La jueza Sylvana García Noroya rechazó declarar la nulidad del allanamiento, aunque durante la audiencia advirtió que no se pueden allanar domicilios de personas ajenas a una causa por el hecho de que el imputado viva en una casa lindera. La defensa apeló esa resolución y el asunto deberá ser estudiado por un Tribunal de Apelaciones.
El ingreso a las viviendas
El operativo fue realizado sobre las 07:40 del 21 de mayo, cuando los integrantes de las dos familias se encontraban durmiendo.
Según relatan las denuncias, procesadas por El Observador, los moradores despertaron por los fuertes golpes que los policías daban contra el acceso al predio. Ante la violencia con la que intentaban entrar y sin saber inicialmente que se trataba de un allanamiento, pensaron que estaban siendo víctimas de un robo.
La Policía golpeó una puerta ubicada junto a una cerca de madera y produjo daños en la cerradura. Al escuchar los gritos de los funcionarios, uno de los habitantes se acercó, abrió el acceso y permitió el ingreso de los efectivos a los apartamentos.
La defensa sostiene que en ese inmueble existen dos viviendas independientes, una al frente y otra al fondo, ocupadas por familias distintas. A su vez, junto a ellas se encuentra otra casa, con entrada separada, donde residían los abuelos del joven que era buscado por la Policía.
El planteo central de las denuncias es que los investigadores confundieron esas propiedades y trataron como una única finca lo que, según los moradores, eran inmuebles separados, con accesos propios y ocupantes diferentes.
Una denuncia anónima y la búsqueda de un sospechoso
La investigación había comenzado a partir de una comunicación anónima a la línea 0800 5000 del Ministerio del Interior. El denunciante aseguró que Axel Lautaro Álvarez Rodríguez había participado en un episodio con disparos ocurrido en la vía pública y afirmó que el joven vivía en la casa de sus abuelos, sobre la calle Gregorio Sanabria.
A partir de esa información, la Policía realizó tareas de campo y la Fiscalía solicitó órdenes para allanar el domicilio de la madre del sospechoso y el de sus abuelos.
La defensa sostiene que el problema se produjo al intentar individualizar la segunda vivienda. Según las denuncias administrativas, el trabajo policial previo fue “errático”, “fallido” e “insuficiente” y no permitió establecer con precisión dónde vivían los abuelos del investigado.
La orden describía una finca de dos plantas, de color blanco, con un portón corredizo de madera y una construcción aledaña con portón negro de hierro. También ubicaba la propiedad en el barrio Maldonado Nuevo.
Los denunciantes afirman que esas características no coinciden con las viviendas a las que ingresaron los policías: señalan que el frente era de bloques sin pintar, que el acceso estaba formado por una cerca fija de madera y un pequeño portón y que el inmueble se encontraba en el barrio San Antonio IV.
Para respaldar esa posición, las familias incorporaron mapas del GeoPortal de la Intendencia de Maldonado, capturas de Google Maps, fotografías y registros del lugar.
La defensa afirma que se allanaron cuatro domicilios
Otro de los cuestionamientos se centra en la cantidad de viviendas intervenidas. La defensa señala que la Fiscalía solicitó el allanamiento de dos domicilios, pero que los efectivos terminaron ingresando a cuatro: la casa de la madre del investigado, la vivienda de sus abuelos y los dos apartamentos ocupados por las familias denunciantes.
Según los escritos, los policías consideraron equivocadamente que los dos apartamentos formaban parte de la propiedad atribuida a los abuelos del sospechoso. La defensa, en cambio, sostiene que se trata de propiedades diferentes que únicamente comparten una pared divisoria, sin patio común ni pasaje interno.
En las denuncias se insiste en que ninguno de los moradores estaba siendo investigado, aparecía vinculado al episodio con disparos o tenía relación familiar con el sospechoso buscado.
La Fiscalía reconoció durante la audiencia que las familias no eran investigadas, pero entendió que eso no volvía ilegal el procedimiento porque las construcciones se encontraban dentro del inmueble comprendido por la orden.
“Acá no es”: qué dicen que muestran las cámaras
Las familias utilizaron como una de sus principales pruebas los videos grabados con las cámaras corporales de los policías. Según las denuncias, en una de las filmaciones se escucha a un funcionario decir “acá no es”, mientras otro responde que debía observar el terreno. La defensa interpreta esa conversación como una muestra de que los propios efectivos no tenían certeza de haber llegado al domicilio correcto.
En otro tramo, siempre según la transcripción incorporada por los denunciantes, un policía les pregunta a los moradores si allí vivían “Axel Lautaro Álvarez, los abuelos o algo por acá”. Las familias respondieron que no conocían al joven ni a sus abuelos.
Los escritos también señalan que uno de los efectivos utilizó un martillo sobre la cerradura dañada, en un intento de repararla, y que la grabación se corta después de que los policías ingresan al apartamento y no encuentran elementos relacionados con la investigación.
