Los deepfakes se convirtieron en un elemento habitual de la política y su regulación es objeto de un intenso debate en el mundo. En Estados Unidos, los contenidos audiovisuales engañosos generados con inteligencia artificial enfrentan un vacío legal debido a la ausencia de un marco federal unificado. Ante esta situación, los estados avanzaron con normativas propias que configuraron un complejo mapa legislativo. Este se pondrá a prueba en las próximas midterms y provocará que la protección de los votantes frente a deepfakes varíe sustancialmente según el estado en donde residan.
El flujo de contenido político generado con IA no deja de aumentar de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre y candidatos de todo el espectro político ya lo incorporaron a sus campañas.
A lo largo de los años, en el Congreso federal se presentaron diversos proyectos para establecer un estándar básico sobre los deepfakes, audios o videos creados con inteligencia artificial que muestran a personas reales haciendo o diciendo cosas que nunca ocurrieron, en contextos electorales. Sin embargo, la falta de consenso a nivel nacional llevó a que las legislaturas estatales actuaran con mayor rapidez, configurando un mosaico legislativo dispar en todo el país.
Un mosaico regulatorio
Según datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 29 estados cuentan con leyes vigentes para combatir la manipulación electoral mediante la inteligencia artificial, mientras que en otros dos, California y Hawái, la aplicación de estas normativas fue suspendida de forma permanente por la justicia.
El enfoque normativo varía según la jurisdicción: mientras que algunos estados prohíben la difusión de estos contenidos, otros optan por exigir requisitos de transparencia. Por ejemplo, Minnesota y Texas prohíben la difusión de este material durante un periodo específico previo a los comicios, mientras que en Maryland la restricción es de carácter permanente.
Las demás legislaturas se limitan a exigir la advertencia obligatoria cuando se utiliza inteligencia artificial en anuncios políticos. En casos más estrictos, como Colorado y Utah, las normativas demandan información detallada que incluye la identificación del creador del deepfake, la fecha de elaboración y la metodología de edición empleada.
California y Hawái
Las primeras normativas impulsadas en California y Hawái sobre deepfakes fueron anuladas por la justicia al determinar que vulneraban la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de Estados Unidos.
Frente a estos reveses judiciales, ambos estados recalibraron sus estrategias y comenzaron a promover marcos regulatorios alternativos que evitan restringir directamente los contenidos electorales manipulados.
En este sentido, el pasado 3 de agosto entró en vigor un tramo de la Ley de Transparencia de la IA de California. Esta medida obliga a gigantes tecnológicos como Google y Anthropic a adaptar sus herramientas para incorporar "información de procedencia" en los metadatos de las imágenes y videos generados; es decir, una marca digital en el código que identifique formalmente la autoría del contenido artificial.
Por su parte, Hawái promulgó recientemente la Ley 247 (Act 247), una norma que prohíbe el uso comercial no consentido de la imagen de una persona mediante inteligencia artificial y restringe la difusión de deepfakes que provoquen perjuicios financieros o daños a la reputación.
La primera ley del Congreso sobre deepfakes
El primer antecedente regulatorio del Congreso estadounidense en materia de deepfakes abordó una problemática distinta al ámbito electoral. Se trata de la Ley TAKE IT DOWN (Ley para Retirar Contenido Sexual), impulsada públicamente por figuras como Paris Hilton y promulgada en mayo pasado como el primer esfuerzo federal para combatir la difusión no consentida de imágenes íntimas, un fenómeno que también comenzó a instrumentalizarse en campañas de acoso contra candidatas y legisladoras.
Esta normativa, hasta ahora la única legislación específica sobre inteligencia artificial aprobada por el Capitolio, prohíbe la divulgación no consensuada de material explícito, ya sea real o generado por IA, y exige a las plataformas digitales eliminar dichas publicaciones en un plazo máximo de 48 horas tras recibir la denuncia.
Sin embargo, defensores de los derechos digitales advierten que su promulgación es solo el primer paso. Ante la falta de mecanismos uniformes para remover los contenidos en las redes sociales, anticipan que será necesario recurrir a la vía judicial para garantizar una aplicación rigurosa de la norma.
Mientras tanto, según Axios, legisladores demócratas en la Cámara de Representantes proyectan aprovechar este precedente para impulsar un marco regulatorio centrado exclusivamente en la desinformación electoral con IA, en caso de recuperar la mayoría en el Congreso.
