Niños asisten a una capacitación sobre sus derechos en relación a las nuevas medidas migratorias del gobierno de Trump. AFP.webp
Niños asisten a una capacitación sobre sus derechos en relación a las nuevas medidas migratorias del gobierno de Trump.
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Basándose en los "controles de bienestar", el ICE puso bajo custodia del gobierno a unos 500 niños desde que Trump regresó a la Casa Blanca, informó CNN citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto. Esta cifra representa una diferencia sin precedentes con respecto a años anteriores, cuando estos casos eran poco frecuentes.
Los niños migrantes nuevamente en el centro de la agenda
Los críticos, incluidos educadores, defensores y abogados, expresan su preocupación por el uso de investigadores criminales por parte del gobierno de Trump en estos controles. Consideran que estas medidas son una estrategia para justificar investigaciones y arrestos sin un enfoque real en el bienestar infantil.
Estas críticas se basan en el historial de la administración, ya que durante el primer mandato de Trump, su política de “tolerancia cero” resultó en la separación de más de 4.600 niños migrantes de sus padres. Entre mayo y junio de 2018, miles de niños fueron separados de sus familias tras la implementación de esta medida que procesaba a cualquier inmigrante irregular como un criminal, lo que llevó a que padres fueran separados de sus hijos con el fin de disuadir a otras familias de ingresar de manera irregular al país.
Niños duermen en el centro de detención de Donna, Texas, del Departamento de Seguridad Nacional para menores no acompañados, 30 de marzo de 2021. AP.webp
Niños duermen en el centro de detención de Donna, Texas, del Departamento de Seguridad Nacional para menores no acompañados, 30 de marzo de 2021.
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Sin un registro adecuado de las familias separadas ni una estrategia clara para su reunificación, los menores terminaron hacinados en centros de detención que se asemejaban a cárceles o perreras, sin acceso a servicios básicos como duchas, camas o suficiente comida. Aunque Trump firmó una orden ejecutiva en junio de 2018 para suspender la política tras la indignación pública, su gobierno continuó separando a familias, aunque a un ritmo mucho menor, hasta el final de su mandato.
Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron el "trauma grave y duradero" causado por estas medidas. La detención actual de niños migrantes en centros estatales sigue generando fuertes preocupaciones entre los defensores de los derechos humanos, que advierten que estos antecedentes podrían llevar a la implementación de formatos similares a los utilizados previamente.
Múltiples agencias en una "sala de guerra"
A los pocos días de asumir, el gobierno transformó una sala de conferencias en la sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Washington en una “sala de guerra” con el propósito de rastrear a niños migrantes, según múltiples fuentes citadas por CNN.
Esta sala de operaciones se convirtió en el centro de una operación interagencial que involucra al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el ICE, el FBI y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). Allí todas puede acceder y analizar los datos confidenciales de los menores que cruzan la frontera, incluida su información médica, los detalles de su patrocinador y la base para su alivio migratorio. Este acceso a datos sensibles generó alarmas, ya que las autoridades migratorias ahora tienen la capacidad de revisar información previamente protegida, lo que podría ser usado para identificar y procesar a los patrocinadores de los niños migrantes.
Frontera de EEUU con México. AP.webp
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Miles de niños bajo custodia del gobierno
Los menores que llegan solos a EEUU son puestos al cuidado de una agencia federal dentro del Departamento de Salud, conocida como la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que opera refugios en todo el país para albergar a los niños hasta que puedan ser entregados a un padre o tutor patrocinador que ya resida en los Estados Unidos.
En los últimos meses, la administración Trump incrementó significativamente el número de niños que están bajo la custodia del gobierno. Según datos federales, más de 2.500 niños están actualmente bajo la custodia de la ORR. En comparación con los años anteriores, la duración promedio de la custodia también aumentó drásticamente: los niños migrantes permanecen ahora bajo custodia por un promedio de 170 días, frente a los 67 días registrados en diciembre de 2024.
El incremento no solo se debe al aumento de niños no acompañados que llegan a la frontera, sino también a las nuevas directrices que complican el proceso de liberación. La administración Trump implementó controles adicionales para los patrocinadores, incluidos requisitos de identificación más estrictos, pruebas de ADN y verificaciones de antecedentes. Defensores de los derechos humanos advirtieron que, aunque estas medidas buscan garantizar el bienestar de los niños en sus hogares, terminan prolongando su detención y alejándolos aún más tiempo de su entorno.
