Con la papeleta del "Sí" amarilla, la coalición intenta que la Policía tenga la autoridad para allanar hogares en horas de la noche
Este domingo se celebrarán en Uruguay las elecciones nacionales, en las que también la población tendrá la posibilidad de decidir sobre si habilita o no los allanamientos nocturnos.
Con la papeleta del "Sí" amarilla, la coalición intenta que la Policía tenga la autoridad para allanar hogares en horas de la noche con orden judicial, y alegan que Uruguay es uno de los pocos países que no cuenta con esta herramienta.
Se trata del segundo intento consecutivo por habilitar estos allanamientos por la vía de consulta popular, ya que estaban incluidos en el plebiscito conocido como "Vivir sin miedo" que no obtuvo los votos necesarios para aprobarse (tuvo 46,8%) en las elecciones de 2019 y no el 50% más uno que se requiere. Esa propuesta incluía también crear una guardia nacional con 2.000 militares, el cumplimiento efectivo de las penas en determinados delitos, y la cadena perpetua también para ciertos delitos muy graves.
El Frente Amplio y algunos sindicatos policiales se oponen a esta medida, ya que entienden que no aporta las garantías necesarias para que estos allanamientos se desarrollen de manera segura y legal.
En las últimas semanas distintas encuestas mostraron una disminución en la aprobación del plebiscito, y se entiende que la postura contraria del Frente Amplio ha sido clave para esta tendencia.
El plebiscito de allanamientos nocturnos busca modificar el artículo 11 de la Constitución, que actualmente indica: "El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley".
Los impulsores de la reforma proponen modificar el artículo de la siguiente forma: "El hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador, o por orden expresa y fundada de un juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley".
Con esto, se quitaría la obligación de que solo se pueda ingresar a los hogares en la noche con el "consentimiento de su jefe".
Este lunes los impulsores del plebiscito tuvieron una cadena nacional, en la que explicaron que la actual redacción del artículo data de 1830, cuando "no había luz eléctrica" y se impidieron los allanamientos en hogares por la noche para "dar garantías a todos los ciudadanos".
En la cadena nacional, una voz en off indicó que el plebiscito le dará un "aval a la Justicia" para que "el combate al delito se realice a tiempo completo", con "todas las garantías que corresponden en un estado de derecho".
Iván Posada, diputado del Partido Independiente que participó de la emisión, afirmó que la reforma "no soluciona todo, no es la panacea, pero es una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico, porque se termina con la impunidad de esos delitos nocturnos".
Además, los impulsores destacan que solo muy pocos países del mundo impiden los allanamientos en horas de la noche: Cabo Verde, Guatemala y Mozambique, según marcó el exministro del Interior Luis Alberto Heber semanas atrás.
El plebiscito fue impulsado por el senador blanco Carlos Camy y apoyado por los legisladores oficialistas y del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), que juntaron firmas de más del 50% de la Asamblea General para que la Corte Electoral habilitara la consulta popular.
"Es necesario una medida que contribuya a la acción de la Justicia y de la Policía en el combate, fundamentalmente, al narcotráfico y al crimen organizado", dijo Camy, en la conferencia de prensa en la que anunció que se realizaría la consulta.
En una resolución emitida a principios de setiembre, el Frente Amplio argumentó que "los allanamientos nocturnos ya existen y muchas de las situaciones previstas para su implementación fueron reguladas en los gobiernos del Frente Amplio", y criticó que la forma en la que se instaló el debate sobre esta reforma es "engañosa" porque sus impulsores marcan que los allanamientos "son la bala de plata para combatir las bocas de drogas".
"Asociar la idea de que este mecanismo es el instrumento que falta para terminar con el narcotráfico, es además de una propuesta demagógica, una idea que no tiene ningún sustento empírico. La misma supone una desprotección de los hogares, sin una propuesta explícita de regulación que posibilite un uso adecuado de la herramienta", se lee en la resolución.
