El plebiscito quedó a más de 10 puntos para cambiar la Constitución y solo alcanzó el 50% necesario en un departamento
Se necesitaron 20 años y cuatro propuestas para que los uruguayos volvieran a decidir qué hacer con los allanamientos nocturnos. Es la cuarta vez que se discute el tema, y la respuesta es otra vez la misma: los allanamientos solo se hacen durante el día.
La papeleta del “Sí” amarilla obtuvo el 39,35% de los votos (947.042 adhesiones) en las Elecciones Uruguay 2024 de este domingo, y se quedó a más de 10 puntos de la mayoría necesaria para su aprobación.
La norma constitucional que los impulsores del plebiscito querían cambiar define al hogar como inviolable y establece en su artículo 11 que de noche “nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe”.
Los promotores de la reforma —que en este caso fue el legislador senador blanco Carlos Camy, pero que ha sido antes a impulso de frenteamplistas— partían de la premisa de que ese derecho es una ventaja para los delincuentes: pueden actuar sin que tengan la consecuencia inmediata de la ley. Durante la noche, ninguna persona que venda droga en un “hogar” —algunos se preguntan qué significa eso de hogar— podrá ser agarrada infraganti.
Del otro lado, los que se opusieron, sostenían que la habilitación no garantiza una mejor eficiencia en el control del delito —los resultados de los países que aplican los allanamientos en la noche no son significativamente mejores— y, sin embargo, se debilitan los derechos de quienes son víctimas del daño colateral: entrar en la casa equivocada, violentar a una persona gratuitamente.
El plebiscito sobre los allanamientos solo alcanzó la mayoría necesaria en uno de los 19 departamentos: se trata de Flores, donde obtuvo el 53,01% de las adhesiones.
En trece departamentos la reforma tuvo un porcentaje de aprobación superior al 40% pero inferior al objetivo. Durazno, con un 46,93% de papeletas ensobradas, y Maldonado, con un 46,72%, fueron los que estuvieron más cerca de esa cifra.
En tanto, en otros cinco departamentos el plebiscito estuvo por debajo de los 40 puntos porcentuales. Montevideo y Canelones, los de mayor población, fueron los lugares en los que menos se votó a favor de los allanamientos: en la capital solo alcanzó un 35,39% de los votos, y en su departamento vecino un 35,91%.
Cerro Largo (39,57%), Paysandú (38,74%) y Salto (36,76%) le siguen en la lista de los departamentos con menos adhesiones a la propuesta.
El tema, que ahora se propone por cuarta vez, se había planteado en los gobiernos del Frente Amplio. Durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, su hermano Jorge Vázquez, como prosecretario de la Presidencia y titular de la Junta de Drogas, había hablado de cambiar la Constitución, a instancias de Julio Guarteche, que en ese momento dirigía la Brigada de Drogas.
En el gobierno de José Mujica se volvió a debatir también por iniciativa de Guarteche, que para ese entonces era director nacional de la Policía, quien aseguraba que no contar con esa herramienta era darle ventaja a los narcotraficantes, ya que muchas veces las operaciones quedaban “cortadas por la mitad” y debían continuarse al día siguiente. Fue entonces que el diputado Walter De León propuso interpretar la Constitución mediante un proyecto de ley. Esa propuesta que naufragó era resistida en la mayoría de la academia, que cree que la Constitución debe ser modificada, no interpretada.
Más acá en el tiempo, lo planteó Jorge Larrañaga en la campaña Vivir sin miedo (dentro de un paquete de cuatro medidas), y por cuarta vez se impulsó de nuevo la discusión en el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Se sabía de antes y lo ratificaron los números del plebiscito: no es un tema que se divida según el partido político. De un lado y de otro aparece el dilema que, en el fondo, batalla entre el desespero por combatir la inseguridad y el narco —y el hastío ante falta de resultados contundentes— y cómo proteger a quienes necesitan ser protegidos sin vulnerarlos de algún modo.
El propio Frente Amplio mostró sus diferencias, que después intentó solapar bajo una postura que lo mostró unánime. Jorge Díaz, hoy asesor de Orsi, se había expresado a favor de la reforma antes y después de ejercer como fiscal de Corte. Sin embargo, luego criticó que la medida se vende como la solución mágica a la inseguridad.
Orsi y Cosse se sumaron a su postura. El primero dijo que los allanamientos no deberían autorizarse sin, al mismo tiempo, “hincarle el diente al tema del lavado de activos”. La candidata a vicepresidenta afirmó que "los países que lo tienen sugieren no hacerlo", y que "está demostrado" que cuando se habilitan los allanamientos nocturnos se producen "equivocaciones" en "10% de los casos".
El fracaso de este plebiscito se suma a la lista de consultas populares que buscan mejoras en la seguridad que no lograron llegar a las adhesiones necesarios. Cuando el colorado Pedro Bordaberry propuso la baja de edad de imputabilidad en 2014, ante el protagonismo de los menores infractores que solo parecía crecer, obtuvo el 46,8% de los votos. Cuando Larrañaga propuso en 2019 habilitar los allanamientos nocturnos en el marco de cuatro propuestas que hacía para vivir sin miedo —ese era el nombre de la campaña—, la reforma obtuvo el 46,1% de los votos.
A diferencia de los dos casos anteriores, esta vez no hubo una ardua o intensa campaña, ni a favor ni en contra, a tal punto que el tema nunca llegó a instalarse demasiado en la agenda mediática. A tal punto, incluso, que ni siquiera existió un comando que oficiara de vocero en el tema.
Iván Posada, diputado del Partido Independiente y uno de los principales impulsores del plebiscito, reconoció a El Observador que “no hubo campaña” a favor de los allanamientos nocturnos. “En retrospectiva, los partidos no pusimos el acento en este tema”, lamentó el legislador, quien cree que el énfasis en la reforma de la seguridad social le quitó focos a la otra consulta.
La máxima medida de campaña fue para los partidos de la coalición de gobierno, que en su mayoría decidieron ensobrar las listas junto con la papeleta amarilla del sí. Posada duda que todos los partidos oficialistas lo hayan hecho.
"Todas las hipótesis pueden tener validez. La principal explicación es que la ciudadanía se expresó en contra. Esa expectativa no se cumplió", dijo en una entrevista con Telemundo Carlos Camy.
Posada cree que la postura contraria del Frente también incidió. Recordó que en 2016 “había un acuerdo” de todos los partidos para habilitar los allanamientos, pero al entrar en la reforma de Larrañaga su mezcla con otras propuestas llevó a su rechazo. “Uno suponía que el tema por si solo tenía los votos, pero el Frente Amplio hizo sus cuentas”, apuntó.
No alcanzó para aprobar la reforma, y sus impulsores lamentan no haberle dado el énfasis necesario en la campaña. Del otro lado, casi un millón de personas están pidiendo soluciones, y desde el oficialismo no dudan que el tema volverá a la discusión, para intentarlo otra vez.
La gráfica con la votación en cada departamento contó con la colaboración del politólogo Juan Ignacio Pintos en el procesamiento de datos.
