El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) laudó meses atrás un reclamo de Directv al Poder Ejecutivo para poder brindar el servicio de internet al hogar. El pedido de la compañía había sido formulado en enero de 2023 a la anterior administración de Luis Lacalle Pou y el actual gobierno había delegado la resolución del asunto a la sentencia que emitiera el organismo del contralor.
El fallo del tribunal, al que accedió El Observador, data del 26 de febrero de este año y fue comunicado a las partes a fines de marzo. Los ministros del TCA dieron la razón al gobierno y desestimaron la demanda de nulidad promovida por Directv contra la denegatoria ficta de la anterior administración a su pedido de acceder a la licencia “Clase B” correspondiente para prestar el servicio de transmisión de datos.
La negativa del gobierno había quedado configurada desde el momento en que pasó el plazo legal sin contestación a la solicitud de la empresa. La acción de nulidad había sido promovida contra el Poder Ejecutivo y contra la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).
Directv señaló en su demanda que “el Estado ilegítimamente le ha negado el derecho a prestar servicios de transmisión de datos”. La compañía ya había obtenido una negativa al mismo pedido en agosto de 2022, pero en ese entonces estaba vigente la Ley de Medios del gobierno de José Mujica, que en su artículo 56 establecía a texto expreso la prohibición a los cables de brindar internet.
Esa normativa, históricamente resistida por los cableoperadores, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) durante la segunda administración de Tabaré Vázquez.
Sede del TCA en Mercedes y Julio Herrera
Diego Battiste
El gobierno de Lacalle Pou, tras muchas idas y vueltas en la interna de la coalición, modificó el artículo con la aprobación de la nueva Ley de Medios, que es la que hoy está vigente.
La redacción actual abre la puerta a que los titulares de servicios de comunicación de televisión que “operan mediante cable” tengan “derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet”. Eso siempre y cuando lo hagan con redes propias.
En esa línea, el gobierno de Lacalle Pou autorizó decenas de licencias “Clase B” a operadores que así lo solicitaron. La medida fue resistida por el Frente Amplio por sumarle competidores a Antel.
De todos modos, el negocio no ha sido próspero y así lo comprueba el último informe de mercado publicado por la Ursec con datos actualizados hasta diciembre del 2025: los cables que brindan internet tienen el 1% del mercado de la banda ancha fija con solo 9.155 servicios prestados.
Ante la demanda de Directv, el TCA entendió que la ley actual “es clara en relación a que solo tienen derecho a solicitar la licencia aquellos que operen mediante cable”, por lo que la empresa no puede hacerlo ya que presta su servicio de manera satelital.
Los ministros del TCA marcaron incluso que esto “no es desconocido” por los propios representantes de Directv y que así lo habían marcado durante la discusión parlamentaria en la pasada legislatura. El tribunal citó en ese sentido un fragmento en el que Directv planteó ante la comisión de Industria de Diputados que se sentían “excluidos de la norma”, más allá de que no se mencionara “expresamente” una “prohibición de la modalidad satelital” para brindar internet.
Directv había asegurado entonces que la redacción apuntaba a “incluir a los operadores de televisión para abonados en la modalidad cable, dejando afuera a los operadores de televisión por abonados en la modalidad satelital”.
Por otro lado, la sentencia deslindó al TCA del debate en torno a si la actual normativa es constitucional o no. En ese sentido, remarcó que “hasta tanto” Directv “no obtenga un fallo de la SCJ acogiendo la inconstitucionalidad” de ese artículo, este “continúa vigente y le resulta enteramente aplicable”.
"Discriminación" y violación a la "libertad de empresa"
En los descargos presentados por el abogado Alejandro Alterwain, Directv había sostenido que “la negativa al otorgamiento de la Licencia Clase B resulta incompatible con el marco constitucional y legal al basarse en una interpretación incorrecta y desactualizada del marco legal vigente”.
“Directv tiene la legítima intención de ampliar su actividad comercial en Uruguay, particularmente en el mercado de transmisión de datos”, planteó. En esta línea, objetó que “para que una actividad lícita pueda ser restringida, debe existir una prohibición legal expresa fundada en el interés general”, algo que a su entender no existe en la actual Ley de Medios.
La compañía adujo que el Poder Ejecutivo “de forma arbitraria discrimina a DIRECTV al impedirle competir en igualdad de condiciones con sus competidoras, que ya cuentan con Licencia “Clase B” y están brindando servicios de transmisión de datos, extremo que violenta el principio de igualdad consagrado en la Constitución de la República, así como la libertad de comercio y empresa”.
Asimismo, apuntó que el argumento de que la tecnología satelital no tiene permitido brindar el servicio “no tiene fundamento legal ni técnico, contraviniendo el principio de neutralidad tecnológica recogido en el artículo 4 del Reglamento de Telecomunicaciones”.
Directv concluyó que el Poder Ejecutivo “violó la confianza legítima y la seguridad jurídica". La compañía alegó haber actuado “con la legítima expectativa de que, una vez derogada la prohibición legal” de los gobiernos frenteamplistas, “se le otorgaría la licencia solicitada”. “Al mantener dicha negativa, se lesionó su confianza legítima y la coherencia con que deben dictarse los actos”.
El reclamo para acceder a la licencia “Clase B” de la Ursec ha sido reiterado al nuevo gobierno tanto por Directv como por Grupo Clarín-Telecom, según dijeron a El Observador fuentes empresariales.