Algunos sindicatos policiales también se oponen al proyecto. Rudeber Buela, vocero de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip), dijo a La Diaria que los policías quieren que un fiscal participe de los operativos para brindar garantías a los funcionarios y a la población. También piden un mayor y mejor equipamiento para estos casos. Estos reclamos también fueron realizados por la Unión de Policías de Maldonado (Unipolma).
El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) no está en contra, pero reclama mayores garantías en equipamiento y formación de los policías encargados de los allanamientos. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, les aseguró que la cartera ya adquirió equipos especializados y planea que los operativos sean realizados por unidades policiales especializadas.
La última encuesta de Cifra antes de las elecciones nacionales del domingo 27 de octubre, presentada el pasado martes, mostró que el 50% de la población votaría por reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, lo que la deja "en el borde" de la aprobación.
Para que el plebiscito impulsado por la coalición oficialista "alcance el 50% más uno de los votos válidos tendría que lograr que todos los favorables efectivamente pongan la papeleta, y eso parece muy difícil", advierte la encuestadora.
Por otra parte, según la última encuesta sobre la intención de voto de los plebiscitos realizada por la consultora Opción la aceptación de los allanamientos cayó del 64% al 58% de agosto a principios de octubre. Esa encuesta destacó que la tendencia es "a la baja" desde hace meses (en abril la aprobación era de 75%), lo que plantea una situación de "alta incertidumbre" respecto a su posible aprobación.
"El principal factor explicativo de esta variación son las preferencias al interior del Frente Amplio. En agosto, 44% de los frenteamplistas declaraba que apoyaría la reforma y ahora lo hace un 31%. Es decir, en un mes donde justamente el Frente Amplio como partido se pronunció en contra de este plebiscito, la propensión a votarlo por parte de los frenteamplistas bajó 13 puntos", señaló la consultora.
Posada dijo a El Observador que esta baja en las encuestas se debe a que cuando se acerca el día de las elecciones "empieza a pesar lo partidario". "El Frente Amplio ha manifestado sus objeciones, a pesar de que antes no las tenía", concluyó.
Camy, en tanto, destacó que el plebiscito tuvo todas las mediciones de la campaña con mediciones favorables, aunque rehusó comentar sobre el descenso de las últimas semanas: "No las comento. Son mediciones de las opiniones del momento. Veremos que dice la encuesta del 27 de octubre".
El diputado independiente sostuvo que los allanamientos nocturnos son "un tema demasiado claro", que es discutido y tratado hace varios gobiernos, por lo que la población cuenta con "suficiente información" en la materia. Para el legislador la campaña a favor del plebiscito "fue correcta".
Por su parte, Camy afirmó que la campaña a favor de los allanamientos trabajó "enormemente" recorriendo "todo el país" y con un "enorme esfuerzo".
De todas formas, el legislador coincidió con Posada en que la iniciativa "no es nueva" y ha tenido "varias propuestas desde distintas vías" y "de todos los partidos", pero afirmó que en este caso sí lograron la "aprobación necesaria en el Parlamento" y las encuestas están a su favor. "Somos muy optimistas", sentenció.
Esta es la cuarta vez consecutiva que se intentan habilitar los allanamientos nocturnos, luego de que los dos primeros gobiernos del Frente Amplio lo intentaran en dos ocasiones en los dos primeros gobiernos de izquierda, y de que el hoy oficialismo lo buscara como oposición en las anteriores elecciones.
Antes de la propuesta "Vivir sin miedo" de 2019, hubo algunos intentos en los gobiernos del Frente Amplio por habilitarlos. Durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, su hermano Jorge Vázquez, como prosecretario de la Presidencia y titular de la Junta de Drogas, había hablado de cambiar la Constitución, a instancias de Julio Guarteche, que en ese momento dirigía la Brigada de Drogas.
La propuesta siguió en la conversación en el gobierno de José Mujica, y en ese marco el diputado Walter De León propuso interpretar la Constitución para decidir que si se vende droga no es hogar y se puede allanar, pero la idea fracaso. La academia resistió esa postura, y marcó que la Constitución debe ser modificada, no interpretada.