Para la defensa, los registros muestran que los efectivos entraron y salieron tanto de los dos apartamentos como de la vivienda lindera donde efectivamente residían los abuelos del investigado.
La denuncia por una patada a un perro
Una de las presentaciones incorpora además una denuncia por el trato recibido por una mascota durante el operativo. Según el escrito, uno de los policías le dio una patada al perro de la familia pese a que el animal se limitaba a ladrar y no había atacado a los funcionarios. Los moradores aseguran que posteriormente advirtieron que el perro sangraba por la nariz y lo llevaron a una veterinaria para descartar lesiones internas.
La defensa sostiene que la agresión fue injustificada y que el procedimiento debía realizarse procurando ocasionar el menor daño posible a las personas, los animales y los bienes que se encontraban dentro del domicilio.
Los daños y la reparación del portón
Después del allanamiento, el subcomisario encargado del operativo mantuvo una conversación telefónica con uno de los moradores. La llamada fue grabada y luego incorporada por la defensa al expediente judicial.
“No era por ustedes. La situación ya está y la cagada ya está hecha”, afirmó el funcionario, según la transcripción publicada por El Observador el 26 de junio en esta nota. Más adelante, agregó: “Yo me hago totalmente responsable de la situación. Que le erramos, le erramos; no vamos a inventar nada ni a inventar una excusa”.
También señaló que la información recibida por la Policía había sido errónea y reconoció que los equipos que realizan allanamientos pueden encontrarse con familias que no tienen relación con los delitos investigados.
En una declaración posterior, el jerarca indicó que volvió al lugar tras enterarse de los daños provocados en el acceso y dispuso que un cabo con conocimientos de carpintería y construcción reparara el portón.
Para la Policía, se trató de subsanar una consecuencia material del procedimiento. Para las familias, la reparación constituye una señal de que los responsables del operativo comprendieron que habían ingresado a viviendas equivocadas.
El impacto sobre las familias
Uno de los moradores relató durante la llamada que su esposa tuvo que recibir asistencia médica y dos semanas de reposo debido al estrés provocado por el allanamiento.
También afirmó que la mujer no quería volver a trabajar porque temía dejar solos a sus hijos y que toda la familia había quedado afectada después de despertarse con policías armados dentro de la vivienda.
A eso sumó la preocupación por las posibles consecuencias de un allanamiento en un barrio que describió como “complicado”. El hombre planteó que otros vecinos podían interpretar el ingreso de la Policía como una señal de que la familia había colaborado con los investigadores y preguntó quién los protegería ante una eventual represalia.
Una de las denuncias administrativas fue presentada también en representación de un menor que se encontraba dentro de la vivienda durante el procedimiento. La defensa ya había adelantado que promovería actuaciones específicas por su situación, debido a que la primera audiencia judicial había comprendido únicamente a los adultos.
Cuestionamientos a los informes policiales
Las denuncias administrativas no se limitan a cuestionar el ingreso a las casas. También ponen bajo sospecha la documentación elaborada después del allanamiento. La defensa afirma que el informe de Investigaciones Zona II fue confeccionado una semana después del procedimiento y que incorporó información reunida posteriormente para justificar lo ocurrido.
Entre otras cosas, cuestiona que se atribuyera a los abuelos del sospechoso la propiedad de todo el predio, pese a que —según los denunciantes— no se adjuntó documentación que acreditara esa afirmación.
También rechaza la versión de que una de las familias vivía desde hacía décadas dentro de un inmueble perteneciente a los abuelos del investigado. Para los denunciantes, esa conclusión se apoyó únicamente en declaraciones y no en títulos, registros o documentos oficiales.
La defensa cuestiona particularmente el acta atribuida al funcionario Matías González. Según el escrito, el policía describió un portón de madera corredizo, una casa de dos plantas y varias “piezas aledañas”, características que los denunciantes consideran incompatibles con las fotografías y videos del lugar.
A juicio de Silva, esas descripciones indujeron a error a la Fiscalía y posteriormente a la jueza que autorizó el allanamiento.
El pedido ante la Jefatura
Las dos familias solicitan que la Jefatura de Policía investigue por separado las actuaciones previas al allanamiento, la ejecución del operativo y la elaboración de los documentos posteriores.
Los escritos piden que se determine si los efectivos identificaron correctamente las viviendas, si excedieron el alcance de la orden judicial, si realizaron afirmaciones falsas o sin respaldo documental y si actuaron de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos policiales.
También reclaman que, una vez finalizada la investigación administrativa, se impongan las sanciones correspondientes en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas.
La investigación administrativa avanzará en paralelo con la apelación presentada ante la Justicia. Mientras la defensa sostiene que la Policía primero allanó y después intentó reconstruir la información sobre las propiedades, la Fiscalía mantiene que la orden comprendía las viviendas intervenidas y que el procedimiento fue legal.
