Con esa información, la Fiscalía solicitó una orden para allanar dos viviendas: una donde residiría la madre del investigado y otra atribuida a sus abuelos. La jueza de garantías autorizó el procedimiento sobre una finca descripta como una casa de dos plantas, de color blanco, con portón corredizo de madera y una construcción lateral con portón negro, ubicada en dicho punto del barrio Maldonado Nuevo.
Sin embargo, la defensa sostiene que esa descripción nunca identificó correctamente la vivienda donde finalmente ingresó la Policía.
Consultado por El Observador, el abogado Rafael Silva aseguró que la vivienda que aparece descripta en la orden judicial era, en realidad, la casa donde viven los abuelos del joven que motivó la investigación principal, y no la finca lindera donde residen sus clientes.
"Esa foto corresponde a la casa que debían allanar. Ellos nunca entendieron que se trataba de dos viviendas distintas y por eso en la orden describen la segunda como una 'pieza aledaña'. Ahí viven los abuelos del joven condenado", afirmó.
Silva explicó además que también decidió asumir la defensa del nieto de esa pareja, además de representar a las dos familias que denuncian haber sido allanadas por error. Según sostuvo, esa estrategia le permite acceder a la totalidad de la evidencia incorporada a la investigación y evitar que parte de la información quede fuera de su alcance.
"Soy abogado de las dos partes porque es la única manera de tener acceso a toda la evidencia del caso", señaló.
Una familia que vivía allí desde hacía más de diez años
El abogado defensor, Rafael Silva, sostiene que la Guardia Republicana ingresó a dos viviendas ubicadas dentro del mismo predio donde residían dos familias distintas que no figuraban en la investigación ni tenían calidad de imputadas.
Además, el profesional presentó una constancia de la Intendencia de Maldonado que acredita que los integrantes de la familia allanada estaban censados en ese padrón desde 2015, mucho antes de la investigación que dio origen al operativo.
La defensa sostiene que ese dato demuestra que la Policía pudo haber identificado correctamente quiénes vivían allí antes de ejecutar el allanamiento.
También afirma que el predio allanado no pertenecía al mismo padrón que la vivienda de los abuelos de Axel Álvarez, como sostuvo Fiscalía durante la audiencia, sino que se trataba de inmuebles distintos, ocupados por familias diferentes.
"La cagada está hecha": la llamada del subcomisario que quedó en el centro del expediente
La defensa también incorporó a la apelación la transcripción de una conversación telefónica que, según sostiene, mantuvo un alto mando de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado con uno de los moradores de las viviendas allanadas.
La llamada se produjo después del operativo y, de acuerdo con el expediente, el jerarca policial buscó explicar lo ocurrido y transmitir que el procedimiento nunca estuvo dirigido contra esa familia.
"No era por ustedes. La situación ya está y la cagada está hecha, hablando mal y pronto", le dice en uno de los primeros pasajes de la conversación.
A medida que avanza el diálogo, el funcionario asume la responsabilidad por lo sucedido y pronuncia una frase que luego la defensa convirtió en uno de los principales argumentos de la apelación. "Yo me hago totalmente responsable de lo que quiera hacer o pasar, entendemos la situación. Le erramos, le erramos. No vamos a inventar nada ni a meter ninguna excusa", afirma.
También intenta explicar cómo la investigación terminó conduciendo a los policías hasta esas viviendas. Según la transcripción, sostiene que la orden de allanamiento fue solicitada con la información disponible hasta ese momento, aunque reconoce que "los datos, la información que nos pasaron, fue errónea".
En otro tramo, el subcomisario argumenta en base a la presión con la que trabajan los equipos que participan en este tipo de procedimientos y admite que eso no justifica afectar a personas ajenas a una investigación. "Por un milímetro o por unos metros nos puede ir muy bien como nos puede ir muy mal. Estamos trabajando en este tipo de casos y ponemos en riesgo nuestras propias vidas y la salud mental, pero tampoco nos da derecho a pasar para el otro lado", señala.
Foto: Allanamiento - Ministerio del Interior / Archivo
Incluso reconoce que muchas veces quienes integran los equipos de allanamientos llegan preparados para enfrentarse con delincuentes y terminan encontrándose con familias que no tienen ninguna relación con la investigación. "A veces se deja llevar pensando que al entrar en un allanamiento no son todos delincuentes. Bueno... no es así. Lamentablemente no es así. Acá es un claro ejemplo", sostiene.
