Amnistía Internacional exigió el desmantelamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, tras documentar violaciones generalizadas de derechos humanos en las operaciones de control migratorio desplegadas por la administración de Donald Trump.
La investigación se fundamentó en el análisis de cuatro operaciones federales desplegadas en Washington, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis, respaldada por más de 150 entrevistas y la verificación de material audiovisual. Sobre el terreno, la organización constató operativos discriminatorios con perfilamiento racial y arrestos arbitrarios, acompañados de acoso, vigilancia ilícita mediante reconocimiento facial y la represión violenta de protestas con gases lacrimógenos y de pimienta.
Asimismo, el informe documentó graves excesos que rozan crímenes internacionales: el uso de fuerza letal y homicidios ilícitos que exige investigar como ejecuciones extrajudiciales; condiciones inhumanas de reclusión sin debido proceso que podrían constituir tortura e incomunicaciones de personas bajo custodia, catalogadas como posibles actos de desaparición forzada.
De acuerdo con la organización, la administración de Trump está implantando un sistema de deportación masiva "impulsado por discursos falsos, xenófobos y racistas" cuyo propósito deliberado es expulsar al mayor número posible de personas e "infundir miedo en estas comunidades".
Posibles ejecuciones
La organización defensora de los derechos humanos subraya que los agentes federales solo pueden recurrir a la fuerza letal cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Sin embargo, destaca que en los operativos se violó esta norma.
Concluye que los disparos efectuados contra "Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago; contra Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, y contra Philip Brown y Justin Bryant Nelson en Washington D. C. constituyen casos de uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de agentes federales y violan sus derechos humanos". Agrega que "los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales".
El informe indica que las imágenes de vídeo, las declaraciones de testigos o las investigaciones posteriores desmienten las explicaciones ofrecidas por altos cargos del gobierno y destaca la "inacción a la hora de llevar a cabo, sin dilación y de forma efectiva, imparcial e independiente, investigaciones sobre los usos de fuerza letal y de garantizar la rendición de cuentas".
La publicación se produce una semana después de que un migrante venezolano, Wilber Garcés Pérez, resultara herido con arma de fuego por un agente de ICE en Austin, Texas.
En Chicago y Mineápolis-Saint Paul, Amnistía Internacional documentó el uso innecesario e ilegítimo de armas de letalidad reducida —como gas lacrimógeno y gas pimienta— por parte del ICE y la Patrulla Fronteriza contra manifestantes, observadores y redes vecinales.
La organización concluyó que estas sustancias químicas se emplearon para intimidar y dispersar sin previo aviso a quienes ejercían sus derechos de reunión, expresión y asociación, en lugar de responder a amenazas inminentes de violencia.
Condiciones inhumanas
Amnistía Internacional documentó el uso indebido de oficinas de campo y centros de procesamiento para detenciones prolongadas, un patrón que “se ha generalizado en todo Estados Unidos”. En Chicago, Minneapolis y Washington, las personas permanecían retenidas en lugares como Broadview o el Edificio Federal Henry Whipple durante periodos que “superaban con creces el límite establecido por el ICE”, ampliado en 2025 de 12 a 72 horas.
Centro de detención del ICE
EFE
El informe concluye que estas condiciones insalubres y de hacinamiento, sin atención médica ni acceso a abogados, constituyen “trato cruel, inhumano o degradante” y que la coacción para aceptar la salida “voluntaria” podría equivaler a tortura.
"Amnistía Internacional también documentó que a las personas detenidas se les negaba el acceso a su asistencia jurídica y a sus familiares, que a los abogados se les impedía contactar con ellas, y que, a veces, el ICE se negaba a confirmar si tenían a alguien bajo custodia o a revelar su paradero, lo que constituye detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada", dice el documento.
Impunidad estructural
La investigación sostiene que las violaciones “no pueden atribuirse únicamente a la conducta indebida individual de agentes del ICE”, sino que se inscriben en un entorno institucional “apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump”. Las prácticas violentas y discriminatorias eran fomentadas por altos cargos, incluido el presidente, mientras agentes actuaban sin identificación y se desmantelaban las salvaguardas para evitar y abordar las desviaciones.
Añade que las violaciones de derechos humanos casi nunca iban seguidas de una investigación o rendición de cuentas significativas y el gobierno amplió de forma drástica la plantilla y el alcance operativo del ICE, defendiendo públicamente a agentes acusados y culpando a las víctimas, a quienes llegó a calificar de “terroristas domésticos”.
Amnistía Internacional concluye que "la magnitud, la persistencia y el carácter estructural de estas deficiencias institucionales no pueden abordarse” con medidas parciales como más formación o directrices revisadas. Las fallas atraviesan el liderazgo, la contratación y formación de personal, las prácticas operativas, la supervisión y los mecanismos de rendición de cuentas.
Por tanto, sostiene que "el fundamental desmantelamiento institucional del ICE no es una reforma fragmentaria, sino un paso necesario para ajustar el sistema de inmigración de Estados Unidos a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por este país".
