Este jueves el gobierno de Luis Lacalle Pou firmará el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de la planta potabilizadora en el balneario Arazatí, en San José, y opositores del proyecto se congregaron afuera de Torre Ejecutiva para manifestar su rechazo.
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La rúbrica será realizada por las actuales autoridades de OSE, con una cláusula especial que permite a la administración de Yamandú Orsi modificar el acuerdo, siempre que haya consenso con el consorcio. Fuentes de OSE confirmaron el miércoles a El Observador que este paso busca evitar que el contrato deba ser revisado por el Tribunal de Cuentas.
Tal como informó El Observador este miércoles, la firma del contrato incluye la construcción de una planta potabilizadora, una toma de agua en el Río de la Plata y otras infraestructuras complementarias, con un costo inicial de US$ 294 millones, financiado por privados. A cambio, OSE pagará mediante un modelo de “pagos por disponibilidad”, desembolsando aproximadamente US$ 890 millones en 17 años y medio una vez la planta esté operativa.
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El Frente Amplio, liderado por el presidente electo Yamandú Orsi, ha cuestionado abiertamente el proyecto. Alejandro Sánchez, secretario designado, y Edgardo Ortuño, próximo ministro de Ambiente, subrayaron reparos técnico-ambientales, económicos y legales, además de su oposición al modelo de gestión elegido por el gobierno saliente.
Entre las modificaciones sugeridas por el consorcio, destaca la posibilidad de construir una segunda toma de agua en Riachuelo, Colonia, y reducir el tamaño del pólder en Arazatí. Esta alternativa busca mitigar los riesgos de salinidad en el agua, una de las principales críticas al proyecto. Sin embargo, Ortuño advirtió que las propuestas no resuelven “los cuestionamientos de fondo” y reiteró que priorizarán la construcción de la represa de Casupá.
El enfrentamiento entre ambas administraciones no se limita a los aspectos técnicos del proyecto. Ortuño señaló que la firma del contrato “limitaría enormemente” un diálogo nacional sobre una política integral de aguas, y que el Frente Amplio buscará replantear el enfoque del manejo hídrico estratégico.
El gobierno de Lacalle Pou, por su parte, defendió el proyecto como “imprescindible” para garantizar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, especialmente ante la creciente demanda y vulnerabilidad del sistema actual.
Aunque la firma del contrato avanza con el respaldo del gobierno saliente, su ejecución y futuro dependen de los acuerdos que se logren entre la nueva administración y el consorcio. Este tema promete seguir siendo un foco de debate político y técnico en los próximos meses.