Del otro lado del teléfono, el morador le responde que el daño ya estaba hecho. Le cuenta que su esposa debió recibir dos semanas de reposo por estrés después del allanamiento, que ya no quiere volver a trabajar porque tiene miedo de dejar solos a sus hijos y que toda la familia quedó afectada por el procedimiento. "¿Qué me repara eso? Mi mujer ya no quiere trabajar más. Estamos desesperados", le dice.
Después plantea otra preocupación: vivir en un barrio donde un allanamiento puede ser interpretado por delincuentes como una señal de colaboración con la Policía. "Vivimos en un barrio complicado. ¿Qué pasa si se enteran de que ustedes vinieron a mi casa y alguien piensa que nosotros hablamos con la Policía? ¿Quién nos protege?", pregunta.
El funcionario intenta tranquilizarlo y le asegura que el procedimiento "no perjudicó" la investigación ni debería generar represalias contra la familia. En su declaración, incorporada al expediente al que accedió El Observador, el subcomisario relató que, tras enterarse de que durante el ingreso había sido dañado un portón de hierro, volvió personalmente al lugar al día siguiente, habló con los moradores y dispuso que un cabo con conocimientos de carpintería y construcción concurriera a reparar el daño.
Para la Policía, esa reparación formó parte de las consecuencias materiales del procedimiento, pero para la defensa, en cambio, constituye otro indicio de que los propios funcionarios comprendieron que el allanamiento había recaído sobre dos viviendas ocupadas por familias ajenas a la investigación.
La Fiscalía, sin embargo, sostiene una posición distinta. Durante la audiencia afirmó que la denuncia anónima permitía ubicar el domicilio buscado, que las viviendas intervenidas integraban un mismo predio donde podía encontrarse el sospechoso y que todo el procedimiento quedó registrado mediante las cámaras corporales de la Guardia Republicana.
El Ministerio Público reconoció que los moradores de las viviendas allanadas no eran investigados, pero entendió que ello no vuelve ilegal el procedimiento porque el inmueble estaba comprendido dentro del alcance de la orden judicial.
El pedido de apelación
La apelación, procesada por El Observador, dedica buena parte de sus fundamentos a cuestionar el trabajo previo de identificación del domicilio. El abogado defensor sostiene que las tareas de campo realizadas por la Policía fueron "erráticas" y "fallidas", y acusa a la Fiscalía de haber solicitado la orden con información insuficiente.
Incluso afirma que varios elementos utilizados luego para justificar el procedimiento —como un video sobre la propiedad y la reconstrucción del predio— fueron obtenidos después del allanamiento.
Por eso resume su planteo con una frase que se repite varias veces en el recurso: "Primero investigo y luego allano; no es primero allano y luego investigo", argumentó Silva.
En otro tramo de la instancia, sostiene que existen antecedentes judiciales donde allanamientos fueron declarados ilegales porque las órdenes no individualizaban correctamente la vivienda.
La jueza resolvió mantener la legalidad del procedimiento aunque dejó abierta la posibilidad de que la defensa recurriera la decisión, lo que ya fue concretado.
El Tribunal de Apelaciones ahora deberá determinar ahora si el allanamiento respetó las garantías constitucionales o si, como sostiene la defensa, la investigación avanzó sobre una vivienda de forma ilegal.
Habrá otra audiencia por un menor
Pero además de la apelación presentada ante el Tribunal, la defensa adelantó que promoverá nuevas actuaciones vinculadas al operativo.
Silva explicó que la audiencia realizada hasta el momento comprendió únicamente a los mayores de edad que residen en las dos viviendas allanadas y que resta una nueva instancia judicial por un menor de edad, que también estaba en el lugar durante el procedimiento.
Según señaló, antes de esa audiencia presentará además una denuncia ante el Ministerio del Interior por la actuación policial durante el allanamiento.
El abogado sostuvo que confía en que la Justicia revise lo resuelto en primera instancia a la luz de los elementos incorporados al expediente, entre ellos la conversación telefónica atribuida al jerarca de Investigaciones, en la que —según la defensa— el funcionario reconoce que el procedimiento recayó sobre las viviendas equivocadas.
Para el abogado, esa conversación demuestra que "se equivocaron de casa, se equivocaron en la identificación" y cuestionó que, pese a ello, la Fiscalía continúe defendiendo la legalidad del procedimiento.
