El gobierno de Trump enfrenta su primera demanda por la muerte de dos civiles durante un operativo en el Caribe

Sin embargo, en el marco de su ofensiva contra el "narcoterrorismo", las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque sobre la embarcación, que acabó con la vida de los seis pasajeros. Entonces, tanto Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, los describieron como "seis narcoterroristas afiliados a una Organización Terrorista Designada" que "traficaba narcóticos", aunque no presentaron evidencias concretas de ello.

Ataque a embarcación en el Caribe por EEUU.

Ninguna de las dos familias fue notificada formalmente de la muerte de sus seres queridos aunque se percataron de lo ocurrido tras no tener noticias de ellos durante varios días.

Qué dice la demanda

La denuncia fue presentada formalmente por Lenore Burnley, madre de Joseph, y Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo, de la mano de un grupo de abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), el Centro de Derechos Constitucionales, la ACLU de Massachusetts y el profesor de la Facultad de Derecho de Seton Hall, Jonathan Hafetz, informó NBC News.

Los letrados se basaron en la violación de la Ley de Muertes en Alta Mar, una normativa que permite a familiares demandar por muertes injustas ocurridas a más de tres millas náuticas de Estados Unidos, así como en la Ley de Reclamaciones por Agravios de Extranjeros, que admite demandas por violaciones al derecho internacional.

Según citó Reuters a Baher Azmy, uno de los abogados del Centro de Derechos Constitucionales, se trató de "asesinatos ilegales a sangre fría, asesinatos por diversión y asesinatos para el espectáculo". "Necesitamos un tribunal que proclame la verdad y ponga fin a la impunidad", aseguró.

Corte Suprema de Estados Unidos. AP.webp

Así, sumó Azmy, las familias solo buscan una indemnización por parte del gobierno y se mantendrán al margen de la disputa sobre la viabilidad de futuros ataques, aunque un fallo en su favor podría reavivar la polémica interna en la política estadounidense sobre la legalidad de estas acciones.

La postura de la Casa Blanca

De momento, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han realizado comentarios al respecto, aunque en reiteradas oportunidades en el pasado funcionarios aseguraron que Estados Unidos estaba en medio de un conflicto armado no internacional con los cárteles de la droga, en el marco del cual Nicolás Maduro fue acusado por narcotráfico, lo que justificaba el uso de su fuerza militar en alta mar.

Sin embargo, el gobierno no ha presentado evidencias concretas que respalden estas afirmaciones, uno de los puntos centrales de la demanda presentada este martes.

"Estos asesinatos premeditados e intencionados carecen de cualquier justificación legal plausible. Por lo tanto, fueron simplemente asesinatos, ordenados por personas en los niveles más altos del gobierno y ejecutados por oficiales militares en la cadena de mando", se lee en el escrito.

"Si el gobierno estadounidense creía que Rishi había cometido algún delito, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado. Deben rendir cuentas", sumó por su parte Korasingh.

Ejercito de Estados Unidos.webp

Qué dicen las familias

Burnley y Korasingh aseguran que sus seres queridos no tenían vínculo alguno con el narcotráfico ni realizaban actividades ilícitas en Venezuela. Por el contrario, explicaron que ambos eran trabajadores de la construcción y la agricultura, y el principal sostén de sus hogares.

Según consta en la demanda a la que accedió NBC News, Joseph vivía en Las Cuevas junto a su pareja y sus tres hijos, pero solía estar mucho tiempo fuera de casa. La mayoría de las veces viajaba a Venezuela por trabajo, donde pasaba semanas, hasta meses. En esta última oportunidad llevaba en el país desde abril.

Si bien trataba de regresar con su familia a menudo, en 2025 tuvo dificultades para encontrar una embarcación que lo devolviera a Trinidad y Tobago debido a la fuerte presencia militar de Estados Unidos y los riesgos que ello conllevaba.

"Chad era un hijo cariñoso y atento, que siempre estaba ahí para mí, para su esposa e hijos, y para toda nuestra familia. Lo extraño muchísimo. Todos lo extrañamos. Sabemos que esta demanda no nos lo devolverá, pero confiamos en que Dios nos ayudará a superar esto y esperamos que alzar la voz nos ayude a obtener algo de verdad y a encontrar un cierre", lamentó su madre.

Nicolás Maduro 1-12-25 - AFP

Samaroo, por su parte, había pasado 15 años en prisión por un homicidio, pero estaba en libertad desde hacía tiempo, trabajando también en Venezuela. Las últimas semanas antes del viaje había estado en una granja, comentó su hermana tras recordar unas imágenes que le había enviado.

"Rishi solía llamar a nuestra familia casi todos los días y un día desapareció y nunca más supimos de él. Era un hombre trabajador que había cumplido con su deuda con la sociedad y solo intentaba rehacer su vida y ganarse la vida honradamente en Venezuela para mantener a su familia", sumó en un comunicado citado por la cadena estadounidense.

Cuestionamientos de larga data

La estrategia militar de la administración Trump despertó cuestionamientos tanto en las filas demócratas como republicanas, en especial por la legalidad de los ataques y la real existencia de las amenazas mencionadas por el gobierno.

En un comunicado difundido en septiembre, un grupo de legisladores demócratas del Comité de Relaciones Exteriores aseguró coincidir "en que el flujo de drogas hacia Estados Unidos constituye una grave crisis de salud pública que debe abordarse", pero advirtió sobre "la peligrosa expansión y el abuso de la autoridad presidencial por parte de Trump".

"La falta de transparencia e intercambio de información con el Congreso, que tiene la responsabilidad constitucional de declarar la guerra y autorizar o limitar el uso de la fuerza, representa una amenaza aún mayor para nuestro sistema de gobierno democrático", suma el escrito.

Asimismo, muchos republicanos también habrían quedado disconformes con las dificultades de los funcionarios a cargo de responder sobre lo ocurrido, brindar datos relevantes y garantizar el uso de inteligencia precisa para ordenar los ataques.

Senador Rand Paul, Republicano of Kentucky

“¿Es demasiado pedir que sepamos los nombres de quienes matamos antes de hacerlo, que sepamos qué pruebas existen de su culpabilidad?”, cuestionó el republicano por Kentucky Rand Paul en un discurso en el Senado.