“La próxima vez va a haber voto electrónico”, bromeó Fernando Pereira mientras el conteo manual de los votos a mano alzada consumía los minutos. El comentario concitó la ovación de los casi 2 mil congresales del Frente Amplio en el Palacio Peñarol. “Lo que es la demagogia”, se rio el presidente de la fuerza oficialista.
Pero lo que no requirió conteo alguno fue la aprobación de un bloque de mociones de amplio consenso que, entre otros puntos, incluyó el compromiso del Frente Amplio de restringir de cara a las elecciones de 2029 el uso de las “colectoras de votos”.
Esta estrategia basada en lanzar cientos de listas espejo para acumular a favor de un mismo Senado o sublema a la Junta Departamental aseguró en las últimas elecciones al menos tres bancas legislativas en el oficialismo y una treintena de ediles.
Entre los primeros se cuentan el senador Felipe Carballo, el hoy ministro Gonzalo Civila –cuya banca ocupa el socialista Gustavo González–, y la hoy vicepresidenta Carolina Cosse, cuya representación en el Senado –hoy en manos de Daniel Borbonet– se debe en buena medida a los votos de la ingeniería electoral de Sumemos (Humberto Castro) y Espacio Uruguay (Yamandú Costa).
En las elecciones departamentales, por otro lado, aseguró más de 40 ediles en las juntas departamentales a la alianza Compromiso Sumemos Uruguay del senador Carballo con los legisladores suplentes Costa y Castro.
El documento base del Congreso celebrado este fin de semana proponía una “comisión” para analizar la situación de la “superpoblación de listas electorales” y proponer no después de diciembre del 2027 una solución al Plenario Nacional del Frente Amplio.
Este sábado, sin embargo, la comisión reunida por la mañana en el Palacio Peñarol acordó una redacción alternativa que no deja lugar a dudas a la hora de limitar este tipo de estrategias.
“La proliferación de hojas de votación y de mecanismos conocidos como ‘colectoras de votos’, debilita la vida orgánica e introduce lógicas de competencia ajenas a la tradición frenteamplista, que lejos de sintetizar la diversidad, fragmenta y diluye su identidad política, dificulta al electorado la comprensión de las distintas opciones y afecta la credibilidad de la fuerza política”, establece la moción propuesta por las bases y acompañada por los principales sectores.
Esta redacción alternativa retomó la idea de una comisión, pero explicitó que ese ámbito tendrá cuatro objetivos concretos: el primero de ellos, “reducir la cantidad de hojas de votación, sintetizando las expresiones electorales de la fuerza política”.
Luego agregó que se deberá “priorizar la pertenencia al proyecto colectivo por sobre la acumulación puramente sectorial o personal”, que tendrá que “definir límites y requisitos organizativos claros para la habilitación de hojas de votación” y por último “garantizar que las hojas de votación no generen confusión en el electorado”.
La moción concluye que esta comisión frenteamplista tendrá que elevar su propuesta “con plazo máximo a diciembre de 2027” e integrarse al “orden del día del primer Plenario Nacional de 2028 para su resolución”, según consta en el texto al que accedió El Observador.
Otra de las novedades en el correr del sábado fue que el Frente Amplio encamina una moción de consenso para tomar partido sobre el impuesto al 1% más rico impulsado por el PIT-CNT y los sectores frenteamplistas más radicales. El gobierno –en la palabra de su presidente Yamandú Orsi y de su ministro de Economía, Gabriel Oddone – se ha opuesto a una medida de este tipo. Sin embargo, las conversaciones en el seno de una subcomisión que funcionó este sábado en el Club Atenas procuró una fórmula que contente a todos, incluidos el MPP y los sectores más moderados.
La redacción –que hasta última hora del sábado continuaba sujeta a modificaciones– será considerada en el plenario del Congreso este domingo.
Lo que quedó por el camino
La comisión dedicada a la coyuntura internacional que trabajó buena parte del sábado en el Club Cordón fue tal vez la más agitada. El debate incluyó incluso una moción presentada por el comité El Galpón que exigía la renuncia del canciller Mario Lubetkin. La propuesta no fue considerada por un tema de procedimiento y se desestimó.
Otras mociones llegaron al plenario del Congreso pero sin el consenso necesario para tratarse en bloque, por lo que se votaron una por una. Los sectores cerraron filas en esta parte para no atar de manos al gobierno con pronunciamientos que marquen una contradicción entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política.
Una de ellas procuraba que el Congreso del Frente Amplio se pronuncie a favor de que Uruguay se sume al reclamo iniciado por Sudáfrica para acusar a Israel de genocidio.
“Más allá de declaraciones, hay que tener acciones en contra de este genocidio. Y así lo hizo Sudáfrica cuando en diciembre de 2023 presentó un recurso ante la Corte de Justicia Internacional diciendo que lo que estaba ocurriendo en Palestina eran crímenes de lesa humanidad”, fundamentó en esta línea un militante del comité Hervidero de la Ciudad de la Costa. “A eso se han sumado numerosos países como Brasil, México, España y Chile; y lo que estamos planteando es que estemos del lado correcto de la historia”.
La moción requería de 905 votos para conseguir los dos tercios necesarios para aprobarse, pero solo llegó a 696 adhesiones. Los sectores no la acompañaron, aunque ningún dirigente fundamentó en contra de la propuesta.
Otra moción presentada por un comité de base de Buenos Aires sostenía que Uruguay debería evaluar su oposición a la “intervención indirecta que los barcos de Estados Unidos, Israel e Inglaterra realizan al dirigirse a las Islas Malvinas para abastecer combustible y alimentos parando en el puerto de Montevideo”.
El texto tampoco consiguió los votos necesarios.