Una nueva victoria para el equipo de Donald Trump. El fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que lleva adelante la causa contra el republicano por el soborno a la exactriz de cine porno "Stormy Daniels", por el cual fue condenado en mayo, presentó una carta al juez a cargo Juan Merchán informando que la fiscalía estaría dispuesta a retrasar la sentencia hasta después de su segundo mandato, pero que se opondrá a cualquier intento de desestimar la condena. Es decir que, si se confirma la propuesta de Bragg, no va a haber sentencia hasta dentro de cuatro años.
Luego de la victoria de Trump en las urnas, la defensa del mandatario electo había solicitado la suspensión y desestimación de la condena penal, tanto por la decisión del Tribunal Supremo que otorga amplia inmunidad a los presidentes en el ejercicio de su cargo, como para "evitar impedimentos inconstitucionales a la capacidad del presidente Trump para gobernar", ahora que está a punto de regresar a la Casa Blanca.
“Ninguna ley actual establece que la inmunidad temporal de un presidente requiera la desestimación de un proceso penal posterior al juicio que se inició en un momento en que el acusado no tenía inmunidad penal” “Ninguna ley actual establece que la inmunidad temporal de un presidente requiera la desestimación de un proceso penal posterior al juicio que se inició en un momento en que el acusado no tenía inmunidad penal”
La sentencia estaba prevista para el 26 de noviembre, pero en medio de las nuevas circunstancias, el juez Merchán dio un plazo de siete días para que los fiscales decidieran si la lectura de la sentencia se produciría finalmente en noviembre. El plazo vencía este martes y los fiscales se definieron por rechazar la petición de la defensa de desestimar la condena, pero sí señalaron su voluntad de congelar el caso mientras ocupa el cargo.
En la carta a Merchán, Bragg subrayó la naturaleza sin precedentes del caso -Trump será el primer presidente condenado de la historia de EEUU- y argumentó: “Ninguna ley actual establece que la inmunidad temporal de un presidente requiera la desestimación de un proceso penal posterior al juicio que se inició en un momento en que el acusado no tenía inmunidad penal y que se basa en una conducta oficial por la que el acusado tampoco tiene inmunidad”, escribió la Oficina del Fiscal de Distrito. Sin embargo, agregó que “dada la necesidad de equilibrar intereses constitucionales en competencia, se puede considerar la posibilidad de congelar el caso hasta que él deje el cargo".
"Esta decisión es una victoria definitiva para el presidente Trump". "Esta decisión es una victoria definitiva para el presidente Trump".
Por su parte, el portavoz del magnate, Steven Cheung, difundió un comunicado donde sostiene que esta decisión es una "victoria definitiva para el presidente Trump y para el pueblo estadounidense que lo eligió por una abrumadora mayoría". "El fiscal del distrito de Manhattan ha admitido que esta cacería de brujas no puede continuar. El caso, sin fundamentos legales, ahora está suspendido, y el equipo legal del presidente Trump está tomando medidas para que sea desestimado de una vez por todas", agregó Cheung,
El tribunal de Manhattan haya culpable a Donald Trump por los sobornos (Foto por AFP).jpeg
La sentencia se retrasó en dos ocasiones
En mayo, un jurado popular declaró a Trump culpable de los 34 delitos que se le imputaban por falsificar registros contables para encubrir el pago de un soborno por 130.000 dólares a la actriz de cine porno Stephanie Cliffords, conocida como "Stormy Daniels", para comprar su silencio sobre un encuentro sexual que había tenido con el magnate inmobiliario. Como esto ocurrió antes de los comicios de 2016, se considera que hubo interferencia electoral.
La sentencia de Trump, originalmente prevista para julio, se retrasó dos veces después de que la decisión de inmunidad de la Corte Suprema llevó a los abogados del republicano a presentar una moción para anular la condena. Esto, sumado a los intentos de trasladar el caso a un tribunal federal, llevó a Merchán a aplazar la decisión sobre la sentencia hasta después de las elecciones de noviembre.
Los abogados de Trump argumentaban que la condena debería anularse porque la fiscalía se basó en pruebas relacionadas con los actos oficiales de Trump como presidente durante su primer mandato, que no deberían haberse presentado al jurado en el juicio. Por su parte, la oficina de Bragg aseguró que la condena debía mantenerse y que las pruebas presentadas en el juicio fueron “abrumadoras”.
Cómo siguen sus otros juicios
Las maniobras dilatorias del equipo de abogados de Trump fueron un éxito y sirvieron para demorar las cuatro causas que tenía abiertas hasta luego de las elecciones, con la vista puesta en la victoria del expresidente.
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El de Stormy Daniels fue el único de los cuatro casos penales elevados contra Trump desde el final de su primer mandato en 2021 que llegó a ser juzgado. El republicano siempre se declaró inocente y consideró que se trató de una causa con motivación política, al igual que el resto, que calificó de "caza de brujas".
Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, pidió plazo hasta el 2 de diciembre, para "determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia", que durante medio siglo ha adoptado la política de no investigar a un presidente en ejercicio. Como consecuencia, los casos por el intento de revertir los resultados de la elección de 2020 con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y el del manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca quedaron en suspenso.
Además, queda pendiente otro caso a nivel estatal en Georgia, también por intentar interferir en el resultado electoral de 2020. Este, en particular, se encuentra en suspenso hasta diciembre, cuando un tribunal de apelaciones decidirá si se debe permitir a la fiscal de distrito Fani Willis y su equipo sigan liderando el caso. Trump y otros acusados alegan que la relación personal de Willis con el fiscal especial Nathan Wade, a quien contrató para ayudarla a llevar el caso, crea un conflicto de intereses.
