Después de que sus planes para eliminar el estatus de protección temporal (TPS) de 350.000 venezolanos fueran frenados en instancias judiciales inferiores, el gobierno de Donald Trump apeló a la Corte Suprema. El pedido del Departamento de Justicia es que el máximo tribunal suspenda un fallo de un juez federal de San Francisco y le permita avanzar con la eliminación de este beneficio, que protege a los migrantes de una posible deportación.
Poco después de asumir su segundo mandato en enero, Trump ordenó revocar el TPS que había sido otorgado poco antes por la administración Biden. El beneficio migratorio, ofrecido a las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, alcanzaba a unos 600.000 venezolanos. El objetivo era proteger a estos migrantes, que tienen un permiso legal para residir en Estados Unidos, de la "mayor deportación de la historia" prometida por Trump
Del total de venezolanos, unos 350.000 quedaron al borde de la expulsión, después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitiera en febrero una orden que establecía que el TPS que protegía a los venezolanos que recibieron el estatus en 2023 iba a expirar oficialmente el 7 de abril.
Tras una demanda presentada por varios venezolanos que viven en Estados Unidos y la Alianza Nacional TPS, que aboga por los migrantes a los que se les concedió el estatus, el juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco, en California, congeló a fines de marzo la revocación del beneficio migratorio para los venezolanos prevista para el 7 de abril, al considerar que podrían haberse vulnerado procedimientos administrativos y derechos fundamentales. Además, consideró que la decisión "huele a racismo".
Esta determinación fue apelada por el gobierno de Trump ante un tribunal federal de apelaciones, que consideró hace unas semanas que la administración no había demostrado que sufriría un daño irreparable si se mantiene el fallo del tribunal inferior. Por eso, ahora recurrió a la Corte Suprema.
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"Mientras la orden esté en vigor, (Noem) debe permitir que cientos de miles de ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, a pesar de su determinación fundada de que hacerlo es 'contrario al interés nacional'", señaló el asesor jurídico de la administración, John Sauer, en su presentación. Estimó además que la decisión del tribunal "socava los poderes inherentes del poder ejecutivo en materia migratoria y asuntos exteriores".
A quiénes beneficia el TPS
El 10 de enero, después de que Nicolás Maduro asumiera un nuevo mandato en Caracas, la administración del ex presidente demócrata Joe Biden prolongó el TPS por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026. El gobierno de Trump suspendió poco después el beneficio para los que lo recibieron en 2023, pero no para los de 2021, para quienes permanece vigente hasta el 10 de septiembre.
El TPS es una ayuda que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han migrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar allí hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura. La medida se aplica a las personas que enfrentarían dificultades extremas si se vieran obligadas a regresar a sus países de origen.
Los países que han sido incluidos en la protección del TPS, creado por el Congreso en 1990, han sido Afganistán, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Líbano, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen. Venezuela entró a la lista de beneficiarios en el año 2021 por la grave crisis política y económica que sacude al país.
Noem aseguró que el TPS “ha sido abusado y no tiene integridad en este momento". "Las personas de Venezuela que han llegado a este país son miembros del Tren de Aragua. Venezuela vació deliberadamente sus prisiones y sus centros de salud mental”, dijo la secretaria de Seguridad antes de que se hiciera pública la eliminación oficial del TPS. “Por lo tanto, estamos poniendo fin a la extensión de ese programa, devolviéndole algo de integridad”, señaló.
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Kristi Noem en una visita al Cecot en El Salvador
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La avanzada de Trump contra los migrantes
La disputa que mantiene la administración Trump con la justicia por el TPS se suma a la que sostiene por la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, en la que se amparó para deportar a cientos de migrantes a la megacárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele en El Salvador sin un debido proceso. El argumento del gobierno es que eran criminales miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13), pese a que la mayoría no tenían antecedentes penales.
En medio de esa pelea, el juez Fernando Rodríguez, de Texas, dictaminó el jueves que el uso por parte de la administración Trump de este poder, pensado para los tiempos de guerra, ha sido "ilegal" y se invocó indebidamente.
La decisión del juez se produce a raíz de una demanda presentada por los abogados de un centenar de venezolanos que se encuentran detenidos en Texas y que iban a ser deportados a El Salvador. Rodríguez indicó que la ley solo debe ser aplicada cuando EEUU hace frente a un "ataque organizado armado", lo cual no es el caso.
Esta es la primera vez que un juez federal declara que el uso de esta ley es "ilegal". Previamente, otros tribunales habían dictaminado que el gobierno de Trump no puede usar la ley para deportar inmigrantes sin notificarles previamente su destino y darles la oportunidad de impugnar su deportación ante un juez.
Uno de los casos paradigmáticos de estas deportaciones es el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, que contaba con una protección especial para vivir legalmente en Estados Unidos e igualmente fue enviado al Cecot de Bukele. La Casa Blanca sostiene que el inmigrante era un pandillero y se niega a devolverlo a EEUU, pese a que la Corte Suprema dictaminó que debe "facilitar" su regreso.
