19 de mayo 2025 - 16:29hs

Lo que importa sobre el fallo de la Corte

  • La Corte Suprema autorizó al gobierno de Trump a avanzar con el fin de las protecciones de deportación temporal (TPS) para cerca de 350.000 venezolanos.

  • La decisión permite revocar la extensión de TPS que la administración Biden otorgó y renovó hasta 2026.

  • En la votación del Tribunal supremo, la jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en expresar su disenso.

  • Los demandantes alegan que la revocación fue motivada por animosidad racial y política y que viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

  • El juez federal de California, Edward Chen, había bloqueado temporalmente la revocación para evitar deportaciones inminentes. Y más tarde, un tribunal federal de apelaciones con sede en San Francisco se negó a suspender la orden del juez de primera instancia.

Corte Suprema

Contexto

¿Qué es el TPS y por qué se otorgó a venezolanos?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa creado en 1990 para ofrecer protección migratoria temporal a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis graves. En 2021, ante la profunda crisis política y humanitaria en Venezuela, el gobierno de Biden otorgó TPS a venezolanos en EEUU, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente mientras la situación en su país de origen fuera insegura.

Más noticias

¿Por qué busca la administración Trump revocar el TPS para venezolanos?

En 2024, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la intención de cancelar el TPS para venezolanos, argumentando que el estatus debería terminar antes de lo previsto. Esta decisión forma parte de una política migratoria más estricta que busca revertir medidas del gobierno Biden y reducir el número de personas bajo protección temporal.

¿Qué argumentos usan los demandantes para oponerse a la revocación?

Los venezolanos protegidos bajo TPS y grupos que los representan argumentan que la cancelación viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), ya que no se siguieron los procesos adecuados para cambiar políticas federales. Además, denuncian que la decisión tiene motivaciones raciales y políticas, y señalan que la crisis en Venezuela sigue poniendo en riesgo a los migrantes si son deportados.

¿Cómo reaccionaron los tribunales?

El juez federal de California, Edward Chen, había bloqueado temporalmente en marzo la orden de revocación para proteger a más de 300.000 venezolanos de una deportación inmediata, citando el peligro que implicaría regresar a Venezuela, donde "existen altos riesgos de violencia, detenciones arbitrarias y mala infraestructura sanitaria". En abril, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, se negó a suspender la orden de Chen. Sin embargo, la Corte Suprema permitió que el gobierno avance con la revocación, aunque la disputa legal seguirá en tribunales inferiores.

¿Cuál es la postura de la Corte Suprema?

La Corte Suprema, con una orden breve y sin un fallo extenso, autorizó la acción de la administración Trump. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en expresar su desacuerdo. Esta decisión se tomó en respuesta a una solicitud de emergencia del gobierno para evitar bloqueos judiciales y proceder con la eliminación del TPS.

Cómo sigue

El futuro de las protecciones temporales para venezolanos en Estados Unidos permanece en disputa judicial. Aunque la Corte Suprema abrió la puerta para que la administración Trump siga adelante con la revocación del TPS, los procesos legales continúan en instancias inferiores, donde se evaluarán en profundidad las alegaciones de irregularidades y prejuicios en la decisión. Si la revocación se concreta, cientos de miles de venezolanos enfrentan la posibilidad de perder su estatus legal y enfrentar deportaciones hacia un país del cual decidieron escapar. Este caso se inscribe en un contexto más amplio de debates y cambios en la política migratoria estadounidense, especialmente en relación con las medidas implementadas durante los gobiernos de Biden y Trump. Mientras tanto, las comunidades venezolanas y sus representantes legales mantienen una vigilancia estrecha sobre cada paso en este proceso, conscientes del impacto humanitario y social que podría desencadenarse en el corto plazo.

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