Una demanda reciente argumentó que “en conjunto, estos cambios de política han dado como resultado que niños en todo el país sean separados de sus familias, mientras que el Gobierno niega su liberación, prolongando innecesariamente su detención”.
Colapso en el sistema por la cantidad de menores cruzando la frontera
Niños en la frontera entre México y EEUU, 2018. AFP.jpg
Los menores no acompañados comenzaron a llegar a Estados Unidos en números significativos hace aproximadamente una década, principalmente desde Guatemala y Honduras. Año a año la cifra fue en aumento hasta alcanzar un pico de 128.000 en 2022, de acuerdo a los datos oficiales del gobierno.
Esta situación generó una enorme presión sobre el sistema federal y sobre los albergues supervisados por la ORR, lo que llevó a una liberación rápida de los niños para evitar el hacinamiento. En algunos casos, esta aceleración del proceso impidió que se investigara a fondo a los patrocinadores adultos responsables de cuidar a los niños liberados.
Una de las principales justificaciones que la administración Trump utilizó para implementar estas medidas fue la preocupación por los niños migrantes "desaparecidos". El "zar de la frontera", Tom Homan, mencionó la cifra de 300.000 menores "desaparecidos", sugiriendo que podrían ser víctimas de tráfico sexual y explotación laboral, y exigiendo su localización.
Homan parece basarse en un informe del inspector general de Seguridad Nacional que señala que casi 291.000 niños migrantes no acompañados no recibieron citaciones para comparecer ante el tribunal. Sin embargo, ex funcionarios advirtieron que esto no implica que estén desaparecidos, sino que podría deberse a un problema de capacidad del organismo o a la falta de direcciones actualizadas.
Durante la primera administración de Trump, Homan fue uno de los principales defensores de la polémica política de "tolerancia cero". Ahora defiende la idea de que las familias en las que haya integrantes en situación irregular se queden juntas, pero su solución sería deportarlas en conjunto, sin importar su status migratorio. En una entrevista con 60 Minutes de CBS en las últimas semanas de la campaña, dijo que las familias de status mixto “pueden ser deportadas juntas”.
Tom Homan - AFP.webp
Tom Homan fue nombrado "zar de la frontera" por Trump
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Niños sin representación legal
La ampliación de los "controles de bienestar" es uno de los muchos cambios políticos y propuestas legislativas con importantes consecuencias para los menores en el sistema migratorio.
En marzo, el gobierno intentó retirar lo fondos asignados por el Congreso a las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen representación legal a menores migrantes no acompañados. La medida, que despertó fuerte controversia, fue temporalmente bloqueda en los tribunales.
En EEUU la obligación de ofrecer representación legal sin costo sólo atañe a los procesos penales, y los casos migratorios se dirimen en tribunales civiles. Sin embargo, la Ley de Protección Niños Extranjeros no Acompañados aprobada por el Congreso en 2005, con apoyo bipartidista, estableció algunas garantías para los más vulnerables ante el enredado sistema migratorio.
Además de impedir que los menores migrantes sean llevados a los mismos centros de detención que los adultos o delincuentes juveniles, decreta que no deberían ser expulsados a su país de origen o de última residencia "si su vida o seguridad corre allí peligro".
Niña se sienta en el regazo de la madre mientras reciben asesoramiento legal sobre sus derechos migratorios. AP.webp
Muchos niños logran permanecer en el país mediante la obtención de un estatus especial de inmigrante juvenil, si pueden demostrar que fueron víctimas de abuso, abandono o negligencia; con asilo, si consiguen probar que fueron perseguidos en su país de origen; o por medio de protección para sobrevivientes de delitos o trata de personas. Esto es casi imposible de alcanzar sin la ayuda de un abogado.
Con 200.000 dólares anuales procedentes de fondos federales, ofrece representación legal a 26.000 menores y orientación e información sobre sus derechos y otra asistencia a un total de 100.000. Se trata de un programa quinquenal, aunque al final de cada año el gobierno puede decidir si renueva o no el contrato.
"Gastamos cientos de miles de dólares en el enjuiciamiento de estos niños: los jueces ganan desde US$130.000 hasta casi US$200.000, los fiscales del Departamento de Seguridad Nacional otro tanto, están los intérpretes, los secretarios judiciales, el costo de la sala del tribunal… De todos los presentes el que menos cobra es el abogado defensor del niño, y es lo menos que podemos hacer", dijo el abogado Jonathan D. Ryan, cuya firma defiende a 50 de niños en Texas, a la BBC.
