Entre la niebla del viernes, dos motos se detienen frente a una casa de Villa García. Cuatro hombres saltan un muro gritando "¡policía!" y, pocos segundos después, cinco personas quedan muertas. La noticia sacude al país, reabre la discusión sobre la seguridad y revive un viejo reflejo de la política: buscar una explicación inmediata para una nueva “masacre”.
Apenas tres meses antes, el ministro Carlos Negro había hablado en el Parlamento de una “caída histórica" de los homicidios desde la salida de la pandemia. Un cambio de tendencia.
En el segundo trimestre fueron asesinadas solo en Montevideo más de 20 personas por mes. La mayoría de ellas eran jóvenes, varones y con familiares muertos a balazos. El ministro Negro ya lo adelantó: la primera mitad del año —pese aquel augurio ante el Senado— acabó con una suba de los homicidios. Y la segunda mitad del 2026 no parece haber iniciado con augurios: un quíntuple homicidio que suele encontrar sus semejanzas más próximas en los incendios adrede en cárceles o el tiroteo en Maracaná.
Como suele ocurrir después de un crimen de alto impacto, el debate político llegó antes que las explicaciones. El legislador nacionalista Nicolás Martinelli pidió la renuncia del ministro del Interior. Pero mientras la discusión crecía, la inteligencia policial empezaba a reconstruir otra historia.
Todo apunta a que se trata de una “venganza” más un enfrentamiento entre dos familias de Villa Española en las que, además de la disputa del negocio de la droga, reina la ley del ojo por ojo. Van más de nueve asesinatos de esos linajes: Los Suárez Furtado versus Los Albin. Solo que esta vez el quíntuple homicidios ocurrió más un poco más lejos, a donde unos se fueron a sobrevivir después de sentirse acorralados. No era una guerra nueva. Era la continuación de otra.
El legislador que pidió la renuncia del hoy ministro había estado cuando Villa Española estaba “caliente”, como le llaman en la jerga policial. Y tras los operativos dio a entender que la zona se pacificó porque estaban casi todos presos. La principal hipótesis policial da a entender que esa paz no fue ni es tal.
¿Qué dice la evidencia? Que desde el año previo a la pandemia —y quitando el efecto pasajero que tuvo la emergencia sanitaria en la violencia letal porque disminuyó la movilidad— en Uruguay y en Montevideo la tasa de homicidios sube y baja sin grandes cambios, como la penillanura levemente ondulada.
Los sociólogos llaman a eso "errores aleatorios". La imagen sirve para entenderlo. Una persona se pesa hoy y marca 80,1 kilos. Mañana, 79,6. Pasado, 80. No adelgazó. Simplemente hay pequeñas variaciones normales.
La película más larga en los que va de este siglo muestra un salto en el año 2012, una segunda subida en 2018 (meses después de que se efectiviza el cambio del código del proceso penal y las instituciones se reacomodan) y luego sin cambios significativos. No hay una tendencia al aumento ni una a la caída.
Lo que nunca cambia
Uruguay lleva generaciones que ven en parte de las economías ilegales su forma de vida; una vida que vale poco y nada. Familias o pequeños grupos se disputan territorios, pero también noviazgos, la norma del más fuerte, la sed de venganza.
La Policía enfría un barrio y la violencia se desplaza algunos kilómetros. Detiene a un grupo y otro ocupa su lugar. Las cárceles reciben nuevos presos, pero rara vez logran cortar las trayectorias criminales. Muchas veces ocurre lo contrario: consolidan vínculos, fortalecen pertenencias y alimentan la reincidencia.
