promedio de Biden. ¿Por qué piensa que sucede esto?
Porque nunca fue posible que la "deportación masiva" funcione. Ya durante su primer mandato, expertos advirtieron que, económicamente, era una de las decisiones más insensatas que se podían tomar, además de que no tenemos la infraestructura para llevarla a cabo. Hablan de un millón de deportaciones en un año, pero saben que no tenemos la capacidad de salir a buscar personas en escuelas, trabajos e iglesias para verificar su estatus legal y luego detenerlas y deportarlas. Por eso, estamos viendo una gran discriminación basada en el perfil racial. Se deportaron ciudadanos estadounidenses por error, incluyendo puertorriqueños y afroamericanos. Aclarar esto parece ridículo, pero no se puede mirar a una persona y suponer su nacionalidad.
Y no se trata de seguridad nacional. Se trata de cumplir una promesa de campaña con tintes racistas y xenófobos. Es un discurso para crear miedo, no para resolver problemas reales. El caos que se ve en las calles ahora está directamente vinculado a esta falsa retórica de que hay una "invasión" y que hay que devolver a todos a sus países.
El sistema no distingue. No hay un proceso justo. Y eso nos lleva a uno de los puntos más graves: el debilitamiento del debido proceso. Hoy, con una simple acusación, podés terminar en un centro de detención y ser deportado, sin oportunidad de defenderte. Eso atenta contra la base misma del sistema legal estadounidense.
