La audiencia de conciliación entre Rosana Delgado y el Estado por el caso de Itzaé terminó sin acuerdo, por lo que se abrirá la instancia para la demanda judicial contra el Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Social y el INAU.
La instancia llega después de que Delgado haya recibido en adopción a Itzaé, una bebé de menos de un mes y la haya criado durante ocho meses, hasta que el Estado decidió quitársela y entregársela a su tío biológico. El caso fue a dado a conocer en primera instancia por El Observador en diciembre de 2025, y desde entonces Delgado no ha vuelto a ver a la niña, quien pasó a convivir con su tío biológico y dos hermanos, de quienes el tío ya estaba a cargo. La demanda civil es el camino que la demandante recorrerá en busca de su objetivo: recuperar el contacto con Itzaé.
Los representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Poder Judicial rechazaron el reclamo presentado por la mujer, por lo que quedó habilitada la presentación de una demanda por daños y perjuicios.
La demanda será presentada por el abogado Ignacio Durán y estará dirigida contra el INAU, el Mides y el Poder Judicial, al entender que los tres organismos tuvieron responsabilidad en una cadena de decisiones y omisiones que terminó con la separación de la niña de quien había sido su madre de crianza durante sus primeros meses de vida.
En el escrito de conciliación, del que informó en primera instancia El País y al que accedió El Observador, la defensa sostiene que el INAU convocó a Delgado en abril de 2025 para integrar a la niña a su hogar asegurándole que no existían familiares interesados en asumir su cuidado. Ocho meses después, tras la aparición de un tío biológico y una serie de resoluciones judiciales, la menor fue quitada de Delgado, que tenía su tenencia administrativa, y fue entregada a ese referente familiar.
El eje de la futura demanda es que el Estado permitió que durante ocho meses se consolidara un vínculo materno-filial antes de resolver definitivamente la situación jurídica de la niña. La defensa sostiene que hubo demoras, omisiones e información que no fue considerada oportunamente sobre la existencia de familiares biológicos.
El escrito también atribuye responsabilidad al Poder Judicial. Afirma que el juzgado especializado que intervino dictó una resolución que, según la defensa, desconoció el orden de preferencia previsto por la normativa y luego mantuvo durante meses una situación que terminó profundizando el daño alegado por Delgado.
En la instancia de conciliación, la defensa fijó de forma provisoria el monto de la reclamación en $ 300.270 por daño emergente y US$ 250.000 por concepto de daño moral, cifra que podrá ser modificada cuando se presente la demanda.
Sin embargo, tanto Delgado como su defensa hicieron hincapié en que el principal objetivo de la instancia es recuperar el vínculo con la niña. “Quiero volver a verla”, dijo Delgado a El Observador, y así se lo hizo saber también a la jueza Sylvia Castelli en la instancia de conciliación. “Yo no estoy en esto por dinero, lo que quiero es recuperar el vínculo con ella”, agregó.
En la audiencia, la jueza dedicó un tiempo a enviar un mensaje a las partes involucradas, y manifestó que, si bien no podía prejuzgar, pidió que tomaran el caso con la humanidad y la empatía que merecía, ya que no se trataba de un caso más.
Consultado por El Observador, el abogado Ignacio Durán dijo que el caso no tiene jurisprudencia —no hay registros de que la Justicia haya laudado antes ante situaciones similares— por lo que resulte del caso marcará un precedente.
El caso que abrió un debate sobre el sistema de adopciones
El caso de Itzaé fue dado a conocer por primera vez por El Observador en diciembre de 2025 y expuso una secuencia de errores institucionales que derivó en un debate sobre el funcionamiento del sistema de adopciones en Uruguay.
La niña nació en un contexto de extrema vulnerabilidad y pasó su primer mes de vida en la Fundación Canguro, sin recibir visitas de familiares. Con esa información, y tras informes que señalaban que no existían referentes familiares disponibles para hacerse cargo de ella, el INAU la integró a una familia del Registro Único de Aspirantes a la Adopción (RUA), donde comenzó a ser criada por Rosana Delgado.
Semanas después apareció un tío biológico, que ya tenía a su cargo a dos hermanos de la niña, y reclamó su tenencia. A partir de ese momento comenzó una disputa judicial en la que el INAU reconoció inconsistencias en el procedimiento y la Justicia terminó revocando la condición de adoptabilidad que había habilitado la integración de la bebé a una familia adoptiva. El Tribunal de Apelaciones entendió que la resolución inicial había sido "prematura" y sostuvo que debía privilegiarse el derecho de la niña a crecer con su familia biológica.
La publicación del caso generó repercusiones institucionales. La Institución Nacional de Derechos Humanos intervino de oficio y solicitó al INAU que activara mecanismos para revisar la decisión, además de remitir a la Justicia información sobre el proceso de integración de la niña con su familia adoptiva y las consecuencias que el cambio de hogar podía tener desde el punto de vista del apego. La resolución también cuestionó que el organismo no hubiera respondido dos pedidos de informes realizados previamente por la propia institución.
Antes de que Delgado tuviera que entregar a la niña a su tío biológico, El Observador constató que el director de Adopciones de entonces, Darío Moreira, y la directora de Seguimiento en en Registro Único de Adoptantes, Olga Castro, reconocieron que existen situaciones en las que niños son integrados a familias adoptivas antes de tener certeza absoluta de que no existen familiares biológicos en condiciones de asumir su cuidado. Ante esto, el INAU anunció que revisaría sus protocolos para evitar que un caso similar volviera a repetirse. Moreira fue desplazado del rol y pasó a otras tareas dentro del INAU.
Tres meses después de entregar a Itzaé, Rosana Delgado dio su primera entrevista pública a El Observador. Allí anunció que iniciaría acciones judiciales "hasta las últimas consecuencias" y sostuvo que el error institucional no podía corregirse haciendo que la principal perjudicada fuera la niña, que durante ocho meses había construido con ella un vínculo de apego y maternidad.