El quíntuple homicidio de Villa García no es una rareza. El sociólogo Ignacio Salamano lo mostraba cuando situó, como en una especie de mapa de calor, los asesinatos en Montevideo desde 2012 a 2022:
Desde el suroeste de la capital hasta el noreste (y en realidad sigue al área metropolitana a las afueras de Montevideo) se dibuja como un cinturón donde se concentran la mayoría de los homicidios. Villa García está en ese extremo superior derecho, en el eje de una ruta 8 que es salida de barrios como Jardines del Hipódromo (uno de los más calientes este años), Punta de Rieles, Marconi. Son 12 de 62 los barrios de la ciudad en que atraviesa ese cinturón.
En realidad ni siquiera hay que hablar de barrios. Son manzanas, microterritorios. Casi la mitad de los homicidios se dan a menos de 500 metros del domicilio de la víctima (o en el propio domicilio). No son esas “matanzas” en que paralizan la ciudad, queman ómnibus y empiezan a los tiros en pleno Centro. Porque, en parte, algo más de cuatro de cada diez de estas muertes son por ajustes de cuentas o conflictos entre criminales, una categoría vaga en la que caben desde los celos, las deudas, las disputas por una boca de droga hasta que el plomo se devuelve con más plomo.
Son pequeñas zonas de bajos recursos, por más que puedan movilizar dinero dentro de la economía informal, y en que las chances de morir son mucho más altas que en más de dos tercios del resto de Montevideo. Salamano reflexiona: “El hecho de que algunos de estos territorios muestren una década de vulnerabilidad a la violencia letal parece dar lugar a la necropolítica, ya sea de manera deliberada, por omisión o abandono”.
El entrelineado del plan de seguridad
“Los recursos son de la gente y son del país. No son de un ministerio”, había respondido el novel jefe de la policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, cuando se le preguntó por el uso de blindados militares para el patrullaje policial.
Clavijo estaba refiriendo a uno de los primeros puntos en el combate a los homicidios que propone el plan de seguridad oficial: la permanencia de la policía en esos microterritorios. Porque la evidencia muestra que, ante la falta de recursos que siempre tienen los Estados, la priorización es clave siempre y cuando no se descuide una zona que se enfrió y puede volverse a calentar en cualquier momento.
Ese patrullaje policial puede causar desplazamientos, pero también hay desplazamientos que no siempre son negativos. Cuando comenzaron a explotar cajeros automáticos para robarse el dinero, se usó un sistema de entintado. No todos los cajeros estaban con ese método, pero el criminal no podía saber en cuál. Es como cuando una zona se carga de cámaras, algunas casi invisibles (como pasó en Ciudad Vieja).
Pese a esa difusión y presencia policial, en el Ministerio del Interior lo tienen claro: buena parte de la baja de los homicidios depende de la inteligencia, de la investigación. Y eso, sin decirlo tan sencillo, figura en el plan de seguridad cuando se habla de disuasión focalizada. No es otra cosa que identificar las bandas, trazar bien sus integrantes, identificar a los líderes, y trabajar con maneras de interrupción de la violencia para que no escale.
Un reciente estudio de los criminólogos uruguayos Emiliano Rojido y Nicolás Trajtenberg lo muestra con evidencia internacional: una política de seguridad de ese tipo, una vez que esté madura, puede hacer caer los homicidios entre un 30% y 40%.
La tarea no es sencilla. En Uruguay no existe con claridad qué es un grupo de crimen organizado. No todo grupo actúa de manera violenta, sobre todo porque lo que más quiere si tiene un gran negocio es no llamar a la policía. Opta por pasar debajo del radar, corromper, lavar dinero de manera sutil. A su vez, meter preso a un líder sin tomar otras acciones es la excusa perfecta para que haya una disputa de poder: “Muerto el rey…”.
Cinco muertos en una casa de Villa García pueden cambiar el clima político de una semana. Pero difícilmente cambien, por sí solos, la trayectoria de los homicidios. Porque mientras las disputas sigan reproduciéndose en los mismos barrios, entre las mismas familias y alrededor de las mismas economías ilegales, las cifras seguirán moviéndose unos puntos hacia arriba o hacia abajo sin alterar demasiado la historia de fondo.
