El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido cerrado este lunes con pompas parece el inicio de una ruptura del Brexit, pero si se lo mira más de cerca resulta un trato pragmático para los nuevos tiempos del viejo continente ocupado en establecer un efectivo esquema de Defensa.
El primer ministro británico Keir Starmer no pondrá de nuevo al Reino Unido en el mercado común ni en la unión aduanera, ni volverá a implementar la libre circulación de ciudadanos europeos. Tres derechos aniquilados por el Brexit, un proceso que comenzó con el referéndum que a mediados de 2016 impuso la voluntad de los británicos de abandonar la UE y concluyó en 2020 con la salida del bloque de los Veintisiete. Una victoria para los euroescépticos.
Pero cinco años después, Europa enfrenta otros desafíos con la mira en incrementar su seguridad e invertir en Defensa, presionada hacia allí por el alejamiento de Estados Unidos y sus amenazas de desfinanciar la OTAN, y acorralada por los deseos expansionistas de Vladimir Putin.
El acceso a créditos de la UE para la compra de armamento
Es en ese escenario, en el que Starmer, sin abandonar las banderas del Brexit, se acerca a Europa, y cierra un acuerdo histórico cuya piedra angular es el pacto en materia de seguridad y defensa que le facilitará al Reino Unido su participación en las compras conjuntas de armas con el fondo de 150.000 millones de euros en créditos creados por la UE.
Un acercamiento que aún necesitará negociaciones adicionales, pero se amolda en la cooperación militar entre Londres y París tras la invasión de Rusia a Ucrania, que busca sentar las bases de una coalición europea que garantice seguridad a Kiev en caso de alcanzarse una tregua o el fin de la guerra, lo que impulsa el presidente Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca.
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Grupos pro europeos piden el regreso del Reino Unido a la Unión Europea. EFE
Defensa a cambio de extensión de acuerdo pesquero
A cambio de ese pacto en Defensa, Starmer cede la extensión hasta el 30 de junio de 2028 del acceso de la flota europea a las aguas territoriales británicas, que en principio debía concluir en 2026. Doce años más de un acuerdo de pesca que pedía Francia y que también beneficia a España.
El Gobierno de España aseguró este lunes que el acuerdo da "estabilidad" a su sector pesquero y lo valoró de forma "muy positiva". Sostuvo que otorga "certidumbre" y "seguridad jurídica" a los pescadores.
La gran beneficiaria es la Flota de Gran Sol integrada por 87 buques con puerto base principalmente en Galicia y País Vasco, que capturan principalmente merluza, rape y gallo. Una flota que el año pasado capturó un total de 31.338 toneladas de pescado por un valor de 151 millones de euros, según cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.
Pero la autorización para que la flota comunitaria siga pescando en aguas británicas hasta 2028 recibió críticas de Escocia y los sectores de la derecha, con las que deberá lidiar el primer ministro laborista.
El populista Nigel Farage, de Reform UK e impulsor del Brexit, aseguró que los laboristas han "vendido" la industria pesquera británica "en nombre de unos lazos más estrechos con una unión política en declive".
Ya la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, se quejó de que el acuerdo con Bruselas "nos está llevando al pasado" y señaló que lo considera "una rendición".
nigel.avif
Nigel Farage, de Reform UK e impulsor del Brexit
Acceso a alimentos y movilidad de jóvenes
El acuerdo considerado un "reseteo" del Brexit fue sellado este martes en el palacio londinense de Lancaster House al que se acercaron junto a Starmer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y se alcanzó tras extensas negociaciones que concluyeron el domingo.
El pacto también incluye un mayor acceso de Londres al mercado comunitario agroalimentario con el regreso de las salchichas o hamburguesas británicas a las tiendas europeas por primera vez desde el Brexit. Aunque los productores deberán alinearse con las reglas comunitarias y quedarán sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE, otra bofetada por los defensores del Brexit.
Además, promete avanzar en la movilidad juvenil con un mecanismo que permita a los jóvenes de ambos lados estudiar, trabajar o hacer voluntariado, pero sin definir detalles. Una política que podría poner en cuestión un mojón del Brexit, que es el impedimento de la libre circulación, aunque podría zanjarse imponiendo una duración limitada.
En materia migratoria, Bruselas y Londres cooperarán para reducir la migración irregular, y se negociará un acuerdo energético para que el Reino Unido participe en el mercado de la electricidad de la UE en condiciones similares a antes del Brexit.
